El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización inmediata de todo trámite relacionado con el Aviso de Adjudicación del RFP DEPR-UAF-23-005 del Departamento de Educación (DE) sobre la confección y administración de las pruebas CRECE en las escuelas de Puerto Rico.
La determinación se tomó luego de que la empresa Learn Aide, LLC, impugnara la validez de la otorgación del contrato a Pearson PEM, PRN Inc. para que realizara las pruebas estandarizadas.
Las pruebas CRECE, las cuales estaban programadas del lunes 13 al viernes 17 de mayo, se imparten a los estudiantes de tercer a undécimo grado en las escuelas públicas. Los resultados permiten a los maestros, administradores y responsables de políticas educativas evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, diseñar estrategias educativas y distribuir recursos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todo el sistema escolar.
En su resolución emitida el 8 de mayo de 2024, el tribunal instruyó al Departamento de Educación a "proceder de inmediato con la paralización de todo trámite pendiente ante dicho Departamento, en torno al Aviso de Adjudicación para el RFP Núm. DEPR-UAF-23-005".
Learn Aide, LLC, además de presentar su recurso de revisión el 7 de mayo, acompañó una "Solicitud en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79" del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, buscando la intervención del tribunal. El panel, presidido por el Juez Rodríguez Casillas e integrado por los jueces Salgado Schwarz y Ronda Del Toro, evaluó la solicitud urgente y los documentos presentados, y consideró apropiado detener la adjudicación de la subasta.
El Departamento de Educación tiene un plazo de diez días para comparecer ante el Tribunal de Apelaciones y responder a esta impugnación.
Reacciona el DE
En declaraciones escritas enviadas a InDiario, la agencia confirmó que la paralización de las pruebas CRECE fue ordenada por el Tribunal de Apelaciones luego de que Learn Aide no fuera seleccionada para administrarlas.
"En el proceso de adjudicación un Comité Evaluador consideró la capacidad de las compañías proponentes para administrar las pruebas, el costo de los servicios, entre otras. Es sumamente importante establecer, que la compañía que impugna presentó una propuesta por un costo de $34 millones más que la compañía seleccionada", indicó el DE a través de su oficina de prensa.
"Confiamos en que el honorable tribunal nos brinde la oportunidad de expresarnos y de esta manera, evitar que el proceso de la administración de las pruebas se vea afectado, ya que esto tendría un efecto adverso en la educación y en la obtención de fondos federales. En su momento podremos acreditar que la selección de la compañía a la que se le otorgó el contrato para la administración de las pruebas responde a los mejores intereses públicos", abundaron en las declaraciones escritas.
El equipo legal de la agencia junto a la Secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos, el Departamento de Justicia "trabajan en la búsqueda de soluciones, priorizando la educación de los niños y jóvenes del sistema público de enseñanza", finaliza el comunicado.