La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó una nueva política institucional que marca el fin del uso obligatorio de estructuras ideológicas asociadas al DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), en lo que representa un paso decisivo para proteger los fondos federales que recibe la institución.

Según la Certificación 110 (2024-2025), emitida el 31 de marzo de 2025 por el secretario pro tempore de la Junta, Dr. Jorge I. Valentín Asencio, la Junta aprobó la nueva Política sobre la evaluación de la efectividad institucional y derogó la antigua Certificación 136 (2003-2004). Esta decisión fue tomada con la recomendación del presidente interino de la UPR y el endoso del Comité de Asuntos Académicos, Estudiantiles, Investigación e Innovación, y el Comité de Apelaciones, Ley y Reglamento. Con ello, se garantiza que los fondos federales continúen llegando a la UPR sin conflictos con las guías federales.

La medida alinea a la universidad con las normativas establecidas por el presidente Donald J. Trump, las cuales exigen neutralidad institucional en el uso de fondos públicos y rechazan la imposición ideológica en espacios académicos. Con esta acción, la Junta no solo evita poner en riesgo los fondos que sustentan investigaciones y programas esenciales, sino que también reafirma el compromiso de la universidad con la verdadera igualdad de oportunidades.

Con esta orden, el presidente pretende devolver a la universidad pública a su enfoque académico y científico, dejando atrás agendas políticas impuestas.

Ponen fin del uso obligatorio de estructuras ideológicas asociadas al DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión)

Junta UPR da fin a políticas discriminatorias para proteger fondos federales

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometió ayer lunes su estado financiero correspondiente al año fiscal 2024 en cumplimiento con los estándares de GAAP (siglas en inglés de “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”), y obteniendo una “opinión limpia” por parte del auditor externo RSM Puerto Rico, anunció hoy el Secretario de la Gobernación y Director Ejecutivo de la AAFAF, Lcdo. Francisco J. Domenech.

Según el también Secretario de la Gobernación,  "se trata de la primera vez que se emite dicho estado financiero a tiempo." Entre los aspectos que contribuyeron a alcanzar esta meta, se destaca una mejor coordinación en procesos internos de auditoría y así como con agencias como el Departamento de Hacienda, específicamente en la confección de informes de pensiones, las cuales en ocasiones anteriores enfrentaban atrasos, explicó el director ejecutivo.

Una comunicación efectiva entre las agencias es un pilar fundamental para la implementación exitosa de políticas públicas, subrayó el funcionario. “El intercambio oportuno y claro de la información promueve la transparencia, la redición de cuentas y el cumplimiento de los marcos normativos establecidos”, expresó.

“Además, e incluso durante el proceso de transición de Gobierno se pudo atender a tiempo los nombramientos de los miembros de las juntas directivas, un aspecto clave en la aprobación puntual de informes financieros”, acotó el también Secretario de la Gobernación.

“Nos enorgullece el haber cumplido a cabalidad y a tiempo. Finalmente la AAFAF está al día en sus emisiones de estados financieros y nos comprometemos a mantenerlos al día cónsono con el programa de gobierno de nuestra Gobernadora Jennifer González Colón”, indicó el Director Ejecutivo.

Dicho programa de gobierno enfatiza “la prioridad que se está brindando en poner y mantener nuestros estados financieros auditados al día, en cumplimiento con los requerimientos de reguladores federales”, agregó el Lcdo. Domenech.

“Este logro representa un avance significativo en la modernización de la gestión financiera del organismo y sienta las bases para la consolidación de una administración pública más eficiente, transparente y orientada a resultados”, concluyó el funcionario.

Según el también Secretario de la Gobernación,  "se trata de la primera vez que se emite dicho estado financiero a tiempo."

AAFAF logra la emisión puntual de sus estados financieros

El Departamento de Educación de Estados Unidos respondió en exclusiva a 

 una serie de preguntas sobre el futuro de los fondos federales bajo el American Rescue Plan (ARP, por sus siglas en inglés) y la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA, en inglés)  que fueron asignados a Puerto Rico 

pero que fueron cancelados antes de lo previsto, lo cual significa un recorte de cerca de $200 millones.

Fueron nueve las interrogantes sometidas Educación federal, las cuales giraron en torno al estado actual de los fondos ARP y CRRSA asignados a la isla, incluyendo cuánto dinero queda sin utilizar, si se han solicitado extensiones bajo las nuevas reglas, qué consecuencias enfrentaría el sistema educativo si no se liquida el dinero a tiempo, y si se requerirá que el gobierno local asuma los aumentos salariales a maestros que hasta septiembre de 2024 eran cubiertos en parte con una de esas subvenciones. También se preguntó sobre posibles reasignaciones de fondos no utilizados, explicaciones ofrecidas por el Departamento de Educación de Puerto Rico ante los retrasos, y áreas específicas de preocupación o progreso en el uso de los dineros relacionados con la pandemia.

