El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió hoy una orden que permite la entrada en vigor de la política impulsada por el presidente Donald J. Trump que prohíbe que personas transgénero con diagnóstico de disforia de género o que hayan realizado una transición médica sirvan abiertamente en las Fuerzas Armadas.

La decisión se produce en el contexto del caso United States v. Commander Emily Shilling, una piloto transgénero con 19 años de servicio militar y 60 misiones de combate, quien impugnó la política por considerarla discriminatoria. Shilling había obtenido una orden judicial preliminar de un tribunal federal en el estado de Washington el pasado 27 de marzo que bloqueó la implementación de la normativa mientras se evaluaba su legalidad.

No obstante, la solicitud de suspensión (application for stay) presentada por el gobierno federal —identificada en el expediente del Tribunal Supremo como el caso 24A1030— fue referida por la jueza Elena Kagan al pleno del tribunal, que la acogió hoy con efecto inmediato.

“La medida cautelar emitida por el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Washington queda suspendida hasta que se resuelva la apelación en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, de ser presentada, una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo mediante certiorari”, indica la orden.

En caso de que el Supremo se niegue a revisar el caso, la suspensión se levantaría automáticamente. De concederse el certiorari, la política permanecería vigente hasta la emisión del fallo final del Supremo.

La orden no fue acompañada por una opinión escrita, pero las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su oposición y hubiesen denegado la solicitud de suspensión.

La política en cuestión prohíbe el alistamiento o la continuación del servicio de personas transgénero diagnosticadas con disforia de género, salvo bajo condiciones muy limitadas y excepcionales. El gobierno sostiene que la medida responde a preocupaciones sobre la "preparación y eficacia militar", aunque sus críticos —incluyendo organizaciones de derechos civiles y veteranos trans— alegan que se trata de una discriminación injustificada.

De presentarse un certiorari sobre un potencial fallo pendiente en Apelación, la política permanecería vigente hasta la opinión final de la Corte federal

Tribunal Supremo de Estados Unidos permite la prohibición de Trump sobre militares transgénero

La jueza Darina Vázquez Rios del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó este lunes desestimar los cargos en el caso de violencia domestica que enfrentaba Alejandro E. Reyes Rosado hermano del cantante de música urbana Farruko. El fallo se da, luego de que el Ministerio Público expresara que no estaba preparado para comenzar con el desfile de evidencia debido a que la presunta víctima no se presentó por tercera vez luego de ser citada para ofrecer su declaración.

Por su parte, la Jueza le advirtió a Reyes Rosado que Fiscalía podría volver a someter el caso ya que estos cargos prescriben en cinco años. También ordenó removerle el grillete electrónico y le recordó que existe una orden de protección vigente, sin embargo el abogado de defensa, el Lcdo. Jonathan Gordon, solicitó posteriormente que se deje sin efecto por la incomparecencia de la víctima: “ El caso fue presentado el 4 de marzo de 2025 y para ese entonces el Tribunal hizo determinación de causa y dejó citado para Vista Preliminar a celebrarse el 18 de marzo, la alegada perjudicada no compareció, luego el asunto se citó para el 2 de abril, no compareció y se citó el asunto para hoy 5 de mayo, ultimo día de los términos y en ese sentido (al no presentarse) la defensa solicitó la desestimación del asunto” enfatizó el letrado.

Desestiman cargos de Violencia de género contra hermano de Farruko

Tras la falta de interés y de esfuerzos infructuosos para dar con la querellante, la Agente Sheila Serrano de la División de Violencia Doméstica de Bayamón y encargada de la investigación expresó en Exclusiva a INDIARIO sobre la cantidad de movimientos que hizo junto al Ministerio Público para dar con la alegada perjudicada. “Se hicieron muchos esfuerzos para dar con la víctima y en adición se le pidió auxilio al Tribunal para que nos asistiera, pero no compareció”.   Incluso señaló que acudieron en varias ocasiones a la dirección que proveyó la víctima como su residencia pero según la agente: “Nunca salió”.

Por su parte el Fiscal José David Díaz, adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, manifestó en entrevista a INDIARIO que en todo momento estuvieron preparados para ver el caso pero como la alegada perjudicada nunca llegó a ninguno de los señalamientos la defensa solicitó la desestimación a lo que la jueza le dio paso a su petición desestimando el caso.

Alejandro E. Reyes Rosado de 23 años, hermano del cantante Farruko enfrentaba un cargo de Violencia de género bajo el Artículo 3.2D por maltrato agravado ante la presencia de un menor. Según la investigación inicial Alejandro Reyes empleó maltrato psicológico y físico presuntamente con un puño en el rostro a la victima en presencia de un menor. 

