Mediante una determinación que plantea serias dudas sobre los procesos investigativos y las decisiones de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, un panel del Tribunal de Apelaciones concluyó que hubo una total falta de pruebas y de jurisdicción en la pesquisa realizada por la agencia contra el exalcalde de San Juan, Jorge Santini.

En su fallo del pasado martes, el tribunal falló a favor del exalcalde, revocando una resolución sumaria emitida el 12 de noviembre de 2024, en la que la Oficina de Ética Gubernamental recomendaba la imposición de una multa administrativa por violación de varios incisos del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En resumen, la Oficina de Ética Gubernamental alegó que Santini violó la ley al causar la pérdida de fondos públicos y poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental, debido a que fue activado por la Guardia Nacional durante el huracán María mientras desempeñaba funciones como contratista del Senado de Puerto Rico. El contrato de servicios profesionales de Santini le requería realizar investigaciones legislativas y acompañar al presidente del Senado a sesiones, reuniones y vistas públicas.

“De la prueba presentada por la Oficina de Ética Gubernamental, hay ausencia total de prueba de cuáles fueron los deberes que el Recurrente omitió cumplir. No hay una pieza de evidencia que demuestre que el Lcdo. Santini Padilla se ausentaba sin autorización de su activación; que hubiese abandonado su labor como auditor de guerra; que no siguiera   órdenes o que no cumpliera las mismas. Queda esa interrogante en el procesamiento de este caso bajo el inciso relacionado, máxime, cuando se interpreta el mismo bajo los criterios de la existencia o no de los elementos de delito, ya que este proceso es uno cuasi-penal”, determinó el panel del Tribunal.

El fallo del tribunal apelativo, que representa una contundente victoria para Santini luego de una extensa lucha legal que se ha prolongado durante los últimos cuatro años, establece que la Oficina de Ética Gubernamental se dejó guiar por suposiciones y alegaciones en recortes periodísticos, sin considerar la existencia de pruebas ni las leyes y reglamentos que protegían el servicio de Santini como oficial de la Guardia Nacional. La agencia le había impuesto a Santini una multa administrativa de $4,000 y, como medida adicional, ordenó la restitución de $832.74. 

La Guardia Nacional determinó en su momento suspender a Santini del servicio militar como consecuencia de la pesquisa de la Oficina de Ética Gubernamental, que llegó al punto de intentar utilizar como prueba recortes periodísticos que aparentemente se basaban en suposiciones sobre las actuaciones del exalcalde.

“El inciso (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, supra, establece que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental…Sin embargo, al examinar la prueba ofrecida por la Recurrida, observamos que toda alegación relacionada se fundamenta en recortes periodísticos con poco o ningún valor probatorio. Por lo tanto, existe ausencia total de prueba sobre esta infracción”, lee el fallo.

La “ausencia total” de pruebas pareció ser el parámetro que definió la investigación de la Oficina de Ética Gubernamental en relación con todos los señalamientos. “Hay ausencia total de prueba también sobre cuáles fueron los fondos públicos que se perdieron mediante la omisión de los deberes inexistentes en la prueba”, lee el fallo. 

La determinación también podría considerarse contundente al tomar en cuenta los cuestionamientos sobre la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental frente a las leyes que rigen a los soldados y oficiales de la Guardia Nacional. El panel– compuesto por la presidenta del Tribunal de Apelaciones, la jueza Ivelisse M. Domínguez Irizarry, el juez Carlos G. Salgado Schwarz y la jueza Karilyn Díaz Rivera– instó a un análisis más profundo sobre la jurisdicción de la agencia ante el caso de Santini.

“Esta situación constituye una vaguedad en las definiciones de la Ley de Ética Gubernamental cuando estamos hablando de contratistas independientes que les vaya a cobijar las bondades y obligaciones de la referida Ley. Requiere que nuestras ramas hermanas de Gobierno establezcan claramente el alcance de la Oficina de Ética Gubernamental sobre ciudadanos que no tengan un nombramiento de empleado bajo la nómina del Gobierno de Puerto Rico”, se indica. 

También se encontró que la activación de Santini “no lo convierte automáticamente en servidor público al amparo de la Ley de Ética Gubernamental”, como la agencia aparentemente intentó establecer. 

“Sus funciones como Auditor de Guerra durante este periodo de emergencia en nada se equipara a ser un contratista independiente que establezca política pública alguna. Por lo que entendemos que el recurrente, Lcdo. Jorge Santini Padilla, queda fuera de la jurisdicción sustantiva y procesal de la Oficina de Ética Gubernamental, por las funciones por la que fuera procesado en este caso”, lee la sentencia. 

Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico arroja sombra sobre actuaciones de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico

Tribunal revoca a Ética Gubernamental por carecer de prueba y jurisdicción en caso de Santini

Una propuesta del representante penepé del Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, que impondría penas de reclusión en todos los casos de delitos graves y menos graves cometidos por conductores bajo los efectos del alcohol, ha ganado cada vez más apoyo en la Cámara de Representantes. Más de una decena de legisladores se han sumado como coautores de la medida, incluyendo dos miembros del Partido Popular Democrático (PPD).

La Ley Justin Rafael Santos y Hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez para la Justicia y Protección en la Carretera (Proyecto de la Cámara 321) propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para imponer penas de cárcel a los conductores ebrios que causen daños graves o muertes en las carreteras de Puerto Rico. Entre los representantes que ya figuran como coautores se encuentran los populares Gretchen Hau y Robert Rivera Ruiz de Porras, así como los penepés Vilmarie Peña Dávila, Odalys González, la Dra. Carmen Medina Calderón y Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.

“Tanto en la Cámara como en el público en general, cada día me dicen que hay que aprobar esta medida. Ya contamos con unos 14 coautores, entre ellos dos del Partido Popular, y esperamos más apoyo, ya que se trata de una medida de justicia para las víctimas y para la protección de los ciudadanos en las carreteras”, sostuvo el representante Sanabria Colón, durante una entrevista telefónica con InDiario.