En declaraciones escritas ofrecidas por Madison Biedermann, Deputy Assistant Secretary for Communications, la agencia federal dejó clara su posición sobre el uso de estos fondos y la decisión de no extender el plazo general más allá del 28 de marzo de 2025, cambiando así su normativa anterior que le brindaba a los recipientes hasta marzo de 2026 para gastar las asignaciones autorizadas.

“La pandemia de COVID-19 ha terminado. Los estados y distritos escolares ya no pueden alegar que están utilizando sus fondos de emergencia para el alivio del COVID cuando existen numerosos ejemplos documentados de uso indebido. La administración Biden estableció un precedente irresponsable al extender el plazo para gastar este dinero mucho más allá del propósito original de los fondos, y ya es hora de que ese dinero regrese a la cuenta del pueblo”, indicó la oficial mediante correo electrónico.

“El Departamento considerará extensiones caso por caso, basadas en proyectos individuales, siempre y cuando se demuestre que los fondos están siendo utilizados para mitigar directamente los efectos del COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes”, añadió la funcionaria.

La decisión de contactar directamente a Educación federal surgió ante la falta de respuesta del titular de Educación en Puerto Rico, doctor Eliezer Ramos Parés, quien reaccionó vía telefónica poco después de que las declaraciones desde la capital federal llegaran a nuestra redacción digital.

En entrevista vía telefónica, el secretario Ramos Parés afirmó a InDiario que confía en que el gobierno federal reconsiderará la terminación de lo que estima en casi $200 millones, los cuales explicó que estaban destinados a sufragar servicios directos a estudiantes y proyectos vinculados directa o indirectamente con la pandemia, incluyendo ciertas obras de infraestructura que están en marcha.

El líder de la educación pública de la isla indicó que su solicitud, la cual se comprometió a enviar copia a este medio, fue remitida al Departamento de Educación federal durante la noche del viernes, pocas horas antes del vencimiento oficial del plazo el 28 de marzo a las 5:00 p.m. La carta suscrita por la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, fue recibida minutos después de la expiración del término brindado en la misiva.

Ramos Parés también respondió a la frase utilizada en la declaración de la portavoz federal—sobre devolver el dinero al "banco del pueblo"—y argumentó que la educación de los niños también debe ser parte de esa devolución. Señaló, además, que existen servicios ya rendidos que ya fueron facturados y que solo faltaba que el gobierno federal liberase los fondos correspondientes.

InDiario está a la espera de copia de la solicitud enviada por el secretario, en la cual se espera que desglose detalladamente las iniciativas que, según el Departamento de Educación de Puerto Rico, deberían seguir recibiendo los fondos ARP y CRRSA previamente obligados. Esto incluiría servicios educativos y proyectos de infraestructura escolar en marcha, como los dirigidos a resolver el problema de las columnas cortas, una falla estructural crítica en muchas escuelas públicas. 

Dichas obras estaban planificadas para culminar a finales de 2025, es decir, antes de la fecha límite original de marzo de 2026, la cual fue modificada por Educación federal mediante carta oficial emitida el viernes, recortando el plazo final a ese mismo día.

El secretario de Educación de Puerto Rico también reaccionó sobre el pronunciamiento de la agencia federal enviado a InDiario

PRIMICIA: Educación federal responde a terminación de fondos en Puerto Rico

Nota del editor: Esta historia fue actualizada a las 4:42 p.m., para consignar que el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, contestó al pedido de InDiario vía telefónica luego de la publicación de esta historia y se comprometió con enviar información relacionada a la misiva de Educación federal.

El Departamento de Educación federal anunció que no otorgará más extensiones generales para la liquidación de obligaciones bajo los fondos de estabilización educativa provistos por las leyes federales  del American Rescue Plan (ARP, por sus siglas en inglés) y Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA, en inglés), y estableció el pasado viernes 28 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m. como fecha límite definitiva para cerrar esas cuentas.

En una carta dirigida a los jefes estatales de educación 

que han incumplido con el uso de dichos fondos —incluyendo a Puerto Rico—

 la secretaria de Educación federal Linda McMahon recordó que, bajo la regulación 2 CFR § 200.344(c), las agencias receptoras de fondos federales estaban obligadas a liquidar todas las obligaciones dentro de un plazo de 120 días desde el fin del periodo de ejecución del fondo. 

Aunque previamente se había concedido una extensión, la agencia indicó que ya no considera justificada una segunda prórroga.

“La extensión de los plazos para fondos relacionados al COVID-19, años después de concluida la emergencia, no es consistente con las prioridades del Departamento ni representa un uso razonable de su discreción,” dice el documento firmado el mismo 28 de marzo.