El fallo se da luego de que el Ministerio Público expresara que no estaba preparado debido a que la presunta víctima no se presentó por tercera vez.

Desestiman cargos de violencia doméstica contra hermano del cantante Farruko 

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles, quien dirigió la investigación en el caso contra Mayra Enid Nevárez Torres, reaccionó a la decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó la sentencia de 15 años de restricción domiciliaria impuesta a la convicta por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del artista Arcángel.

 en primicia durante el día de ayer, el foro apelativo revocó la determinación judicial del Tribunal de Primera Instancia que ordenó que la sentencia de 15 años que pesa contra Mayra Enid Nevárez, fuera cumplida en restricción domiciliaria. El tribunal intermedio determinó que deberá cumplirla en prisión, no en su residencia como había establecido la Juez Wanda Cruz Ayala del Centro Judicial de San Juan por haber provocado la muerte de Santos Delanda.

“Tiene que cumplir la pena que impone nuestro legislador, no es nada personal, no es lo que quiere el fiscal es que tiene que cumplir esa pena”, declaró Santiago Quiles en entrevista con este medio. Destacó además que la determinación del Apelativo es importante no solo para este caso, sino para futuros procesos judiciales relacionados a conductores en estado de embriaguez al volante.

Asimismo, señaló que el caso ha sido uno particular y complejo para la madre de Justin, Carmen Santos, quien enfrentó el proceso paso a paso en busca de justicia para su hijo.


Según explicó el fiscal, ahora se abre un periodo donde la defensa de Nevárez Torres tiene el derecho de solicitar una reconsideración al Tribunal de Apelaciones (15 días a partir de la notificación) o acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

“No es que ella ahora la va a ir a recoger a su casa y va para la cárcel, aclaró Santiago en la entrevista con este medio, explicando que hay que esperar que se agoten esos recursos. Si la decisión del Apelativo se mantiene firme, se emitirá un mandato para que el caso regrese al Tribunal de Primera Instancia y la jueza Cruz Ayala “la resentencia de acuerdo a lo que ha determinado el Tribunal de Apelaciones”.

VIDEO: Fiscal caso Justin Santos “ No es nada personal…” Mayra Nevárez debe ir a prisión 

En su determinación, el panel de tres jueces advirtió que “no se pueden invisibilizar a las víctimas”, refiriéndose a que la pena impuesta debe reflejar la gravedad del delito y así “muchas veces las víctimas recobran el aliento al sentir que el convicto recibirá el justo castigo”, dando paso a que no se puede centrar solo en rehabilitar al  culpable sino que hay que entender y ser empático con el sufrimiento “de quienes continuarán padeciendo cada día la perdida de un hijo”. 

En el presente caso, la víctima directa no podrá recobrar el aliento puesto que perdió la vida, no obstante permanecen otras víctimas incluyendo la madre del difunto y otros familiares.

De hecho, en entrevista con este medio, Josean García, 

padre de dos hijas y un nieto por nacer que murieron a manos de otro conductor ebrio

 a finales del pasado expresó que “[e]so se llama empatía”,al reaccionar a la decisión del Tribunal de 

Apelaciones que revocó la sentencia impuesta a Mayra Enid Nevárez Torres 

por la muerte del joven Justin Rafael Santos Delanda. 

En un documento de 22 páginas, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones compuesto por Gloria L. Lebrón Nieves, Nery E. Adames Soto y Beatriz Martínez indicó:“Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de certiorari solicitado, y ordenamos modificar la sentencia recurrida a los únicos efectos de disponer que la pena a cumplirse por la señora Nevárez Torres sea la de reclusión", indica la determinación.

Fue el pasado 30 de enero cuando la Juez Wanda Cruz Ayala del Tribunal de San Juan dispuso que Nevárez Torres debía cumplir una pena de 15 años de restricción domiciliaria por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal la madrugada del 21 de noviembre de 2021, mientras conducía en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y bajo los efectos del alcohol; prueba que arrojó un nivel de alcohol de .29%.

Cuando el Tribunal de Primera Instancia de San Juan impuso los 15 años de restricción domiciliaria con grillete electrónico se basó en argumentos de rehabilitación y unas ausencias de prohibición en la ley para considerar otras penas. 

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones señaló que dicha sustitución fue un error en derecho cuando se concluyó que el Artículo 7.06 de la Ley de Tránsito lleva una pena obligatoria de cárcel.