El legislador subrayó la importancia de aprobar el proyecto para evitar sentencias que se desvíen de la rehabilitación a través del sistema cacelario de Puerto Rico.

Técnicamente la medida incorpora un artículo que precisa la pena de reclusión, conforme al Código Penal de Puerto Rico, durante el período establecido por la sentencia. También se incluyen enmiendas a la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad de Prueba, Ley Núm. 259, según enmendada. Ante estos parámetros se establece que el período de reclusión debe ofrecer al confinado la oportunidad de rehabilitarse y ser lo menos restrictivo a su libertad, con el fin de cumplir con este propósito.

La propuesta también ha generado un  gran interés entre el público, con un aviso de MADD (Manejar Bajo la Influencia Termina Aquí) circulando en las redes sociales sobre una próxima vista legislativa el 18 de marzo en la comisión cameral de lo Jurídico. Se espera la asistencia de algunos familiares de víctimas fatales en las carreteras. “Llegue a la vista para unirnos a Josean García, padre de Eunice y Esther Q.E.P.D., y mostrar apoyo a esta medida y a las víctimas de conductores ebrios”, lee el aviso.

El hermano del cantante urbano Arcángel, Justin Rafael Santos, de 21 años, falleció el pasado noviembre cuando una conductora, identificada como Mayra Nevárez Torres, invadió un carril, transitando en dirección contraria en el puente Teodoro Moscoso. Las hermanas Eunice y Esther Raquel García, de 19 y 23 años, también murieron en Añasco al ser impactadas por otro conductor.

“Es una medida responsable para salvar vidas”, concluyó el representante.

Medida del legislador gana adeptos entre representantes de ambos partidos mayoritarios

Prevén aprobación bipartita para proyecto de ley contra los conductores ebrios

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que esta semana presentará el proyecto que busca sacar al Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP), con el objetivo de otorgarle mayor autonomía y agilidad en su operación interna. Fuentes de InDiario confirmaron a este medio que el proyecto cuenta con el apoyo mayoritario tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico para lograr su aprobación. 

“Este proyecto es una promesa de campaña. Este proyecto para sacar la Policía del Departamento de Seguridad Pública es para darle la agilidad en la compra de materiales, compra de servicios, nombramientos, trámites de personal, evaluación. No tiene que estar pidiéndole autorización a nadie porque sería su propio jefe”, explicó González Colón.

La gobernadora destacó que la intención detrás de la medida es garantizar que el comisionado de la Policía, Joseph González, tenga las herramientas para operar de manera más eficiente y sin depender de otros organismos gubernamentales.

“Yo por eso recluté al agente Joseph González, porque dirigió el FBI en Puerto Rico, conoce, tiene la experiencia, tiene el ‘expertise’ y la visión que yo quiero para un Puerto Rico más seguro. Por eso quiero darle todas las herramientas para que él, como agente a cargo, no tenga que estar supeditado a pedirle autorizaciones a otra agencia o hacer trámites a través de otra agencia”, afirmó la gobernadora.

González Colón utilizó ejemplos concretos para ilustrar los problemas que enfrenta actualmente la Policía bajo la estructura del DSP. “Un agente de la Policía que tiene que estar esperando por un chaleco antibalas, que tiene que estar esperando porque le reparen una patrulla o una motora, o que tiene que esperar por servicios que requieren autorización de otra agencia… Todo esto tiene que correr directamente dentro de la agencia. Nadie conoce mejor eso que esa propia agencia”, sostuvo.

La gobernadora reconoció que la creación del DSP en 2017-2018 tuvo una buena intención, pero enfatizó que, en la práctica, ha limitado la capacidad operativa de la Policía. “La realidad es que esta agencia requiere tener agilidad y movilidad interna. Y por eso prometí esto durante la campaña”, señaló.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Joseph González, respaldó la iniciativa y aseguró que la medida permitiría mejorar la respuesta y las condiciones de trabajo de los agentes. “Eso es una prioridad para la gobernadora de Puerto Rico. Lo que puedo comentar al momento es que hay personas trabajando en el borrador sobre eso y (estará) ocurriendo lo más pronto posible”, expresó González en conferencia de prensa.

“Yo estoy en favor de cualquier propuesta, leyes, lo que sea para ayudar a nuestro policía”, añadió González.

La iniciativa busca descentralizar la Policía, permitiendo que tome decisiones estratégicas y operativas de manera directa, sin tener que depender de las aprobaciones o procesos burocráticos de otras agencias del gobierno.

Joseph González asumió el liderato como comisionado de la Policía de Puerto Rico a principios de este año, tras su trayectoria al frente del FBI en la isla. Lea más sobre su nombramiento 

La presentación del proyecto marcará un paso importante en la reestructuración de las agencias de seguridad pública en Puerto Rico, buscando fortalecer la respuesta policial y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes en el proceso.

La gobernadora Jenniffer González presentará un proyecto para sacar la Policía del DSP, buscando mayor autonomía y agilidad operativa.

Policía saldría del DSP: Proyecto cuenta con apoyo legislativo

Un exrefugiado iraquí y residente permanente legal de Richmond, Texas, se declaró culpable de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, reportó el Departamento de Justicia Federal mediante comunicado de prensa enviado a InDiario.

Abdulrahman Mohammed Hafedh Alqaysi, de 28 años, admitió haber proporcionado apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS).

Entre 2015 y 2020, Alqaysi utilizó sus conocimientos de informática para desarrollar y publicar logotipos para una rama mediática de ISIS conocida como el equipo Kalachnikov. Además, envió videos de hacking e instrucciones a miembros de ISIS, así como información de tarjetas de crédito robadas y documentos de identidad creados de manera fraudulenta.

