Adriana Nicole Vázquez Pérez, cantante urbana puertorriqueña mejor conocida como Audri Nix y quien en varios días enfrentará juicio por 

cargos de alteración a la paz y amenazas

 tras un altercado ocurrido en una iglesia en presencia de la gobernadora Jenniffer González, se vio involucrada esta madrugada en otro incidente criminal en Isla Verde que resultó en una agresión a un policía tras ser detenida visiblemente intoxicada luego de chocar una patrulla.

, Vázquez Pérez chocó su auto marca Hyundai contra un vehículo oficial de la Policía estatal e intentó abandonar la escena, pero fue rápidamente interceptada por agentes en el lugar. 

Durante la intervención policial, se alega que la artista se negó inicialmente a realizarse la prueba de alcohol y mostró conducta agresiva, agrediendo a uno de los oficiales y profiriéndole palabras soeces. Las fuentes afirmaron que no se utilizó fuerza para llevar a cabo el arresto y que una agente fémina se encontraba presente al momento de la intervención. 

 también supo que tras dialogar con un abogado, Vázquez Pérez accedió a realizarse la prueba, la cual arrojó 0.18% de alcohol en su organismo, lo que representa más del doble del límite legal de .08 permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. 

Este medio también obtuvo información que apunta a que en cualquier momento el caso sería consultado con el Departamento de Justicia luego de que se revisen las grabaciones de las cámaras corporales que tenían puestos los agentes, junto con los resultados de la prueba de alcohol. 

Este nuevo incidente ocurre mientras Audri Nix espera juicio por un caso anterior ocurrido en enero, cuando presuntamente irrumpió en una iglesia donde se encontraba la gobernadora Jenniffer González. 

Dicha conducta que ha sido ampliamente reseñada por medios locales, generó gran atención pública debido a la prominencia de la gobernadora en el proceso, ya que ella misma será testigo principal durante el juicio, el cual será transmitido públicamente.

Audri Nix, conocida artísticamente en la escena musical urbana, ha estado previamente en titulares no solo por su música, 

. Este nuevo episodio añade complejidad al perfil público de la artista, quien podría enfrentar consecuencias legales más severas debido a la recurrencia de incidentes relacionados con el orden público.

Según fuentes de InDiario, Vázquez Pérez intentó abandonar la escena y tras negarse a soplar, accedió a la prueba que arrojó .18

FUENTES: Audri Nix habría agredido a Policía tras ser detenida por chocar patrulla guiando borracha

La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, fue exigida a intervenir e investigar un incidente protagonizado por el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky” López Rivera, quien fue captado en video increpando a agentes de la Policía Estatal y ocupando boletos de tránsito ya expedidos durante un evento deportivo celebrado el pasado viernes en ese municipio.

La denuncia fue hecha por Nina Valedón, exsubsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD) y actual integrante de la Junta de Gobierno de la colectividad, quien cuestionó el silencio de las autoridades ante lo que describió como una “intervención indebida” y potencialmente ilegal por parte del ejecutivo municipal.

 supo que la miembro de la colectividad  una petición a Justicia tan pronto la agencia retorne del receso por Semana Santa otorgado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

“El alcalde de Las Piedras increpa a varios miembros de la uniformada y retira boletos de tránsito emitidos por estos. El video fue difundido y denunciado por miembros de la uniformada de manera cibernética. De hecho, el alcalde López fue a la radio a admitir los hechos, e incluso amenazó con someter una Ordenanza Municipal para legalizar lo que a todas luces es, además de una imprudencia, una ilegalidad”, afirmó Valedón en declaraciones escritas.

Según reportes de prensa, el incidente ocurrió cerca del estadio municipal, cuando agentes del Negociado de la Policía emitían multas a vehículos estacionados en el área. El alcalde argumentó en entrevista radial con WALO Radio que la Policía Municipal había autorizado el uso del espacio para estacionamiento durante el evento, y anunció que evaluará someter una ordenanza para eximir de multas a los asistentes a actividades deportivas en la zona.

No obstante, Valedón recalcó que, más allá de una diferencia de criterios entre cuerpos policiacos, el acto de intervenir directamente con agentes en funciones y remover documentos oficiales podría constituir una violación de ley.

“En la medida en que este tipo de situaciones quedan sin investigar, se abren las puertas a la impunidad por un lado, y a que la ciudadanía pierda la fe y el respeto en las instituciones de gobierno”, advirtió.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Pública ni el Negociado de la Policía Estatal se han expresado oficialmente sobre lo ocurrido.