Tras fallo del Apelativo, fiscal Edmanuel Santiago Quiles explica a InDiario decisión y próximos posibles pasos


[VIDEO] Fiscal caso Justin Santos: "No es nada personal", Nevárez debe ir a prisión

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizará la próxima semana el desembolso de $12 millones para el pago parcial de horas extra adeudadas a los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), según informó el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Durante años, los agentes del NPPR enfrentan retrasos significativos en el pago de horas extras trabajadas, con deudas acumuladas desde 2004 . Esta situación ha generado malestar entre los uniformados, quienes, en ocasiones, consideraron medidas como el ausentismo para presionar por sus derechos, estrategia mejor conocida como "blue flu".

Estas demoras se atribuyen a errores en la planificación presupuestaria y a la necesidad de aprobación de fondos por parte de la Junta de Supervisión Fiscal . En respuesta, el gobierno ha realizado desembolsos parciales en años recientes para saldar parte de estas deudas  . 

Sin embargo, el proceso ha sido gradual y aún persisten pagos pendientes, lo que ha llevado a las autoridades a continuar negociaciones con la Junta para asegurar los fondos necesarios y cumplir con las obligaciones hacia los agentes  .

“Reitero mi firme compromiso de asegurar que se les pague lo que por derecho les corresponde a nuestros policías. Seguimos trabajando de forma continua para honrar su esfuerzo y dedicación, conscientes de su rol vital en la seguridad de Puerto Rico. El pago de estas horas extraordinarias es una de mis prioridades como secretario”, expresó el titular del DSP, general Arturo Garffer, en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico Joseph González Falcón, también reaccionó al anuncio y afirmó que se trata de una acción concreta para compensar a los agentes por su trabajo. 

“El trabajo de nuestros policías no se detiene, y es justo que su sacrificio sea reconocido con acciones concretas como este esfuerzo para cumplir con su compensación. Agradecemos la apertura de la Junta para atender este asunto”, puntualizó el exdirector del FBI en San Juan.

El secretario del DSP y el comisionado de la Policía, Joseph González logran los fondo tras reunión con la Junta de Supervisión Fiscal

JSF autorizará $12 millones para pago parcial de horas extra a policías

“Eso se llama empatía”, expresó con contundencia Josean García, padre de dos hijas y un nieto por nacer que murieron a manos de un conductor ebrio a finales del pasado año, al reaccionar a la decisión del Tribunal de 

Apelaciones que revocó la sentencia de restricción domiciliaria impuesta a Mayra Enid Nevárez Torres 

por la muerte del joven Justin Rafael Santos Delanda.

El Tribunal determinó que Nevárez Torres deberá cumplir una pena de reclusión de 15 años en prisión, tras causar la muerte del hermano del exponente urbano Arcángel en 2021 mientras conducía bajo los efectos del alcohol, con .29% de concentración en su sangre.

Josean García, quien el 24 de noviembre de 2024 perdió a sus hijas Eunice Raquel García y Esther Rachel, así como a su nieto no nacido, tras un accidente fatal en la PR-2 causado por un conductor ebrio que manejaba en contra del tránsito, se mostró agradecido por la determinación judicial.

“Sinceramente, yo no me alegro del mal de los demás, pero aquí la gente tiene que entender que si no siguen las reglas van a tener consecuencias. Claro que sí va presa, pero eso no devuelve al muchacho. En el caso mío, el don va a ir preso, pero no devuelve a mis hijas... pero hay unas consecuencias”, dijo García en entrevista con 

Con voz serena pero firme, García subrayó el mensaje de prevención que transmite la decisión del Panel Especial del Tribunal de Apelaciones. 

“Ya se empieza a establecer un precedente... Ese es el precedente que tiene que existir para que la gente entienda que es tan simple como no tirarte a guiar si estás borracho. Es una simple decisión que va a salvar vidas”.

 de restricción domiciliaria fue ordenada por un panel compuesto por la jueza presidenta Lebrón Nieves, el juez Adames Soto y la jueza Martínez Cordero, quienes determinaron que la Ley de Tránsito obliga al tribunal a imponer reclusión cuando se causa la muerte a otra persona mientras se conduce borracho. 

Según el tribunal, la decisión original de permitir restricción domiciliaria ignoró ese mandato legal y desatendió la justicia hacia las víctimas.

García reconoció esa sensibilidad del tribunal: 

“Yo estoy seguro que con esta decisión de estos tres jueces... tuvieron empatía con el dolor. No se va a permitir este tipo de conducta. Ya la gente sabe y va a entender que tomar esa decisión tan errada no va a salirte con la tuya", subrayó.

“A mis hijas nadie me las devuelve. Ellos van a cumplir, pero van a salir. Pero el dolor sigue... y va a durar hasta el último día de mi vida”, manifestó el padre, cuya hija Esther Rachel también era madre de una niña de tres años.