El juez de distrito de Estados Unidos, Alfred Bennett, aceptó la declaración de culpabilidad y ha fijado la sentencia para el 5 de junio. Alqaysi enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Alqaysi ha estado y permanecerá bajo custodia hasta esa audiencia.

investigó el caso con la asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations).

La fiscal federal adjunta Heather Winter para el Distrito Sur de Texas está procesando el caso con la asistencia del abogado Michael Dittoe de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.

Abdulrahman Alqaysi, exrefugiado iraquí, admitió haber brindado apoyo material a ISIS. Sentencia programada para el 5 de junio.

Exrefugiado iraquí se declara culpable de apoyar a ISIS en Texas

Tras varios años de intenso litigio en los tribunales, el exalcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón alcanzó un acuerdo para declararse culpable de delitos distintos al que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) había radicado en su contra.

Mediante un preacuerdo para evitar un juicio en su fondo, fue la defensa del exalcalde del Partido Popular Democrático (PPD) quien circuló el documento a la fiscal especial Zulma Fuster Troche, quien conversó con 

 sobre el trato que tuvo el efecto de reclasificar delitos graves bajo el Código Penal de Puerto Rico y Ley de Ética Gubernamental a dos violaciones de carácter menos grave por negligencia en el cumplimiento del deber.

“El alcalde se declaró culpable de esa conducta y eso incluye también un rembolso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por la cantidad de $25,000 en relación a los gastos por la investigación”, indicó a este medio la fiscal especial, quien se mostró complacida con el acuerdo alcanzado para poner fin al pleito.

 buscó si el delito de negligencia en el cumplimiento del deber en su modalidad menos grave se menciona en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico como una violación que inhabilitaría que el exalcalde pueda suscribir contratos con el gobierno. Aunque este delito sí aparece en la pieza legal, solamente incluye su modalidad grave, por lo que el acuerdo suscrito por Irizarry Pabón tuvo el efecto de esquivar dicha prohibición legal. Además, este medio también constató que la convicción por este delito tampoco aparece bajo los requisitos para poder ser alcalde.

“En este caso como en todos los casos se toman en consideración distintas circunstancias que rodean el caso. Nosotros teníamos un caso muy bueno. Teníamos toda la prueba testifical y documental necesaria para poder pasar a la etapa de juicio y probarlo más allá de duda razonable. No obstante, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta cuando uno va a tomar la determinación de hacer una alegación preacordada como esta y muchas veces resulta beneficioso para los fines de la justicia llegar a acuerdos como este. Nosotros evaluamos la propuesta que nos envió la defensa en relación al caso y entendimos que este momento era la mejor forma de proceder”, indicó la fiscal especial.

A preguntas de InDiario sobre qué le diría a todos los que señalaron que este caso respondía a motivaciones políticas, la fiscal especial Fuster Troche lo catalogó como una ofensa contra la integridad de los miembros del Opfei y al desconocimiento de los procesos que allí se conducen. 

“Es desconocimiento y también una falta de respeto a los funcionarios que trabajamos en esta oficina, que llevamos de forma integra y cabal nuestra función. El mensaje que tendría yo para aquellos que decían que no había caso es que quedó claramente establecido que sí había caso porque el alcalde admitió su culpa”, manifestó.

“El servicio público es una función sagrada cuando uno es electo. En este caso, pudimos ver como el alcalde al final del camino aceptó su culpa”, finiquitó Fuster Troche.

En octubre de 2023 y tras una investigación del Opfei, se presentaron cuatro cargos en  contra del político del PPD y médico de profesión: dos por enriquecimiento injustificado y dos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Una jueza determinó causa para arresto en todos los cargos, imponiéndole una fianza total de $20,000 tras alegarse que solicitó a directores y empleados de confianza del municipio de Ponce que contribuyeran económicamente para saldar un préstamo personal de $50,000, del cual $30,000 fueron destinados a su campaña electoral de 2020.

A pesar de las imputaciones en su contra, Irizarry Pabón inicialmente se había negado a renunciar a su cargo y a su candidatura para la reelección, cuestionando la validez de la orden de suspensión sumaria como alcalde que el PFEI dictó en su contra cuando se le halló causa probable y se le fijó fianza. Sin embargo y tras perder su reclamo en el Tribunal de Apelaciones y recibir presiones de su colectividad de cara a las elecciones generales, decidió retirar su candidatura en abril de 2024. Meses más tarde, se informó que el exejecutivo municipal había sufrido un percance de salud tras un accidente cerebrovascular en diciembre de 2024. A pesar de ello, este ha expresado su deseo de concluir con el proceso legal en su contra lo antes posible.

Llamadas telefónicas al exalcalde ponceño no han sido contestadas al cierre de este escrito.

Sin embargo, Luis Irizarry Pabón no quedó impedido de aspirar a puestos electivos ni obtener contratos con el Gobierno de Puerto Rico

PFEI logra que exalcalde de Ponce se declare culpable

Un violento ataque a tiros ocurrido en la noche del martes dejó un saldo trágico de dos menores asesinados y cuatro personas heridas en Río Grande, según informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en la zona. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 66 años y a una mujer de 51 años con heridas de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde se encuentran en condición estable.

Horas después, en la carretera PR-3 del mismo municipio, la Policía halló el cuerpo sin vida de una menor de 13 años y de un niño de 8 años en el interior de un vehículo Kia Forte, ambos con impactos de bala. Además, en la escena se encontraba una menor de 12 años con impactos de bala, quien fue trasladada a una institución hospitalaria y su condición fue descrita como estable.

Un hombre de 27 años también resultó herido en el incidente y llegó por su cuenta a otro hospital, donde permanece en condición de cuidado.

