Acusan a 55 por drogas y armas en Cidra y Aguas Buenas
La Fiscalía federal vincula a la organización con narcotráfico, asesinatos y uso de ametralladoras; solicita la confiscación de $100 millones.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Un gran jurado federal acusó a 55 presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en los municipios de Aguas Buenas y Cidra, a quienes las autoridades atribuyen delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego, uso de ametralladoras y participación en actos violentos, incluidos tiroteos y asesinatos.
El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, informó que el pliego acusatorio fue emitido el pasado 4 de noviembre y que durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo un operativo para diligenciar las órdenes de arresto.
La organización, identificada como «Los del campo», supuestamente operaba desde 2022 en sectores cercanos a varios residenciales públicos y utilizaba la violencia y la intimidación para mantener el control de sus operaciones.
Según información divulgada durante el operativo, nueve acusados fueron arrestados este miércoles, mientras que más de una decena ya se encontraban recluidos en instituciones penales.
Distribuían fentanilo, cocaína y medicamentos controlados
De acuerdo con la acusación federal, la organización distribuía heroína, fentanilo, cocaína, crack, marihuana, clonazepam, oxicodona y alprazolam, entre otras sustancias controladas.
Las operaciones presuntamente se realizaban dentro de un radio de 1,000 pies de los residenciales públicos Jardines de Cidra, Práxedes Santiago, Vistas de Jagüeyes y Vista Alegre, además de otros sectores cercanos.
La Fiscalía también sostiene que el grupo transportaba y distribuía cantidades de cocaína medidas en kilogramos hacia distintos puntos de Estados Unidos continental, lo que ampliaba sus operaciones más allá de Puerto Rico.
Utilizaban permisos legales de armas para conseguir municiones
Uno de los señalamientos de las autoridades federales es que algunos integrantes de la organización presuntamente obtenían permisos legales de tenencia y portación de armas para facilitar la adquisición de municiones, que posteriormente eran distribuidas entre otros miembros del grupo.
La acusación también les atribuye participación en tiroteos, asesinatos y actos de intimidación para mantener el dominio sobre los puntos de distribución de sustancias controladas.
De los 55 acusados, 37 enfrentan cargos por posesión de armas de fuego para promover actividades de narcotráfico. De estos, 17 también enfrentan cargos relacionados con la posesión de ametralladoras en apoyo de delitos de drogas.
Según la investigación, los miembros de la organización desempeñaban distintas funciones, incluyendo líderes, suplidores, administradores de puntos de drogas, vendedores, vigilantes, transportistas y personas encargadas de ejercer control mediante la violencia.
Redes sociales y videos musicales como demostración de poder
Las autoridades federales sostienen que la organización utilizaba radios de comunicación, teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas digitales para coordinar sus actividades.
Además, sus integrantes presuntamente publicaban fotografías, videos y producciones musicales en redes sociales para mostrar su vinculación con la organización y proyectar dominio sobre los territorios donde operaban.
Estas publicaciones forman parte de las conductas descritas por la Fiscalía en su exposición sobre el funcionamiento del grupo.
Confiscación de $100 millones y posibles cadenas perpetuas
La acusación incluye una reclamación de confiscación de bienes relacionados con el narcotráfico por $100 millones.
De resultar convictos de los cargos de narcotráfico, los acusados enfrentan penas mínimas de diez años de prisión y hasta cadena perpetua.
Aquellos encontrados culpables de determinados delitos relacionados con drogas y armas podrían enfrentar penas mínimas de 15 años de prisión.
En el caso de los acusados por posesión de ametralladoras para facilitar actividades de narcotráfico, la legislación federal contempla una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión, que deberá cumplirse consecutivamente a cualquier sentencia impuesta por los delitos relacionados con sustancias controladas.
Operativo conjunto de agencias federales y estatales
La investigación estuvo encabezada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico, mediante el grupo de trabajo de Caguas.
También participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles Federales y otras dependencias de seguridad.
“Este caso representa otro paso en nuestra lucha contra el narcotráfico y la violencia de las pandillas”, expresó el fiscal federal interino, Héctor Ramírez Carbó, al reconocer la colaboración entre las distintas agencias.
Por su parte, el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos R. Goris, aseguró que la agencia continuará utilizando sus recursos investigativos para combatir las organizaciones vinculadas al crimen organizado y los delitos violentos.
El procesamiento forma parte de la iniciativa federal Homeland Security Task Force (HSTF), que integra recursos de distintas agencias para investigar organizaciones criminales y redes de narcotráfico.
Los fiscales federales auxiliares Alberto López-Rocafort, Teresa Zapata-Valladares y Daphne Cordero Guilloty están a cargo del procesamiento judicial.