 “Estamos agradecidos de esa decisión, y yo estoy agradecido del Tribunal Apelativo. Felicito a esos jueces que bajaron esa revocación y tuvieron empatía con nosotros, los que estamos sufriendo la pérdida de nuestros hijos por personas como esta”, apuntaló García tras leerle un extracto de la decisión del foro apelativo.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo en su sentencia que “muchas veces las víctimas recobran el aliento y las fuerzas para proseguir su vida al sentir que el convicto recibirá el justo castigo”. Para Josian García, esa afirmación resonó profundamente: 

“La justicia llegó donde tenía que llegar... en el tiempo del Señor. Porque todas las cosas suceden a su debido tiempo”, concluyó, no sin antes volver a felicitar a los jueces.

“Lo que hay que tener es sentido común. Y esos jueces, gracias a Dios, lo tuvieron".

Josean García destacó el "sentido común" detrás de la decisión del Tribunal que envía a prisión por 15 años por  la muerte de Justin Santos

Eso se llama empatía”: padre que perdió hijas por conductor ebrio agradece revocación de sentencia contra Mayra Nevárez

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico envió 15 años a la cárcel a Mayra Enid Nevárez Torres  por la muerte de Justin Rafael Santos Delanda, el hermano del exponente urbano Arcángel.

 “Ordenamos modificar la Sentencia recurrida, a los únicos efectos de disponer que la pena a cumplirse por la señora Nevárez Torres sea la de reclusión”,

 reza el escrito de 22 páginas que revocó la sentencia

 que permitía que extinguiera el castigo desde su hogar.

El joven falleció tras ser impactado por la conductora en estado de embriaguez en el puente Teodoro Moscoso en noviembre de 2021.

La decisión del Panel Especial, compuesto por la jueza presidenta Lebrón Nieves, el juez Adames Soto (ponente) y la jueza Martínez Cordero, anuló la sentencia emitida por la jueza Wanda Cruz Ayala, quien había autorizado que Nevárez Torres cumpliera su pena bajo restricción domiciliaria, en lugar de prisión.

De acuerdo con los hechos ocurridos a las 2:32 de la madrugada del 21 de noviembre de 2021, Nevárez Torres conducía en contra del tránsito bajo los efectos del alcohol, con un nivel de .29%. Impactó el vehículo en el que viajaba Santos Delanda, provocándole la muerte, y causó lesiones graves a Keven Xilef Monserrate Gandía.

En enero de 2025, el Tribunal de Primera Instancia la halló culpable de seis delitos bajo la Ley de Tránsito, incluyendo homicidio negligente y causar la muerte al conducir en estado de embriaguez. Se le impuso una condena total de quince (15) años de cárcel y múltiples multas.

La jueza Wanda Cruz Ayala justificó su decisión de imponer restricción domiciliaria bajo el Artículo 50 del Código Penal, alegando discreción judicial y la necesidad de fomentar la rehabilitación moral y social de la convicta. 

Afirmó que Nevárez padecía de un trastorno de consumo de alcohol, catalogado como una enfermedad crónica del cerebro.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones enfatizó que dicha pena alterna no está permitida en casos como este, donde la Ley de Tránsito establece de forma "imperativa y mandatoria" una pena de reclusión de 15 años para quien cause la muerte de otro al conducir embriagado.

“La falta de mención de dicha pena alternativa en el Art. 7.06 de la Ley de Tránsito no cabe reconocerla como una laguna legislativa, sino más bien como una omisión intencional”, sostuvo el Tribunal.

El Panel también censuró severamente la sentencia de la jueza Cruz Ayala por no haber mencionado en su resolución a las víctimas del caso: 

“Quien dé lectura a la referida Resolución, sin conocer las particularidades fácticas que dieron lugar al inicio de este procedimiento criminal, podría creer que la recurrida cometió unos delitos sin víctimas”, indicaron los jueces apelativos.

“Las actuaciones criminales de la recurrida provocaron la pérdida de una vida y gravísimas lesiones a otra persona; su conducta causó una terrible tragedia”, subraya la determinación.

En ese sentido, recordó que el propósito de las penas no es exclusivamente rehabilitador, sino también preventivo y retributivo. 

“Muchas veces las víctimas recobran el aliento y las fuerzas para proseguir sus vidas al sentir que el convicto recibirá el justo castigo”, enfatiza la decisión.

Esta sentencia representa un giro determinante en un caso que ha acaparado la atención de Puerto Rico y reaviva el debate sobre justicia, víctimas y penas en casos de muertes causadas por conductores en estado de embriaguez.