Las circunstancias del crimen aún están bajo investigación. La agente Keila Cepeda, bajo la supervisión de las sargentos Isabel López y Yadivelisse Ayala, adscritas a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, lidera la pesquisa en conjunto con el fiscal Eliezer Reyes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a esclarecer el caso. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 o a través de las redes sociales de la Policía de Puerto Rico en Twitter (@PRPDNoticias) y Facebook (

Otras cuatro personas resultaron heridas de bala en sucesos que están bajo investigación

Violento asesinato de dos menores de 8 y 13 años en Río Grande

Aún cuando ni siquiera ha tenido el tiempo de mudarse a su nueva oficina en la sede del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, el nuevo director en funciones ofreció sus primeras declaraciones oficiales, en las que dejó muy claro que el trabajo de la agencia no sufrirá modificaciones a raíz de la salida del ahora comisionado de la Policía, Joseph González Falcón.

"Definitivamente lo primero que quiero decir es que la misión continúa independientemente de la transición y cambios de liderazgo. La misión del FBI es la misma. El trabajo en la oficina va a continuar sin ningún cambio. Vamos a continuar enfocando en todas esas violaciones que siempre trabajamos en la oficina", sostuvo el agente especial Samuel Dorta Santa.

Entrevista con el director interino del FBI en Puerto Rico, agente especial Samuel Dorta Santa

El experimentado agente, quien se ha especializado en el tema de seguridad nacional, contrainteligencia y en el uso de tecnología para investigaciones de alto perfil, manifestó que contrario a la opinión popular, la visión de la dependencia de ley y orden surge a raíz de reuniones en Estados Unidos y no por órdenes de los directivos a nivel local.

"Lo que quiero aclarar es que no es una estrategia basada en mi entrada o no, sino en la estrategia de la organización a nivel nacional. Nosotros, cada oficina de la que tenemos 55 en la nación anualmente, nos sentamos al fin del año fiscal para delinear las estrategias basadas en la incidencia criminal en cada región. Nada de eso cambia con la salida de Joseph González", enfatizó el funcionario federal.

Sobre los zapatos que ahora tendrá que llenar al mando de una oficina con sobre 300 empleados, el director interino admitió que la colaboración entre el FBI y la Policía de Puerto Rico será mucho más estrecha.

"La partida de director Joseph González, bien apreciado en esta oficina y obviamente afuera, fue algo triste para la oficina, pero definitivamente el trabajo y la misión continúa y sigue siendo la misma. En cuanto a la colaboración (con la Policía) vamos a continuar la colaboración y como bien mencionas, posiblemente se incremente. Como oficina tenemos tremenda relación desde antes que el señor González tomara la posición de comisionado, tenemos tremenda relación con la Policía de Puerto Rico aquí en San Juan como en nuestras oficinas satélite. La colaboración ya va a ser más estrecha, eso es algo entendible y esperado".

En cuanto al problema mayor del trasiego de drogas en la isla, el agente especial dijo que al igual que González Falcón, será un tema prioritario pero no el único que se continuará atendiendo desde la oficina del FBI de la ciudad capital.

"El narcotráfico es uno de los enfoques en nuestra oficina como es la corrupción pública como los crímenes violentos. Nada de eso, ninguna de esas prioridades van a cambiar por el cambio en el liderazo. Continuamos trabajando investigaciones activas en esas violaciones y otras, y el trabajo continuará haciéndose", sostuvo sin soltar prenda sobre las investigaciones en curso, como ha sido la norma de la agencia.

Samuel Dorta Santa, un puertorriqueño de la ciudad de Arecibo quien, como muchos compueblanos, desarrolló su vida profesional entre el servicio militar y el FBI fuera de la isla, reflexionó sobre su nuevo rol, el cual le permite permanecer en su país natal. El agente habló por primera vez con InDiario sobre lo que lo convenció a regresar en 2017: una misión humanitaria y un vuelo compartido con Joseph González.

"Yo estuve 19 años en total entre el ejército y el FBI en Estados Unidos. Por cierto, una historia interesante, en el 2017 fue cuando yo conocí a Joseph González y nos conocimos porque vinimos a hacer lo que nosotros llaman un TDY (temporary duty) para venir aquí a ayudar después del huracán María. No sé si la gente conoce esto, pero la primera misión humanitaria como tal que el FBI llevó a cabo fue después de María donde se dedicó recursos y vinieron muchas personas en Estados Unidos y en la oficina aquí para enfocarse en colaboración con FEMA y la Guardia Nacional", narró con una sonrisa.

"Hacíamos unos 'convoys' donde llevábamos agua y llevábamos comida. Pidieron voluntarios y obviamente como puertorriqueños, Joseph González y yo y mucho más nos ofrecimos y en el vuelo hacia acá fue que yo lo conocí a él en el 2017. Y cuando vine en ese viaje fue que de verdad hablé con mi esposa, obviamente que es parte importante de estas decisiones, ella es puertoriqueña también. Y ahí fue que tomamos la determinación de que era hora de venir a Puerto Rico a servir a Puerto Rico, no solo a la agencia", confesó.

"Si estuviera en una oficina llena de funcionarios del Gobierno estatal, ¿qué le diría a ellos?", preguntó este medio.

"Esa es muy buena pregunta. Si fuera a decirle simplemente un consejo mío, porque nosotros hablamos tanto con trabajadores como con el público dentro de diferentes contextos, esencialmente les diría que tengan cuidado en el poder que corrompe muchas veces. Ese sería el mensaje. Vemos muchas personas, historias de personas que comienzan en un puesto con el deseo de servir, pero el poder definitivamente corrompe y tenemos que tener cuidado con eso".

"¿Y cómo usted se cuida para que el poder no lo corrompa?", cuestionamos.

"Para mí es fácil. Yo soy una persona de fe. Yo soy una persona cristiana y si nosotros seguimos las enseñanzas que están a través del libro de la Biblia eso es fácil. Si tú sigues esas enseñanzas tú no vas a tener problemas en ningún aspecto de tu vida. Y mantener una actitud humilde también. Si tú mantienes una actitud humilde eso no deja que el poder te corrompa", puntualizó.