La misiva también deja la puerta abierta a extensiones individuales por proyecto, pero solo si los estados o territorios pueden demostrar que están directamente relacionadas con la mitigación del impacto del COVID-19 y justifican el uso de la discreción federal.

Esta determinación podría tener implicaciones significativas para Puerto Rico, una jurisdicción históricamente señalada por demoras en la utilización de fondos federales, especialmente en el sector educativo.

 envió preguntas al Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, desde la mañana del sábado, solicitando el total de fondos aún no liquidados, los proyectos que podrían verse afectados y las acciones tomadas para cumplir con la nueva fecha límite. 

Aunque al cierre de esta edición no había contestado nuestras solicitudes de información a través de su oficina de prensa, a las 4 de la tarde de hoy, lunes, concedió una extensa entrevista en la que aseguró que había enviado el viernes una solicitud al Departamento de Educación de Estados Unidos para pedir extensiones de tiempo en el uso de ciertos fondos atados a programas como terapias, mantenimiento, seguridad y servicios para estudiantes de educacion especial.


Indicó también que algunos proyectos de infraestructura como las columnas cortas en los planteles escolares, los cuales están en marcha y tenían fecha de finalización a finales de este año, tendrían que contar con el aval de la agencia federal para que continúen siendo sufragados con los fondos que fueron finalizados un año antes de lo previsto mediante la carta que les llegó el viernes poco despúes de las 5 de la tarde.

Además, Ramos Parés se comprometió con enviar a este medio el documento preparado por estos en la noche del viernes, con el fin de que los lectores puedan conocer de primera mano el contenido de la solicitud, la cual desglosa los asuntos pendientes que alcanzan cerca de $200 millones en fondos federales. 

El secretario hizo la salvedad de que los fondos provenientes de CRRSA y ARP no estaban previstos para ser utilizados a partir del 1 de julio de este año, por lo que solo los servicios y proyectos que aún no han sido brindados o completados desde el viernes hasta el 30 de junio son los que la agencia tendría que costear de su propio pecunio. Para ello, ya la agencia sostuvo una reunión interna durante la mañana de hoy, lo mencionará en un encuentro previamente programado con la Junta de Supervisión Fiscal mañana, martes, y buscará una reunión posterior con el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico para conocer las alternativas disponibles, las cuales involucran tanto la aprobación del organismo creado por la Ley Promesa, así como la del síndico asignado a la agencia.

El secretario de Educación contestó preguntas clave de InDiario sobre el impacto de la terminación de estos fondos en los servicios de la agencia

Punto final a fondos federales de Educación para Puerto Rico por emergencias

Una funcionaria del condado de Ulster, Nueva York, se negó a colaborar con una orden emitida por un juez de Texas que impone una multa de $113,000 a una doctora acusada de enviar píldoras abortivas por correo a mujeres en ese estado, donde dicha práctica es ilegal.

La secretaria interina del condado, Taylor Bruck, rechazó radicar el fallo sumario emitido por el juez Bryan Gantt, del Tribunal de Distrito del Condado de Collin en Texas, contra la doctora Margaret Daley Carpenter, cofundadora de la organización Abortion Coalition for Telemedicine Access (ACT).

La decisión convierte a este caso en el primero, desde la revocación del caso Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo de EE. UU., en el que un funcionario judicial se rehúsa a ejecutar una orden judicial de otro estado relacionada con servicios de aborto interestatales.

Según las leyes de Texas, los abortos quirúrgicos y químicos están prohibidos en la mayoría de los casos, y es ilegal enviar medicamentos abortivos por correo. La demanda inicial, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, también destaca que Carpenter no posee licencia para ejercer medicina en ese estado.

Sin embargo, Nueva York cuenta desde 2023 con una legislación conocida como la “ley escudo” (shield law), firmada por la gobernadora Kathy Hochul, que prohíbe a sus tribunales colaborar con órdenes judiciales de otros estados relacionadas con abortos cuando estas contradicen la política pública del estado.

“Valoro profundamente las responsabilidades y el juramento que he asumido”, expresó Bruck en un comunicado. “En cumplimiento con la ley escudo del estado de Nueva York, he rechazado esta presentación y rechazaré cualquier otra similar que llegue a nuestra oficina”.

Debido a que la decisión podría derivar en litigios adicionales, Bruck declinó hacer más comentarios sobre el caso.

Por su parte, el fiscal Paxton reaccionó en la red social X, denunciando la negativa del estado de Nueva York como un ataque a la Constitución.

