Departamento de Historia / Estudiante Doctoral, PhD, CEAPRC

Más que un determinante geográfico infranqueable, Puerto Rico disfruta de varias acepciones particulares en su distintivo latinoamericano. Este pedazo de isla, es a su vez, un lugar de atavismo provocado por innumerables cambios sociopolíticos reflejados en el siglo XX.

Como resultado de estos conflictos y otras ambigüedades gubernamentales, en la actualidad muchos puertorriqueños comparten ciertas “animosidades” e “inconformidad” con el servicio eléctrico bajo las riendas del consorcio LUMA ENERGY. Esto debe ser visto desde la praxis ideológica y los simultáneos apagones que desde la década de los 70’s, afectan a nuestra isla. Estos frecuentes apagones, se deben a la burocracia gubernamental y el escaso mantenimiento en los últimos años a su infraestructuras.

Si bien es cierto que la historia del servicio eléctrico en Puerto Rico, se remonta a finales del siglo XIX en el pueblo de Villalba, con el acaudalado Don José Ramón Figueroa y Rivera un prominente hacendado cafetalero, no será hasta el siglo XX cuando comience su difusión por toda la isla. Los inicios de las plantas hidroeléctricas se remontan al 1908, a través de la Ley de Riego Público en Puerto Rico, la cual concedía la creación del primer sistema de riego en la costa sur.

En este aspecto, se hace la salvedad que las primeras ocho décadas del siglo XX, serán vitales para el establecimiento de un robusto sistema eléctrico. En este panorama, encontramos al ingeniero Antonio S. Lucchetti Otero, quien será uno de los protagonistas más relevantes de nuestra historia eléctrica.

No obstante, a mediados de la década de los 30’s, cuando Puerto Rico sufría cambios importantes culturales, a través de la agencia “Puerto Rico Reconstruction Administration” por sus siglas (PRRA), recibió fondos para la construcción de obras públicas, entre ellas, las termoeléctricas.

El 30 de marzo de 1937, el gobierno de Puerto Rico compra el Ponce Electric Company que en ese tiempo fue la segunda utilidad privada más grande en la isla y fue la primera vez que la distribución urbana cayó bajo control del gobierno. En las décadas subsiguientes, continuó la ampliación del sistema eléctrico en la isla, hasta culminar en 1981, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica adquirió el último sistema eléctrico.

Consecuentemente, el 1 de junio de 2022, el consorcio LUMA Energy asumió las operaciones del sistema eléctrico de transmisión y distribución en Puerto Rico. Los apagones han aumentado, mientras el sistema creado en el siglo XX continúa “deplorable” “nefasto” “ominoso”, sufriendo las consecuencias de un sistema ideológico que ha puesto sus intereses por encima de la comunidad puertorriqueña.

El sistema de suministro eléctrico en la isla no es problema de LUMA, en teoría no, aunque sea la empresa que junto a Genera PR conducen y distribuyen sobre 33 mil millas de líneas, en niveles de voltajes que fluctúan entre 4,160 y 13,200 voltios.

El problema recae en el sistema obsoleto, que es viejo y requiere mantenimiento constante. Aunque llegue otra compañía, los problemas persistirán, mucho menos hablemos de la deuda con los bonistas, este es otro asunto que nos conviene discutir en otra publicación.

Columna del profesor Féilx Saúl Vargas para InDiario

🗣 OPINIÓN: ¿Es culpa de LUMA?

Los medios están completamente dedicados a las elecciones. La discusión en la radio, television y prensa escrita es sobre qué dijo quién sobre más cual, lo último del candidato o candidata X y sus planes para hacer un Puerto Rico perfecto. Todo es una banalidad. 

Durante la administración de Fortuño, se llegaron a acuerdos, expandidos por García Padilla, para que en 69% de las regiones judiciales los casos de Drogas y Armas pasaran a a la jurisdicción federal. Bajo Fortuño, la Policía fue puesta bajo un monitor federal y sujeto a las deciones de un Juez del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. 

El 30 de junio de 2016, el Congreso aprobó PROMESA. De ahí en adelante, la Constitución de Puerto Rico (a su vez un estatuto que fue aprobado por el Congreso) fue supendida en partes. El presupuesto de Puerto Rico es decidido por la Junta y así lo ha hecho desde el año fiscal 2017-2018. Durante ese periodo, solo un presupuesto ha sido desarrollado por el Gobierno de Puerto Rico (con fuertes insumos de la Junta). 

Robert Mujica ha dicho que el último presupuesto no fue desarrollado por el Gobierno de Puerto Rico y por ende no cuenta, de ser balanceado, para los cuatro presupuestos consecutivos necesarios para la salida de la Junta bajo la sección 209 de PROMESA. Más aún, el Presidente de la Junta, David Skeel, ha dicho que se necesitan los estados financieros auditados para estar seguro de que los presupuestos sean balanceados. 

Como estamos dos años atrasados en los mismos, lo más temprano que la Junta saldría sería el 2031. Además se requiere bajo la Sección 209 que la Junta certifique que Puerto Rico puede ir a los meracados a tomar prestado a intereses razonables. Para eso, sin embargo, se necesita que las casas acreditadoras califiquen la deuda de Puerto Rico y eso no ha ocurrido aún y no hay indicios de que ocurra pronto. 

Además, el Departamento de Energía es el que está dirigiendo la transformación del sistema eléctrico. Bajo Trump, en esencia el Departamento de Energía requirió que se privatizara la AEE. Como nadie la quiso comprar, se tuvo que pasar la administración a LUMA y GENERA. El Departamento de Educación está también bajo sindicatura, evidenciado por los tibios esfuerzos de la administración Pierluisi de decentrarlizar el mismo empujados por el Secretario de Educación federal, Miguel Cardona. 

Si Puerto Rico elige un nuevo gobierno, este tendrá que enfrentar la realidad de que el presupuesto, incluyendo en que se gasta el mismo, lo decide la Junta. La Junta decide qué leyes que sean aprobadas se pondrán en vigor. Técnicamente es la Juez Swain, pero ella ha concedido todos los esfuerzos de la Junta para ello, confimada por el Primer Circuito de Apelaciones. 

Así que si le quieren dar más dinero a la UPR o a los Municipios, tendrán que convencer a la Junta. Si quieren dar más derechos a los trabajadores o aumentar el salario mínimo, tendrán que convencer a la Junta. Estamos sujetos a las decisiones de un cuerpo nombrado por el Congreso que no responde a los electores. Por ende, las elecciones son una banalidad. 

🗣 OPINIÓN: ¿Es culpa de LUMA?

🗣 OPINIÓN: La banalidad de las elecciones