"Yo llevo 19 años de la agencia. Antes de eso estuve en el ejército por seis años. En la agencia trabajé en el área de Washington en la oficina de campo como en las oficinas centrales con un enfoque en Seguridad Nacional. Luego llegué a Aguadilla en el 2018 donde estuve liderando esa oficina, el enfoque era crímenes violentos, gangas violentas corrupción pública, crímenes contra niños, contra contra menores crímenes, tenía un de cuello blanco. Esencialmente corríamos casi todos los aspectos de las violaciones que trabajamos aquí", contó Dorta Santa sobre la experiencias de mayor trascendencia que, a su juicio, lo prepararon sin él saberlo para asumir esta nueva encomienda.

"El mensaje que lleva el señor González es el mismo que llevamos siempre en esta agencia, nosotros solo no podemos hacer trabajo. Necesitamos de nuestros colegas, nuestro 'partners' y especialmente con las Policía de Puerto Rico, de los cuales tenemos muchos oficiales aquí asignados como 'task force officers", subrayó sobre la importancia de la colaboración entre el ente federal y estatal.

No podemos darnos el lujo de fallar en nuestra misión. A nuestros empleado, obviamente estamos muy orgulloso de ellos, el trabajo que ellos hacen pocas veces se ve. El resultado lo vemos en unos arrestos cuando se llevan a cabo. El público pocas veces sabe el trabajo que conlleva llevar un caso, desde comenzarlo hasta llevarlo al punto donde salimos a la calle a servir (diligenciar) órdenes de arresto. Aquí tenemos personas excelentes, dedicadas, de gran corazón, que les importa el trabajo, que quieren servir a Puerto Rico, y siempre estamos muy orgullosos de ellos", concluyó el directivo.

El director en funciones de la agencia federal en San Juan prometió que continuará la misión que lideró Joseph González en Puerto Rico

🔴 [PRIMICIA] Nuevo jefe del FBI: "Tengan cuidado con el poder que corrompe"

En cuestión de horas, la vida profesional hermética y discreta de quien fuera hasta ayer agente especial a cargo de las operaciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico ha tomado un giro que lo obligará a exponerse al constante escarnio público y a la rendición de cuentas como máximo jefe de los agentes policiacos que juran servir y proteger al pueblo de Puerto Rico.

Con esa misión en mente, el Comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González Falcón, ofreció su primera mesa informativa a los medios de comunicación, un encuentro que sentó las bases sobre lo que se puede esperar de su mandato. Luego del cónclave con los periodistas, el jefe de agencia conversó en un aparte con 

 sobre lo que se puede esperar de su nueva encomienda.

La primera pregunta que se tuvo que formular –dado a que muchos de nosotros la tenemos en mente hecho desde que el funcionario federal fue anunciado como el mandamás de los guardias estatales– era una obligada. ¿Qué hace él allí sentado en la oficina ejecutiva del Cuartel General cuando su trabajo timoneando el FBI lucía que estaba bajo control?

🚨 EXCLUSIVA: Joseph González Falcón establece su plan al mando de la Policía de Puerto Rico

“Tengo la confianza de que lo que dejé ahí (en el FBI) está corriendo solo. Yo soy una persona que siempre, siempre, siempre me han gustado los retos. Yo no entré en este mundo de ley orden para ser jefe, yo en realidad lo mío era investigar, me fascinaba trabajar en las calles, en el control de mi agenda, de mi vida como tal, y el propósito siempre era que yo sentía o todavía siento que ese trabajo de día a día es el más importante”, señaló González Falcón sin titubear pero con el acento que delata su lugar de nacimiento en Brooklyn, Nueva York.

“Yo llegué a un punto donde el equipo estaba montado en el FBI y me llega esta oportunidad. Lo veo como un reto, un reto grande, pero de igual manera podía quedarme afuera como tú mencionaste ‘chilling’ en la oficina del FBI, trabajando de afuera, viendo los retos que tenía la Policía, las desventajas, y la gente criticando, y yo dije ‘puedo quedarme afuera criticando, o puedo tratar de hacer una diferencia’, y decidí unirme para eso mismo, para hacer una diferencia”, reflexionó el nuevo comisionado en su despacho.

Promete “traerle respeto al uniforme otra vez”

 sobre sus prioridades, González Falcón fue enfático en la necesidad de contratar más agentes de inmediato, invertir en su capacitación y asegurarles sus beneficios de retiro, en búsqueda de que el cuerpo policiaco retorne a los tiempos en los que era visto como un rol a seguir en la sociedad.

“En este negocio, el producto de nosotros es nuestro personal. Sin nuestro personal no tenemos una Policía. El reclutamiento tiene que ser la prioridad número uno. Reclutarlo y retenerlo porque lo que no queremos es llevarlos a la Academia, invertir en todo este personal y que otra jurisdicción venga mañana de Baltimore, de Texas, de donde sea y se lo lleven. Y también el retiro, eso para mí eso es la prioridad y creo que el momento correcto es ahora para poder lograrlo, porque sé que la prioridad de la gobernadora es la seguridad y ella entiende los retos que tiene la Policía y está dispuesta a hacer lo necesario para asegurar eso”, sostuvo.

"¿Y cómo pretende lograr esto sin el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y cuando ni siquiera existe la Oficina de Asuntos Legislativos en la Policía para servir de contacto con El Capitolio?", cuestionamos.

“Exactamente. Yo en estos días, hoy, mañana, voy a empezar a sentarme con el equipo de trabajo y a ver qué tenemos, qué no tenemos, qué necesitamos, lo que mencionaste, esa oficina (es) necesaria. Entonces hay cosas que yo quiero regresar aquí a la Policía y donde yo puedo ayudar y ser la cara enfrente de la Junta, frente de lo que sea en representación de la Policía, cuenta que yo voy a estar ahí”, puntualizó.