“Estoy indignado de que Nueva York se niegue a permitir que Texas haga cumplir una sentencia civil contra una abortista radical que distribuye medicamentos peligrosos ilegalmente entre estados”, escribió Paxton. “Nueva York está destrozando la Constitución para proteger a quienes violan la ley. Esto debe terminar. No cesaré en mis esfuerzos por hacer cumplir las leyes pro-vida de Texas que protegen a nuestros niños no nacidos y a las madres”.

La orden contra Carpenter fue emitida luego de que esta no compareciera ante el tribunal en una audiencia celebrada en febrero. Además de la multa, se le prohibió enviar nuevamente píldoras abortivas a Texas.

Según la demanda, Carpenter recetó medicamentos abortivos a una mujer de Texas tras una cita por telemedicina. Los medicamentos presuntamente provocaron la muerte del feto y hemorragias severas en la paciente, quien tuvo que recibir atención médica en un hospital.

Carpenter funge como directora médica y cofundadora de ACT, organización que afirma brindar servicios de aborto en los 50 estados y atención por telemedicina en jurisdicciones donde el aborto está restringido. ACT envía píldoras abortivas hasta la semana 12 de gestación y fue fundada en 2022 como respuesta a leyes pro-vida aprobadas tras la caída de Roe v. Wade.

Además, en febrero de este año, Carpenter fue acusada por un gran jurado en Luisiana por supuestamente suministrar medicamentos abortivos a una menor, en violación de la ley estatal. En aquel momento, la gobernadora Hochul reiteró que no extraditaría a la doctora, citando nuevamente la ley escudo de Nueva York.

Nueva York invoca Ley Escudo en caso sin precedentes tras anulación de Roe v. Wade luego que Texas impusiera multa a doctora que envió píldoras abortivas. 


Nueva York desafía a Texas en disputa pro vida v. pro abortos

La Autoridad de los Puertos finalmente reaccionó al segundo hallazgo de nitrato de amonio en los muelles de Puerto Nuevo, más de un mes después de que la colaboradora de InDiario, Mardelis Jusino, revelara en exclusiva que la Guardia Costera de los Estados Unidos había clausurado temporalmente las instalaciones operadas por Puerto Nuevo Terminals (PNT) tras detectar contenedores con la sustancia peligrosa el pasado 25 de febrero.

El nuevo incidente, confirmado por el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, ocurrió también en instalaciones bajo la administración de PNT, compañía que maneja alrededor del 80% de la carga que entra al país. 

Según Aponte, la Guardia Costera volvió a encontrar contenedores con nitrato de amonio durante una inspección rutinaria, a pesar de una orden vigente del Capitán de Puerto que prohíbe expresamente el manejo de sustancias peligrosas en dichas instalaciones.

“Esto es un escándalo. En menos de 30 días, PNT ha violado cuánto reglamento existe para el manejo de sustancias peligrosas como es el caso del nitrato de amonio”, denunció Aponte. El legislador también solicitó una investigación abarcadora por parte del Departamento de Seguridad Nacional y criticó el acuerdo comercial que dio origen al consorcio PNT, integrado por las empresas Luis Ayala Colón y Tote Maritime.

Aunque el primer hallazgo fue notificado públicamente por la Guardia Costera el 27 de febrero —y reportado por este medio—, la Autoridad de los Puertos había guardado silencio hasta este miércoles, cuando su director ejecutivo, Norberto Negrón, emitió un comunicado ordenando una investigación y confirmando que se trataba de 5,000 galones de amoníaco anhidro, una variante del nitrato de amonio.

“Esta es la segunda ocasión en un mes que la Guardia Costera realiza serios señalamientos por el manejo de sustancias peligrosas en esos muelles, algo que no se puede tolerar”, expresó Negrón en declaraciones escritas.

El nitrato de amonio, catalogado por las autoridades federales como una sustancia de alto riesgo, puede ser utilizado en la fabricación de explosivos. En abril de 2020, el Departamento de Justicia federal había levantado serias reservas antimonopolísticas sobre la consolidación que permitió la creación de PNT, pero el acuerdo se concretó.

Aponte reiteró que ha llegado el momento de revisar el contrato. “Ahora la empresa viola la ley sin escrúpulos”, advirtió.

La Autoridad de los Puertos indicó, además, que se encuentra colaborando con la Guardia Costera para establecer un programa conjunto de monitoreo en las instalaciones portuarias. 

Mientras tanto, al cierre de este escrito PTN no ha emitido declaraciones oficiales sobre esta violación, por lo que persisten las interrogantes sobre cómo y por qué se permitió el almacenamiento de sustancias prohibidas en una de las zonas más sensibles para la seguridad nacional en la isla.