Tribunal de Apelaciones revoca sentencia de restricción domiciliaria contra Mayra Nevárez hermano de Arcángel, deberá cumplir 15 años de cárcel 

DOCUMENTO: A la cárcel Mayra Nevárez, mujer que mató a Justin Santos

Una medida legislativa radicada por el representante del Distrito 3 de San Juan, José “Cheito” Hernández Concepción, propone enmiendas a la Ley de Tránsito de Puerto Rico que, entre otros aspectos, aumentaría la multa de $500 a $5,000 contra todo conductor que realice proezas peligrosas en las carreteras, como los llamados “wheelies”, y otras maniobras de alto riesgo, incluyendo participar o promover carreras ilegales.

 las carreras , así como otras hazañas conocidas en el argot callejero como los “stoppies”, cuando se frena bruscamente sobre la rueda delantera en las motora— y los “burnouts”, en los que se acelera con el pedal sobre el freno mientras para generar fricción con las gomas sobre el asfalto.

Los conductores que incurran en estas infracciones incurrirían en un delito menos grave, enfrentando la suspensión de su licencia de conducir por un término de 18 meses y la confiscación del vehículo.

“Aprobamos en la Cámara este proyecto ( el P. de la C. 375) que busca dar tranquilidad en las carreteras”, expresó el representante, subrayando que la intención es erradicar estas maniobras temerarias mediante el aumento en las multas, protegiendo así la seguridad vial de todos los ciudadanos.

Entre otros aspectos, la medida también define con mayor precisión los vehículos todo terreno, señalando que pueden tener entre dos y cinco ruedas y están diseñados para ser utilizados fuera de las carreteras pavimentadas. Con excepción de los vehículos todo terreno usados por el Gobierno Central y los municipios, el proyecto regula su uso en el ámbito privado. “El uso de los vehículos todo terreno sólo estará permitido en predios o instalaciones públicas destinadas para ese fin, o en propiedades privadas con la autorización de sus dueños. Estos serán responsables de implementar medidas de seguridad para evitar accidentes”, establece el documento legislativo.

El representante también ha centrado esfuerzos en una medida que presentó en el cuatrienio pasado y que ahora somete por segunda vez, con el objetivo de convertir a Río Piedras en una zona libre del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

“Lo vemos como un proyecto piloto que, si funciona, podría extenderse a otros sectores de Puerto Rico”, señaló Hernández Concepción.

La propuesta, actualmente bajo evaluación del Departamento de Hacienda, se suma a otra medida convertida en ley que ofrece incentivos de hasta $15,000 para la compra de enseres a comerciantes que se establecen en Río Piedras.

“A veces, lo más costoso es empezar. Este incentivo se combina con otros ofrecidos por el Municipio de San Juan. En los últimos tres años, entre 35 y 40 negocios se han sumado a Río Piedras gracias a estos beneficios”, añadió el legislador.

Rep. Cheíto Hernández Concepción impulsa medida que establece cuantiosas penalidades por maniobras peligrosas en carretera para mejorar seguridad vial

Altas multas por hacer "wheelies": aprobado en la Cámara

A partir del 16 de junio de 2025, todos los recursos apelativos presentados ante el Tribunal de Apelaciones deberán tramitarse electrónicamente mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal Electrónico, anunció el Poder Judicial de Puerto Rico.

La obligatoriedad fue establecida por la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, mediante la Orden Administrativa OAJP #2025-131, y se aplica a todo tipo de recurso, incluyendo apelaciones, certiorari, revisiones judiciales y asuntos extraordinarios como mandamus o habeas corpus. El deber de tramitación electrónica será exigible aunque la decisión apelada haya sido tramitada inicialmente en papel en el Tribunal de Primera Instancia o ante una agencia administrativa.

Como parte de este esfuerzo, se aprobó una enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones que facilita el uso de la tecnología en los procedimientos judiciales, promoviendo una atención más eficiente a las controversias judiciales y procesos administrativos.

Los casos presentados antes del 16 de junio de 2025 continuarán su trámite en formato físico hasta su conclusión. En cambio, todos los recursos nuevos deberán gestionarse exclusivamente de manera electrónica a través del SUMAC.

Para apoyar la transición, el Poder Judicial ofrecerá webinars gratuitos dirigidos a abogados y abogadas, que buscan familiarizarles con el uso del SUMAC para el manejo de recursos apelativos. Las fechas y horarios de los seminarios virtuales son:

Miércoles, 28 de mayo de 2025: de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Viernes, 30 de mayo de 2025: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los enlaces de registro serán provistos próximamente.