A preguntas de los periodistas, González Falcón dijo que a pesar de que en el FBI no tenía escolta asignada, sí contará con un contingente de seguridad en su nuevo rol como comisionado.

“No, en el FBI no tenía escolta. Aquí me estaban explicando en el día de hoy y todavía estoy tratando de, cómo es, entender el porqué, el rol también es bien diferente, ¿verdad? Como comisionado de la Policía te expone más afuera, mas los problemas son diferentes, la ciudadanía trabajando día a día, mano a mano, hay unas diferencias”.

Minutos antes de comenzar la reunión con la prensa, 

 observó cómo el comisionado González Falcón conversaba en los pasillos del Cuartel General con su antecesor, Antonio “Tony” López Figueroa, con quien lleva a cabo el proceso de transición.

"¿Será Tony López su mano derecha?", inquirimos.

"Hay par de cosas que ya estoy analizando, pero lo importante es ver el talento. Tenemos excelentes coroneles, comandantes de área, jefes de divisiones. Es sentarme, escucharlo, analizarlo, mirar esos resumés. Lo importante es tener la gente correcta en el equipo, pero más importante, en las sillas correctas”, concluyó.

El periodista Francisco Rodríguez Burns colaboró con esta historia.

El exdirector del FBI en San Juan explicó la razón por la que cambió una oficina que lo tenía todo por otra a la que le falta mucho

VIDEO: Joseph González establece sus prioridades al mando de la Policía de Puerto Rico

El Senado de Puerto Rico confirmó hoy a viva voz al agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Joseph González Falcón como Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico con el voto mayoritario de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

En sus primeras declaraciones a los medios, el ahora exdirector de la oficina de campo del FBI en San Juan, González Falcón dijo sentirse honrado de asumir esta gran encomienda, aunque reconoció los retos que la dependencia estatal encargada de servir y proteger a la ciudadanía enfrenta en estos momentos.

“Ser nominado como Comisionado de la Policía de Puerto Rico es un gran honor y una responsabilidad que asumo con el más alto compromiso. Para la Policía, esta nominación representa una oportunidad para fortalecer la confianza pública, mejorar la capacitación y proveer a nuestros oficiales las herramientas necesarias para combatir el crimen de manera efectiva”, sostuvo el mandamás de la agencia en expresiones escritas enviadas a 

“Desde mi experiencia en el FBI, traigo una visión estratégica enfocada en la colaboración interagencial, el uso inteligente de la tecnología y el desarrollo de investigaciones que desmantelen el crimen organizado desde la raíz. Mi plan es asegurar que la Policía de Puerto Rico sea una institución moderna, eficiente y alineada con las mejores prácticas en seguridad pública, siempre con un enfoque en la integridad y el servicio a la ciudadanía”, añadió el jefe máximo de la Uniformada.

Tras su confirmación, González Falcón continúa siendo agente del FBI, aunque está impedido de ejercer sus funciones. Su designación al mando de la Policía responde a un acuerdo mediante destaque. Este arreglo provocó su renuncia voluntaria a su posición como Director del FBI en San Juan, pero manteniendo su puesto de carrera como agente federal hasta que se retire.

"En primer lugar, tengo que agradecerle a él su disponibilidad para trabajar, no al servicio de la Gobernadora y no al servicio de ningún amo, al servicio del pueblo puertorriqueño, que fueron las expresiones que él hizo durante la vista pública que tuvo lugar el pasado sábado. Salir de una posición como esa para asumir el cargo de Comisionado de la Policía de Puerto Rico, con todos sus retos, desafíos no tan solo presupuestarios, sindicales, laborales y la reforma requiere valentía. Valentía que evidentemente ha demostrado durante toda su carrera", declaró el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, durante su turno en la Cámara Alta.

Además, confesó que le hubiese pedido a la delegación del PNP que le votaran a favor de González Falcón como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de este haber sido designado en lugar del comandante Arthur J. Garffer Croly, por encontrarse en servicio militar en Kosovo. "Aquí hay una guerra tan mala como en Kosovo", apuntaló. 


"Estoy encantada de ver los titulares cuando salgamos de aquí luego de votar", indicó la senadora Roxana Soto Aguilú sobre la confirmación, quien aclaró que no fue González Falcón el que sugirió la interceptación de llamadas telefónicas 

en la vista pública celebrada el sábado

, lo cual está prohibido expresamente en la Constitución de Puerto Rico. La legisladora recordó que la Comisión de lo Jurídico aclaró el asunto en un comunicado de prensa.

"Si algo hizo el nominado fue contestar claramente las preguntas que se hicieron. Cuando yo escucho lo de 'los dos amos', no escucharon cuando Joseph González dio lectura a un acuerdo entre el FBI y el Gobierno de Puerto Rico en donde establecían las reglas sobre de qué cosas tenía que recusarse", enfatizó el portavoz alterno del PNP, Juan Oscar Morales en referencia a la posición del Partido Independentista Puertorriqueño durante la discusión legislativa en el hemiciclo.

Aunque la delegación de minoría del PIP consignó su voto en contra del nominado por sus posturas históricas en contra de la relación de la isla con Estados Unidos y luego de citar un versículo bíblico que impide el 'servicio a dos señores', el senador Adrián González Costa reconoció que el nuevo líder policiaco cuenta con la experiencia necesaria para ocupar el puesto. Además, la senadora de la también delegación minoritaria del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, indicó que aunque favoreció la confirmación de González Falcón, vigilará con recelo sus ejecutorias, particularmente ante la posibilidad de que pudiera ocupar la subsecretaría del DSP que dirige Garffer Croly.

"Este señor hizo un buen trabajo, y como vuelvo y le repito, no me gusta que llamen mayoría y minoría, todos somos el Pueblo de Puerto Rico", sostuvo Eliezer Molina al consignar su voto a favor del nombramiento. Aunque se declaró con ideas de corte independentista, criticó la posición ideológica del PIP en rechazar la confirmación de González Falcón, al tiempo que manifestó que no cree que la colectividad representa adecuadamente a todos lo que creen que la independencia.