Tras encontrarse 5,000 galones, ordenan investigar a Puerto Nuevo Terminals y buscan monitoreo contínuo con la Guardia Costera

Puertos rompe el silencio tras segundo hallazgo de nitrato de amonio en menos de 30 días

En un paso histórico con la promesa de restaurar el poder de los estados y las familias sobre la educación, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que inicia el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación federal. 

La medida, la cual no ha sido publicada, busca eliminar la burocracia innecesaria y devolver a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, de acuerdo con el mandatario.

“Hoy marcamos el comienzo de una nueva era en la educación estadounidense”, declaró Trump desde la Casa Blanca durante una rueda de prensa con niños en uniformes escolares.

“El control de nuestras escuelas debe estar en manos de los padres, las comunidades y los estados, no de burócratas en Washington que han fracasado durante décadas en mejorar el sistema educativo”, sostuvo.

Hasta el momento, el texto completo de la orden ejecutiva no ha sido publicado oficialmente en fuentes accesibles. Sin embargo y según informes de prensa nacional, la orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a "tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, mientras se continúa asegurando la entrega efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses". 

La orden ejecutiva responde a una de las principales preocupaciones de los votantes conservadores, quienes han denunciado durante años la creciente intervención del gobierno federal en el currículo escolar y las regulaciones que afectan la libertad educativa. 

La eliminación del Departamento de Educación ha sido una meta clave para el movimiento republicano desde la presidencia de Ronald Reagan.

El Departamento de Educación, creado en 1979 por el expresidente demócrata Jimmy Carter, ha sido criticado por su ineficacia y por la centralización del poder sobre las políticas educativas. 

La nueva orden ejecutiva de Trump busca trasladar la toma de decisiones a los estados y reducir el gasto federal en programas innecesarios, *sin afectar el acceso a becas estudiantiles y préstamos federales.*

Líderes republicanos han aplaudido la medida como una victoria para la autonomía estatal y los valores conservadores. 

“Por años, la izquierda ha usado el sistema educativo para adoctrinar a nuestros niños con ideologías radicales”, afirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 

“Esta decisión garantiza que las comunidades locales puedan establecer sus propias prioridades educativas sin interferencia del gobierno federal”, añadió.

Los demócratas y los grupos progresistas hayan reaccionado con indignación a esta orden ejecutiva. Figuras como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez han acusado a Trump de “atacar la educación pública”, sin mencionar que los estados podrán seguir gestionando sus propios programas sin imposiciones de Washington.

Mientras esto ocurre, la administración Trump asegura que la eliminación del Departamento de Educación es un paso esencial para frenar la politización de las escuelas y recuperar un sistema basado en el mérito, la responsabilidad y la excelencia académica.

La firma de esta orden ejecutiva representa una gran victoria para el movimiento conservador y para los millones de padres que han exigido mayor control sobre la educación de sus hijos. Con esta decisión, Trump reafirma su compromiso con los valores fundamentales de la nación y con la lucha contra lo que él llama la agenda radical de la izquierda.

“Hoy marcamos el comienzo de una nueva era en la educación estadounidense”, declaró Trump desde la Casa Blanca

Trump cumple su promesa: firma orden para devolver control de la educación a los estados

Una vista cameral para evaluar la viabilidad de un proyecto de ley que impondría penas de reclusión en todos los casos de delitos graves y menos graves cometidos por conductores ebrios se destacó por el emotivo testimonio del padre de dos hijas que perdieron la vida en un choque de tránsito ocurrido en Añasco en noviembre de 2024.

Las hermanas Eunice y Esther Raquel García, de 19 y 23 años de edad, perecieron tras ser impactadas en la PR-2 por un conductor que aparentemente iba por el carril contrario. La hermana mayor, quien se encontraba embarazada de seis meses, dejó una hija de tres años. 

El padre de las víctimas, Josean García, acudió a la visita junto a otros familiares. Durante gran parte de su intervención, García expresó su apoyo al proyecto de ley, resaltando su potencial para disuadir a los conductores de manejar bajo los efectos del alcohol.

Dramático testimonio de padre marca vista sobre ley de conductores borrachos en Puerto Rico

“Estamos navegando en un océano turbulento porque sabemos que no van a volver”, sostuvo García, al ser preguntado por el autor de la medida, el representante penepé del Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, sobre su proceso de recuperación ante la pérdida de Eunice y Esther.  La joven de 19 años estaba terminando sus estudios para convertirse en piloto, mientras que la mayor se encontraba estudiando Educación, cuando ocurrió el fatídico choque. El padre de las víctimas subrayó que, además de sus hijas, también perdió a su nieto debido al embarazo de Esther.