Por el momento, los recursos apelativos que deban ser tramitados ante el Tribunal Supremo continuarán presentándose en formato papel, ya que el SUMAC para dicho foro aún está en desarrollo. La plataforma actualmente disponible es exclusiva para el Tribunal de Apelaciones, en espera de futuras expansiones diseñadas para adaptarse a las particularidades de cada tribunal.

El Poder Judicial agradeció a la comunidad jurídica su colaboración para lograr un sistema de justicia "más ágil, accesible y eficiente".

La medida permitirá la gestión digital completa de los casos en este foro y Poder Judicial dará charlas virtuales gratuitas a los abogados

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico comenzará tramitación electrónica obligatoria

Aunque la imagen tradicional del terrorista ha sido moldeada por los medios y el cine, la realidad es mucho más compleja y, a la vez, alarmante. 

Así lo dejó saber la Assistant Special Agent in Charge del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz, quien lideró por años el Joint Terrorism Task Force (JTTF) en la isla. 

Entrevista a Claudia Dubravetz del FBI en San Juan

Según Dubravetz, no existe un “perfil típico” de una persona con intención de cometer un acto terrorista. Pero sí hay señales que pueden ser detectadas si la comunidad está atenta y dispuesta a compartirlas.

“Ese es el problema que tenemos. No hay un perfil para un terrorista. Por eso mucho de lo que nosotros compartimos es estar al día con los indicadores", indicó la experta.

La funcionaria explicó que el FBI ha desarrollado una guía de mobilization indicators para ayudar a detectar si una persona pudiera estar avanzando hacia una ideología violenta con capacidad de ejecución.

“Usamos ejemplos claros. Si usted conocía a alguien en la escuela y de repente lo ve y nota que su comportamiento ha cambiado, que ya no comparte con los demás o que actúa de forma extraña, eso es una señal. Quizás esa persona dijo algo que le dejó una preocupación. No lo descarte, compártalo”, exhortó Dubravetz.

Recordó que en múltiples casos de tiradores activos en Estados Unidos, familiares y amistades habían notado cambios importantes en la personalidad del agresor, pero nunca alertaron a las autoridades.

“Muchas veces decían ‘sí, esa persona tenía este problema’ o ‘habíamos visto un cambio’, pero nadie decía nada. Y ahí es donde se pierde la oportunidad de prevenir”, lamentó.

Subtítulo: La delgada línea entre ideología y crimen

La funcionaria también aclaró que tener una ideología radical no convierte automáticamente a una persona en terrorista. 

El FBI protege el derecho a la libre expresión garantizado por la Constitución, pero está alerta a cuando esa ideología se convierte en intención criminal.

“Cuando alguien empieza a planificar un acto o a discutir formas de llevar su ideología a un nivel violento, ahí es donde empieza nuestra evaluación”, detalló. “También evaluamos si tiene la capacidad de hacerlo".

Dubravetz aseguró que el FBI no abre investigaciones solo por lo que alguien diga o piense, sino por una combinación de factores que revelen intención y posibilidad real de causar daño.

Subtítulo: Las redes sociales no son invisibles para el FBI

Aunque el FBI no monitorea de forma activa todas las publicaciones que ocurren en internet, sí cuenta con un equipo de inteligencia que vigila tendencias, amenazas y expresiones preocupantes en redes sociales. Pero la participación ciudadana sigue siendo clave.

“No estamos metidos en las redes monitoreando todo. Somos un equipo pequeño aquí en la oficina. Por eso necesitamos de la comunidad”, explicó. 

“Si alguien ve algo sospechoso o preocupante, les decimos: llame a la oficina o haga una querella en fbi.gov/tips", añadió la agente.

Dubravetz insistió en que la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia:

“Se escucha mucho del ‘see something, say something’. Así ve algo, diga algo. Nosotros necesitamos de la comunidad para poder identificar esas comunicaciones que puedan ser preocupantes y evitar cualquier cosa que pueda pasar aquí en Puerto Rico", concluyó.

"No estamos metidos en las redes monitoreando todo… necesitamos de la comunidad para identificar esas comunicaciones preocupantes”

FBI: No hay un perfil de terrorista, pero sí señales que pueden salvar vidas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) conmemora el 45 aniversario del Joint Terrorism Task Force (JTTF), en donde resaltan su compromiso con la prevención de amenazas terroristas en la isla y la importancia de la colaboración con la comunidad, el sector privado y las agencias del orden público.

, la Assistant Special Agent in Charge del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz, compartió detalles sobre la evolución del programa y los desafíos actuales de seguridad.

Entrevista a agente especial Claudia Dubravetz FBI San Juan

“El propósito del programa de contraterrorismo es prevenir. Siempre le dije a mi personal: si algo pasa mientras nosotros tratamos de prevenir estos ataques, ya fallamos”, expresó Dubravetz al recordar su tiempo al frente del grupo en Puerto Rico.