“En Puerto Rico queremos calles seguras, devolverle el sentido de seguridad a nuestras comunidades, a nuestra gente. Por eso para mí el nombramiento de la persona a cargo de la policía era algo sensitivo, no un nombramiento que se escoge a la carrera. Todos hemos visto el gran desempeño de Joseph González al frente del FBI y esa misma efectividad quiero que la lleve a la Policía”, había indicado la gobernadora Jenniffer González Colón el día que designó al agente del FBI en el cargo máximo del Negociado de la Policía en sustitución de Antonio "Tony" López Figueroa.

Con una trayectoria de más de dos décadas en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Joseph González ha liderado importantes operaciones contra el crimen organizado, la corrupción pública y el narcotráfico, consolidándose como una de las figuras clave en la lucha contra el crimen en Puerto Rico y más allá.

Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, González obtuvo un bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Fordham en 1999 y comenzó su trayectoria profesional como Contador Público Autorizado en la firma Ernst and Young. Su ingreso al FBI en 2003 marcó el inicio de una carrera enfocada en combatir delitos financieros y el crimen organizado. Tras ser asignado a la Oficina de Campo de Nueva York, investigó fraudes contra aseguradoras médicas y en 2006 fue trasladado a la Oficina de Campo de San Juan, donde amplió su experiencia en el combate al tráfico de drogas, el lavado de dinero y las gangas violentas.

En 2011, González fue ascendido a Agente Especial Supervisor de la Escuadra de Crimen Organizado en San Juan, asumiendo luego la coordinación del Grupo de Trabajo Interagencial contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Más tarde, lideró la Escuadra de Corrupción Pública y Derechos Civiles, desmantelando redes de corrupción policial y atendiendo casos de violaciones de derechos civiles y crímenes de odio en Puerto Rico.

Su ascendente carrera lo llevó a Washington D.C. en 2014 como Jefe de la Unidad de Corrupción Pública dentro de la División de Investigación Criminal, donde supervisó algunas de las investigaciones más complejas en Estados Unidos. Posteriormente, dirigió la División de Operaciones Especiales en Newark, New Jersey, a cargo de unidades estratégicas como Inteligencia Humana, Gestión de Crisis y Operaciones Encubiertas. En 2017, asumió la dirección de la Sección de Apoyo a las Operaciones dentro de la División de Operaciones Internacionales del FBI, asegurando el correcto funcionamiento de las 90 oficinas del FBI alrededor del mundo.

En 2018, González fue designado Agregado Legal en México, donde supervisó casos de alto impacto, como el asesinato de nueve ciudadanos estadounidenses en el norte de México y la captura de un fugitivo dentro de la lista de los diez más buscados por el FBI.

Desde agosto de 2021, lidera la Oficina de Campo de San Juan, que cubre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, logrando avances significativos en casos de corrupción pública, crimen organizado y seguridad nacional. Durante su gestión, se han llevado a cabo operativos contra organizaciones criminales violentas, la captura de fugitivos peligrosos y la resolución expedita de casos de alto perfil como el secuestro en la panadería El Hipopótamo, el asesinato del oficial Eliezer Ramos Vélez y el caso del exboxeador Félix Verdejo.

Además de su enfoque en operativos de seguridad, González ha destacado por su cercanía con la prensa y el fortalecimiento de relaciones con la Policía de Puerto Rico, enfatizando que la colaboración entre agencias es clave para el éxito en la lucha contra el crimen.

En sus primeras declaraciones, el agente del FBI prometió restaurar la confianza pública en la Policía y combatir el crimen organizado con tecnología

PRIMICIA: Joseph González asume el liderato como Comisionado de la Policía de Puerto Rico

Un jurado federal en San Juan declaró culpable a María De Lourdes Martínez-Garriga, ex cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), por retrasar y no entregar ilegalmente papeletas de votación adelantada durante la Elección Especial de 2022 en el Distrito de San Juan. La decisión se produjo el pasado 5 de febrero de 2025.

Martínez-Garriga, de 34 años, trabajaba en la Oficina Postal de la 65 de Infantería en San Juan y, según pruebas presentadas en el juicio, retuvo cuatro sobres de correo certificado con papeletas entre el 5 y el 15 de agosto de 2022. Cuatro de los votantes afectados testificaron que nunca recibieron los documentos, a pesar de haberlos solicitado a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes a emitir su voto y que sea contado. Si los votantes no reciben sus boletas, no pueden ejercer su derecho fundamental al voto”, sostuvo fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas sobre la gravedad del caso.

Por su parte, Tammy Hull, inspectora general del USPS, afirmó que “colocar el correo en manos del Servicio Postal es un acto de confianza pública que todos los empleados deben respetar. La Sra. Martínez violó esa confianza al retrasar la entrega del correo electoral”.

El FBI también resaltó el resultado del caso a través de Joseph González, agente especial a cargo en San Juan y designado Comisionado de la Policía de Puerto Rico estatal, quen afirmó que “cualquier intento de interferir con el correo electoral es una violación de la confianza pública y una amenaza a la democracia”.

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros tres empleados del USPS en Puerto Rico, acusados de retrasar la entrega de 40 piezas de correo electoral en las mismas elecciones. Los imputados, Christian Benny Díaz-Nieves, Jonathan David Javier-Pinango y Michael Negrón-Cabrera, esperan juicio y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son declarados culpables.

La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE.UU. (USPS-OIG) y el FBI lideran la investigación. La fiscal federal adjunta Michele Colón y la fiscal especial Tania Salas-De Jesús están a cargo de la acusación.