La medida, que cuenta con respaldo bipartidista, fue presentada tras las controversias surgidas en torno a sentencias dictadas a conductores ebrios que han excluido las penas de cárcel. Actualmente, las autoridades no han presentado cargos contra el conductor que impactó a las hermanas, pero un caso reciente que captó la atención pública fue el de una conductora que, al invadir un carril en dirección contraria el pasado noviembre en el Puente Teodoro Moscoso, colisionó contra un vehículo en el que viajaban Justin Rafael Santos, de 21 años, quien murió y era hermano del cantante urbano Arcángel, y otro individuo identificado como Keven Monserrate Gandía, quien resultó gravemente herido. La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, sentenció a Mayra Enid Nevárez Torres, de 50 años y vecina de Toa Alta, a 15 años de restricción domiciliaria, así como una restitución de $10,000 para el sobreviviente.

Para algunos presentantes en la vista cameral, es tiempo que la ley cambie en Puerto Rico para que conductores ebrios tengan que cumplir cárcel.

“Este es un paso hacia una mayor equidad en la aplicación de la justicia, asegurando que quienes causan daño grave o muerte enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos. Esta medida refuerza los esfuerzos del Estado para reducir accidentes y promover el respeto a las normas de tránsito”, sostuvo.

Entre los funcionarios citados para comparecer, una de las voces más contundentes a favor del proyecto provino del director del Negociado de Patrullas de Carretera, el capitán Elvis R. Zeno, quien enmarcó la necesidad de su aprobación ante la cantidad de conductores que conducen bajo los efectos de bebidas embriagantes en las carreteras. La Policía arrestó a 5,545 y 5,343 conductores ebrios entre los años 2023 y 2024, respectivamente. En lo que va de este año, se han detenido a unos 1,366. 

"El Negociado de la Policía favorece la medida al servir como un disuasivo", indicó el oficial.

Aunque los proponentes del Departamento de Justicia se abstuvieron de hacer comentarios respecto a la medida, al advertir que trata de asuntos que se encuentran ante la consideración de los tribunales, el Departamento de Seguridad Pública apoyó las enmiendas que proponía el proyecto a la Sección 2 de la Ley de Tránsito, al imponer condiciones más severas. 

"Nos parece un mecanismo atinado", sostuvo la abogada Omara Arias Nieves, directora interina de Legislación, en representación del secretario de Seguridad Pública, Arthur J. Garffer.


"Resaltamos que la misma aclara el estado de derecho vigente al exponer expresamente que la pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia", indicó.



Sus hijas de 19 y 23 años, perdieron la vida en noviembre de 2024 tras ser impactadas por un conductor que, presuntamente, invadió su carril en Añasco.

VIDEO: Dramático testimonio de padre marca vista sobre ley de conductores ebrios

El periodista Alex Delgado, director de programación de Uno Radio Group y miembro del panel de Jugando Pelota Dura, reveló el sábado que fue diagnosticado con cáncer. La enfermedad fue detectada durante un estudio médico de rutina.

El primer en hacer pública la noticia fue el padre Orlando Lugo, quien compartió imágenes y mensajes en redes sociales mientras Delgado participaba en una Misa de Unción de los Enfermos en su parroquia en Ponce.

"En los momentos difíciles, los amigos hacen la diferencia. Gracias a todos los que estuvieron en la misa de las 4:30 pm para apoyar a nuestro muy querido Alex Delgado. Dios pondrá su mano. Es nuestra fe", expresó Lugo.

El padre Lugo también reafirmó el compromiso de orar por Delgado y destacó la fortaleza que el periodista mostró durante la ceremonia. "Nuestro muy querido hermano, colega y amigo, Alex Delgado, compartió con nuestra comunidad en Ponce su testimonio de confianza y fe cuando le dieron un diagnóstico de cáncer hace semana y media. Nos hemos comprometido con Dios en orar por su salud. La esperanza cristiana no defrauda. ¡Alex, venceremos!" añadió Lugo.

Delgado, también analista del programa Jugando Pelota Dura transmitido por TeleOnce, ya ha enfrentado situaciones difíciles relacionadas con el cáncer. Hace unos años vivió el diagnóstico de cáncer de su esposa, lo que fortaleció su perspectiva de vida y su fe.

A pesar de lo avanzado de la enfermedad, Delgado expresó un mensaje de optimismo y esperanza. "Como decía Ricardo Arjona en una de sus canciones en el disco Animal Nocturno: 'Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora'. Así es mi fe," afirmó Delgado.

El periodista agradeció el apoyo recibido de sus colegas, amigos y familiares, destacando que el respaldo emocional y espiritual será clave en este proceso. La comunidad de Jugando Pelota Dura y otros colegas de los medios de comunicación también han manifestado su apoyo, mostrando la admiración y respeto hacia Delgado en este difícil momento.

El pueblo se une en oración por la salud de Alex Delgado

El diagnóstico de cáncer de Alex Delgado ha movilizado a figuras públicas, amigos y colegas, quienes han mostrado su apoyo en redes sociales y en actos públicos.