Dubravetz subrayó que una de sus primeras acciones como supervisora fue cambiar la narrativa de que el terrorismo es un fenómeno exclusivo de grandes ciudades o escenarios internacionales.

“Cuando uno habla del tema de terrorismo, piensa en las Torres Gemelas o en Columbine. Pero mi enfoque fue identificar qué nos está afectando aquí en Puerto Rico”, indicó. 

“Si no lo hacemos, la gente va a seguir diciendo: ‘eso no pasa aquí", subrayó la experta, quien cuenta una amplia trayectoria al servicio de la ciudadanía en temas de narcogangas, crímenes violentos y seguridad nacional.

La agente, quien está de regreso por tercera vez a Puerto Rico, explicó que se trabaja en conjunto con el equipo de inteligencia para identificar patrones emergentes y vulnerabilidades locales que pudieran ser explotadas por potenciales agresores. 

“No se trata solo de investigación, sino de inteligencia. Y parte de eso incluye educar a la comunidad sobre los indicadores que podrían alertar sobre una amenaza”.

¿Cómo definen el término terrorista?, le preguntamos a Dubravetz, quien explicó que este comienza con una ideología, pero que solo se convierte en una amenaza cuando existe intención criminal detrás de un acto.

“Cada persona tiene derecho a sus ideas. Nosotros tenemos que proteger la Primera Enmienda. Pero cuando una persona empieza a implementar actos criminales para llevar esa ideología al extremo, ahí es donde empieza nuestra evaluación”, detalló.

Dubravetz añadió que el FBI analiza la capacidad e intención de ejecutar un acto violento antes de iniciar una investigación formal. Subrayó además que, contrario a lo que la ciudadanía pudiera pensar, no todo comentario o postura ideológica se traduce en una amenaza real.

Uno de los mayores focos del FBI hoy día son los llamados lone wolves y tiradores activos, por su capacidad de actuar sin previo aviso. 

“Suelen ser personas solitarias, sin vínculos sociales, lo cual dificulta que alguien cercano identifique señales de alerta. Por eso, necesitamos del público para conectar piezas del rompecabezas”, afirmó Dubravetz.

Participación ciudadana, la clave de la prevención

La subdirectora del FBI en San Juan destacó la importancia de que la ciudadanía se sienta libre de expresar sus agravios y de participar en eventos públicos sin miedo, pero también educada para identificar señales preocupantes.

“Si usted nota que alguien ha cambiado drásticamente su comportamiento o dice algo que le preocupe, no lo descarte. Puede ser una pieza clave para evitar un acto violento”, recalcó.

El FBI recibe confidencias a través del portal 

, llamadas telefónicas o visitas presenciales a su oficina en San Juan. 

“Cada querella genera un récord. Puede que individualmente no sea suficiente, pero si varias personas reportan lo mismo, eso nos permite actuar”, concluyó Dubravetz.

La agencia federal celebra 45 años del JTTF, destacando la colaboración comunitaria para detectar amenazas emergentes en la isla

“Si ve algo, diga algo”: FBI insta a prevenir el terrorismo en Puerto Rico

Adriana Vázquez Pérez, conocida públicamente como Audri Nix, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, solicitando apoyo económico 

La campaña, titulada “Help Adriana heal Lucifer's injuries” y creada hace unos cuatro días, alegadamente, tiene el propósito de costear el supuesto tratamiento veterinario para el felino. Según alega Vázquez Pérez en la página de GoFundMe, promocionada en sus redes sociales, donde relata su alegada labor supuestamente rescatando animales en Puerto Rico durante el último año. Según narra en el escrito con errores, alegadamente encontró al gato con un rostro visiblemente deformado y varias heridas: 

“Hi my name is Adriana I have been doing TNR and rescuing for the past year... I stumble upon Lucifer a cat that caught my eye because of his visible deformed face... Lucifer has various injuries”

El nombre "Lucifer", que Vázquez Pérez utiliza para el gato en su campaña, es ampliamente reconocido en la cultura occidental por su 

directa asociación con la figura del Diablo o Satanás

. Dentro de la tradición judeocristiana, basado en ciertas interpretaciones bíblicas, "Lucifer" se identifica con el ángel de más alto rango que, por orgullo, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Debido a esto, el nombre se convirtió en una designación común para el adversario principal de Dios, encarnando la rebelión y el mal en el imaginario popular.