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros tres empleados del correo postal de Estados Unidos

Excartera del USPS en Puerto Rico culpable por retraso de papeletas electorales

Tras casi cuatro años de litigio, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina ordenó el desalojo de Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF) de tres terrenos ubicados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, como resultado parcial de dos demandas presentadas por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en 2021.

De acuerdo con la sentencia emitida el miércoles, la corporación deberá abandonar los inmuebles identificados como CAF-1, CAF-2 y CAF-3 una vez la decisión del juez Ignacio Morales Gómez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina sea final y firme. Además, la empresa deberá pagar una fianza de $50,000 por cada caso si decide apelar. 

Los terrenos en disputa fueron originalmente arrendados a la corporación en 1988 para el desarrollo de instalaciones en el aeropuerto principal de Puerto Rico. Los inmuebles contienen hangares para aeronaves destinados al mantenimiento y resguardo de aviones, terminales de carga utilizados para la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías transportadas por vía aérea y espacios de oficinas para labores administrativas del CAF en su gestión de servicios aeroportuarios.

En su sentencia sumaria parcial, el tribunal determinó que no existían razones para posponerla y ordenó el desalojo inmediato de CAF. Bajo las Reglas de Procedimiento Civil, este tipo de decisión es permitido, siempre y cuando no exista controversia sobre los hechos principales del caso.

 intentó contactar sin éxito a los cuatro abogados que representaron a CAF para conocer si solicitarán revisar la determinación. En llamada telefónica a las tres de la tarde de ayer, jueves, una recepcionista indicó que uno de los letrados de récord estaba de almuerzo, mientras que los restantes se encontraban reunidos. 

“La función principal de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (Autoridad) es promover una industria portuaria sólida, enmarcada en las leyes y regulaciones vigentes. Reconocemos que la sentencia emitida por el Tribunal atendió el reclamo principal de la Autoridad en relación  al asunto del desahucio. Sin embargo, por aún la misma no ser ‘final y firme’, no estamos en posición de emitir más comentarios sobre el caso”, sostuvo a este medio el nuevo director de Puertos designado por la gobernadora Jenniffer González y confirmado por la Junta de Directores de la corporación pública, licenciado Norberto Negrón Díaz. 

Sentencia sumaria parcial Puertos vs Caribbean Airport Holdings desahucio aeropuerto Luis Munoz Marin

La disputa comenzó el 20 de agosto de 2021, cuando Puertos presentó una demanda de desahucio en precario, alegando que CAF ocupaba ilegalmente los terrenos desde 2013. En ese momento, el director ejecutivo de la corporación pública lo era el licenciado Joel Pizá Batiz, quien culminó su mandato el pasado 31 de diciembre tras ocuparlo por espacio de 5 años.

Según la demanda, la relación contractual entre ambas partes comenzó el 24 de octubre de 1988, cuando Puertos arrendó a CAF un lote de 744,021.79 pies cuadrados en los predios del aeropuerto. El contrato tenía una duración inicial de 25 años, con opción a dos extensiones de cinco años cada una, pero debía ser renegociado al vencerse.

El contrato finalizó el 1 de septiembre de 2013 y, según Puertos, nunca se renovó. Ante ello, la agencia envió una carta a CAF el 21 de enero de 2021, exigiendo la devolución de los terrenos antes del 31 de enero de ese año, pero la empresa no cumplió con la solicitud, de acuerdo con las alegaciones de la reclamación judicial que fue resueltaparcialmente hoy.

La Autoridad de los Puertos también argumentó en su demanda que, al mantenerse en posesión de los terrenos sin un contrato válido, CAF limitaba los derechos propietarios del Estado e impedía su uso en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Este fallo fortalece la posición que tuvo Puertos bajo la dirección de Pizá Batiz en su intento por recuperar propiedades estratégicas dentro del aeropuerto y podría servir como precedente en disputas futuras sobre arrendamientos en terrenos públicos. CAF, por su parte, tiene la opción de apelar, pero deberá presentar la fianza impuesta por el tribunal para proceder con el recurso legal.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico recuperará tres localidades que les alquiló desde 1988, tras ganar parte de las demandas presentadas en 2021

Desahucian a operadores de carga aérea del aeropuerto Luis Muñoz Marín

En un insólito incidente en medio del creciente aumento en el precio de los huevos en Puerto Rico, las autoridades investigan el robo de 3,600 unidades de este producto, equivalentes a 300 docenas, ocurrido en el estacionamiento de la tienda Costco en Hato Tejas, Bayamón.

Según el informe preliminar de la Policía, el hurto ocurrió a la 1:40 de la tarde de ayer, miércoles, cuando desconocidos forzaron la cerradura de una guagua Ford Transit blanca y sustrajeron la carga de huevos, además de unas gafas marca Ray-Ban y ropa. 

El valor total de la propiedad robada se estimó en aproximadamente $2,690.

El agente Andy Lasalle, adscrito al Precinto de Bayamón Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continúan con la pesquisa.

Este inusual robo se da en un contexto de marcada inflación en el precio de los huevos en Puerto Rico. Según reportes recientes, la docena ha alcanzado precios de hasta $10 en algunos supermercados debido a la escasez del producto y la alta demanda. La gripe aviar y problemas en la distribución han reducido la oferta disponible en la isla.

Además, la producción local no ha sido suficiente para suplir la demanda y los huevos importados desde Estados Unidos han llegado en cantidades limitadas, lo que ha disparado los costos en los comercios.

Este no es el primer incidente de robo de huevos en grandes cantidades que ha ocurrido en Bayamón. En 2014, un grupo de ladrones se llevó tres vagones repletos de este producto de un almacén, cuyo valor estimado ascendió a más de $100,000.

Las autoridades han instado a los comerciantes y transportistas a reforzar las medidas de seguridad para evitar este tipo de incidentes, en momentos en que los altos precios de los huevos siguen afectando el bolsillo de los consumidores en Puerto Rico.

Policía y Tribunales