Nicole B. Milán, oficial de prensa del Departamento de Justicia y exreportera de Notiuno, expresó su respaldo en un emotivo mensaje publicado desde su cuenta de Facebook: "Unida en oración por mi mentor Alex Delgado, la primera persona que creyó en mí y me dio una oportunidad para crecer en los medios de comunicación, un campo que a ambos nos apasiona. Dios está en control y estoy convencida en que hará un milagro en su vida. No lo suelten de sus oraciones, pues donde hay dos o más unidos en oración ahí está El Señor. Estoy con usted maestro, Alex D Rosado. 'Para el que cree, todo es posible'."

La solidaridad hacia Delgado ha sido evidente desde que el padre Orlando Lugo compartió la noticia en redes sociales y pidió oraciones por su salud. "En los momentos difíciles, los amigos hacen la diferencia. Gracias a todos los que estuvieron en la Misa de 4:30pm para apoyar a nuestro muy querido Alex Delgado. Dios pondrá su mano. Es nuestra fe."

Otros colegas también han mostrado su respaldo. El licenciado Anthony O. Maceira, ex Secretario de ausntos públicos y analistas político escribió en X: "Unámonos en oración por la salud de Alex Delgado y todos aquellos que luchan contra el maldito cáncer. Que interceda nuestro Beato y Dios ponga su mano sanadora. ¡Fuerza Alex!"

La licenciada Mariela Vallines, exdirectora del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, también pidió apoyo: "Mi amigo y querendón de Puerto Rico, Alex Delgado, comienza su batalla contra el cáncer. Eleven sus oraciones para que Dios ponga su mano y obre."

Desde el ámbito político, el ex candidato a la gobernación David Bernier expresó: "Mi corazón y oraciones contigo @AlexDelgadoPR."

El equipo de Jugando Pelota Dura, donde Delgado es panelista, también manifestó su apoyo: "¡Alex, estamos contigo! Que Dios te bendiga, proteja, guíe y te dé fuerza en esta etapa de tu vida. Tu familia extendida de Jugando Pelota Dura estará orando por ti y siempre disponible para ti y tu familia. ¡Te queremos!"

La muestra de solidaridad también incluye oraciones dirigidas por el padre Orlando Lugo al beato Carlos Manuel Rodríguez, patrón de los enfermos de cáncer: "Oremos a Dios por intercesión de nuestro beato Carlos Manuel Rodríguez, por nuestro amigo y hermano Alex Delgado, por todos los enfermos de Puerto Rico y del mundo entero. ¡Oremos una y otra vez!"

El apoyo masivo de figuras públicas y ciudadanos refleja el impacto y respeto que Alex Delgado ha cultivado a lo largo de su carrera en los medios de comunicación en Puerto Rico.

El pueblo se une en oración deseando salud y sanación para Alex Delgado. 

Periodista Alex Delgado enfrenta diagnóstico de cáncer

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, anunció la creación de un Consejo Asesor compuesto por exfuncionarias del DF para mejorar la gestión y optimizar los servicios de la agencia. El consejo estará integrado por Idalia Colón Rondón, MTS; la Dra. Carmen Ana González Magaz y la Lcda. Yanitsia Irizarry Méndez.

“La experiencia de nuestras exsecretarias es un recurso invaluable. Estamos convencidos de que sus aportes permitirán identificar áreas a mejorar y generar iniciativas que impulsen el bienestar de las familias a las que servimos”, afirmó Roig Fuertes.

El Consejo Asesor se constituirá como un espacio de colaboración donde las exfuncionarias compartirán sus experiencias y propondrán soluciones a los retos que enfrenta la agencia. El objetivo es fortalecer la toma de decisiones y garantizar que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.

Esta primera reunión sirvió para definir las líneas estratégicas de actuación y establecer un calendario de trabajo para implementar las recomendaciones. “La creación de este organismo consultivo potenciará la calidad de los servicios y la gestión diaria, reafirmando el compromiso del Departamento de la Familia con la mejora continua y el bienestar de la comunidad”, concluyó Roig Fuertes.

Idalia Colón Rondón fue secretaria del DF entre 2013 y 2016, destacándose por la implementación de programas de protección a menores y apoyo a las familias vulnerables. La Dra. Carmen Ana González Magaz dirigió el departamento entre 2020 y 2022, enfocándose en la modernización de los procesos internos y la mejora en la respuesta a emergencias. Por su parte, la Lcda. Yanitsia Irizarry Méndez lideró la agencia entre 2009 y 2012, y se le reconoce por establecer alianzas estratégicas con entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro.