Esta iniciativa de recaudación de fondos por parte de Vázquez Pérez surge en momentos en que la artista también figura en procedimientos judiciales recientes por incidentes separados. La pasada semana, específicamente la madrugada del viernes 18 de abril, Vázquez Pérez, de 38 años, fue arrestada en Isla Verde. Tras un incidente donde presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol (arrojó 0.18% BAC), chocó una patrulla policial y 

, la jueza Rebecca Vera del Tribunal de Carolina encontró causa para arresto en su contra por cinco cargos: daño agravado, empleo de violencia contra la autoridad pública, obstrucción a la justicia, conducción negligente y manejar en estado de embriaguez. Se le impuso una fianza de $70,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 30 de abril.

Adicionalmente, Vázquez Pérez enfrenta un proceso judicial separado derivado de un incidente ocurrido el 2 de enero durante actos relacionados a la toma de posesión de la gobernadora Jenniffer González. Por esos hechos, en los que 

interrumpió una misa y profirió amenazas

, la jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan encontró causa para juicio contra ella por cargos menos graves de presunta amenaza, alteración a la paz e impedir el derecho de reunión. Reportes de prensa de enero también mencionaron que la artista contaba con un expediente criminal previo por actos de violencia doméstica. Para detalles, acceda 

Lanza GoFundMe alegando ser para gato Lucifer, mientras enfrenta cargos por DUI, agresión y fianza de $70k. 

Adriana "Audri Nix" pide fondos "online" para "Lucifer"

La artista Adriana Vázquez Pérez, de 38 años y conocida por su nombre artístico Audri Nix, enfrenta ahora cinco cargos criminales luego de ser arrestada la madrugada del pasado viernes, 18 de abril, en Isla Verde. Se le imputa conducir bajo los efectos del alcohol, impactar una patrulla de la Policía y agredir a un oficial durante la intervención.

Según el informe del Negociado de la Policía de Puerto Rico, agentes del precinto de Loíza investigaron los hechos ocurridos en la urbanización Palma Norte. Presuntamente, Vázquez Pérez manejaba un Hyundai Tucson de manera negligente y, al retroceder sin precaución, chocó el lateral derecho de una patrulla policial que se encontraba estacionada. El sargento Víctor González, quien conducía la unidad oficial, resultó ileso. Para ver el reportaje en primicia de los hechos acceda 

Durante la intervención posterior al choque, los agentes percibieron un fuerte olor a alcohol emanando de la conductora. Audri Nix fue trasladada a la División de Patrullas y Carreteras de Carolina, donde la prueba de aliento arrojó un resultado de 0.18% de alcohol en su organismo, cifra que supera más del doble el límite legal permitido en Puerto Rico (0.08%). Además, durante el procesamiento, se alega que la artista agredió físicamente al agente Jean Carlos Agosto, quien está adscrito a la Unidad Turística de Isla Verde.

El caso fue consultado con los fiscales Ana Cruz y Marcos Algarín. Estos determinaron radicar cinco cargos formales contra Vázquez Pérez: daño agravado (Art. 199 CP), empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Art. 245 CP), obstrucción a la justicia (Art. 246 CP), conducir un vehículo de forma negligente (Art. 5.07 Ley 22) y conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes (Art. 7.02 Ley 22).

Hallan causa para arresto contra "Audri Nix", le imponen $70,000 de fianza por incidente bajo aparente estado de embriaguez

La prueba fue presentada ante la jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Tras evaluar la evidencia, la magistrada encontró causa probable para arresto en todos los delitos imputados y fijó una fianza total de $70,000. Vázquez Pérez prestó la fianza impuesta esa misma noche, quedando en libertad provisional hasta la celebración de la vista preliminar por este caso, programada para el próximo 30 de abril.

Este incidente del 18 de abril se suma a otro evento público protagonizado por la cantante el pasado 2 de enero, cuando interrumpió una misa en la parroquia Santa Teresita en Santurce, durante los actos previos a la toma de posesión de la gobernadora Jenniffer González. En esa ocasión, según vídeos compartidos por la prensa, se le aprecia expresando "Muerte al PNP, muerte Jenniffer. Y no es una amenaza, es una promesa". Posteriormente, Nix defendió esas acciones en redes sociales calificándolas de crítica política "retórica" y no literal.

Es relevante señalar que, por esos hechos del 2 de enero, Vázquez Pérez ya enfrentaba un proceso judicial separado. Según reportó este medio el pasado 16 de enero, la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio contra ella por los delitos menos graves de presunta amenaza, alteración a la paz e impedir el derecho de reunión. El juicio por ese caso había sido pautado para el 11 de febrero pasado. El reporte de InDiario en enero también mencionó que la artista contaba con un expediente criminal previo por actos de violencia doméstica.

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