El Consejo Asesor funcionará como un puente entre la experiencia previa y las necesidades actuales de la agencia, permitiendo que las decisiones estén basadas en las mejores prácticas y en el conocimiento acumulado de las exfuncionarias.

Además, Roig Fuertes destacó que el consejo no solo servirá para fortalecer los procesos internos, sino también para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del Departamento de la Familia. “Este consejo permitirá identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias que reflejen las necesidades reales de las familias en Puerto Rico”, afirmó.

Con la implementación de este consejo, el Departamento de la Familia busca asegurar que las decisiones estratégicas estén alineadas con las mejores prácticas y las necesidades actuales de la población, consolidando un modelo de gestión basado en la experiencia y la innovación.

Idalia Colón Rondón, Carmen Ana González Magaz y Yanitsia Irizarry integran el nuevo Comité Asesor del Departamento de la Familia.


Secretaria del Departamento de la Familia forma Comité Asesor con pasadas Secretarias del Departamento

El congresista Raúl Grijalva, firme aliado de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, falleció hoy a los 77 años debido a complicaciones derivadas de su tratamiento contra el cáncer. 

Grijalva había anunciad9 su diagnóstico de cáncer el 2 de abril de 2024, después de buscar tratamiento para una tos persistente que inicialmente se diagnosticó como neumonía. 

Raúl Grijalva fue presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de 2019 a 2023, grupo de trabajo con jurisdicción para atender temas sobre Puerto Rico. Durante su mandato, tuvo un papel clave en la supervisión de la Ley PROMESA que trajo a la Junta Fiscal en la isla. Fue una voz fuerte para exigir mayor transparencia y responsabilidad en la reestructuración de la deuda pública. 

También impulsó iniciativas para la protección de los derechos laborales en la isla y promovió legislación para mejorar su infraestructura, medio ambiente y acceso a fondos federales.

Quien representó a Arizona desde 2003, también fue un defensor clave en temas económicos y de autodeterminación. Además, Grijalva respaldó esfuerzos para atender las secuelas del huracán María y su liderazgo fue crucial en audiencias que pusieron presión sobre el gobierno federal para mejorar la respuesta a los desastres en Puerto Rico.

"Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento del congresista Raúl Grijalva. A lo largo de sus años en el Congreso, fue un defensor incansable de sus constituyentes y un servidor público dedicado", lamentó la gobernadora Jenniffer González en su cuenta de X.

"Tuve el privilegio de trabajar junto a él en asuntos que impactaban a Puerto Rico y, aunque a menudo abordábamos los temas desde perspectivas diferentes, su pasión por el servicio y su respeto por el diálogo eran innegables", añadió la mandataria.

El defensor de los derechos de la isla ante el Congreso luchaba contra el cáncer que le fue detectado el año pasado

Fallece el congresista y aliado de Puerto Rico Raúl Grijalva

El secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, reaccionó hoy a los 

despidos anunciados en el Departamento de Educación de Estados Unidos

, destacando que aún no se conoce el alcance exacto del impacto en la isla y llamando a la cautela ante especulaciones.

“Ante los recientes anuncios sobre despidos en el Departamento de Educación federal, es importante señalar que aún no se conoce quiénes serán los afectados ni de qué oficinas provienen. En este momento, no entraremos en especulaciones sin contar con información oficial y detallada”, expresó Ramos Parés.

El funcionario agradeció la labor de los empleados federales con quienes Puerto Rico ha trabajado en los últimos años y reconoció su aportación en el fortalecimiento de la educación pública en la isla. 

“Han sido colaboradores valiosos, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuras gestiones”, sostuvo.

Vigilante ante posibles repercusiones en Puerto Rico

Ramos Parés enfatizó que su equipo se mantiene en comunicación con el liderazgo en Washington y que monitorearán de cerca cualquier posible repercusión en la isla. Destacó que, aunque los fondos federales son esenciales para el sistema educativo puertorriqueño, hasta el momento no se ha indicado que los despidos afectarán el presupuesto asignado al país.

“Desde el inicio del año hemos mantenido una postura firme en la importancia de estar atentos a estos procesos”, indicó.

El titular del Departamento de Educación recordó que la administración de los sistemas educativos recae en los estados y territorios a través de sus respectivas agencias, un principio que no cambiará pese a la reestructuración en Washington.

Finalmente, Ramos Parés reafirmó su compromiso de que estos cambios no afecten la educación de los estudiantes en Puerto Rico, asegurando que la continuidad de los servicios está garantizada.

“Mi compromiso, junto al de nuestro dedicado magisterio y el personal del sistema educativo, es velar porque estos cambios no repercutan en la educación de nuestros estudiantes. Ellos son nuestra razón de ser y nuestra prioridad absoluta”, concluyó.

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