PPD exige acción a Janet Parra contra Miguel “Micky” López Rivera, quien fue captado en video increpando a agentes de la Policía y ocupando "tickets" expedidos

Se complica la "intervención ilegal" de alcalde de Las Piedras que removió boletos de tránsito

Luego de casi cuatro años fuera del programa federal que permite compartir los fondos producto de incautaciones criminales, la Policía de Puerto Rico ha sido oficialmente readmitida, junto a otras cinco agencias, para recibir más de $26 millones en fondos federales, según se anunció este jueves en una conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Jenniffer González, el fiscal federal Stephen Muldrow y el comisionado de la Policía, Joseph González.

“Ahora que las agencias están en cumplimiento, el gobierno federal podrá desembolsar $27.5 millones para la Policía de Puerto Rico”, expresó Muldrow, destacando también las asignaciones a otras entidades como el Negociado de Investigaciones Especiales, la Guardia Nacional, la Autoridad de los Puertos, la Policía Municipal de Ponce y la Policía Municipal de San Juan. Estos fondos forman parte del Equitable Sharing Program, administrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Conferencia gobernadora Equitable Share Program federal

De acuerdo con Muldrow, las agencias beneficiadas han recibido o recibirán montos que van desde los $160,000 hasta $1.4 millones, dependiendo del volumen de incautaciones y su colaboración con agencias federales. No obstante, aclaró que los fondos “no pueden usarse para reemplazar los recursos existentes”, sino para aumentar o complementar los esfuerzos de seguridad pública.

La gobernadora Jenniffer González subrayó que el retorno al programa representa un logro tras un largo proceso de cumplimiento con estándares federales. 

“Hace más de cuatro años que el Gobierno de Puerto Rico no se beneficiaba de este programa. Ahora volvemos a tener acceso a estos recursos, que marcarán la diferencia en el trabajo de nuestra policía”, afirmó.

Por su parte, el comisionado de la Policía detalló que los fondos se usarán para la adquisición de equipo táctico, patrullas, tecnología, uniformes, embarcaciones y armamento. 

“Podemos ser creativos y equipar a nuestros policías con tecnología de primera para que hagan su trabajo de forma eficiente y segura”, dijo González.

El reingreso de la Policía al programa se produce tras una exclusión en 2018, motivada por el incumplimiento con los requisitos del Acuerdo por Consentimiento firmado en 2013 con el Departamento de Justicia federal. Ese acuerdo impuso una serie de reformas estructurales tras una investigación que reveló violaciones sistemáticas de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco.

“Esto significa que la Policía cumplió, subsanó las deficiencias y ahora forma parte nuevamente de uno de los programas más importantes del gobierno federal”, declaró la gobernadora, al destacar que este avance también reafirma el compromiso de su administración con la reforma policiaca.

Parte de los fondos estarían disponibles a partir de finales de abril, con un tope de uso de $10 millones anuales por agencia, según las disposiciones federales.

La Policía de Puerto Rico logró cumplir nuevamente con el Equitable Sharing Program y recibirá sobre $25 millones para combatir el crimen organizado 

Puerto Rico regresa al programa federal de incautaciones tras cuatro años de exclusión

El comisionado de la Policía, Joseph González, ordenó la activación de una Alerta Ashanti este miércoles, 9 de abril de 2025, para apoyar la búsqueda de Héctor Caleb Salgado Rolón, un joven de 18 años con condición de autismo, reportado como desaparecido por su madre, Ruth Rolón Padilla.

La Policía indicó que la desaparición fue reportada en horas de la tarde tras haber sido visto por última vez en la panadería España en Carolina. Sin embargo, se informó que su rastro se perdió en el área del Walmart del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.

“El comisionado de la Policía, Joseph González, ordenó activar el Alerta Ashanti con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa”, indicó la agencia en comunicado de prensa.

Héctor Caleb es de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, mide 5 pies con 4 pulgadas y pesa aproximadamente 139 libras. Al momento de su desaparición, vestía una camisa negra con logo anaranjado y sello Nike, pantalón largo negro y tenis negras Nike.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de inmediato al 787-343-2020, 787-793-1234 o al 9-1-1.

“La notificación de la Alerta Ashanti NO sustituye la investigación ya iniciada por la Policía y otras agencias. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una persona para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar en el trabajo ya iniciado por los agentes”, destacó el comunicado.

La Alerta Ashanti fue creada como mecanismo para solicitar la colaboración del público en casos de personas desaparecidas mayores de 18 años cuya seguridad esté en riesgo, particularmente cuando padecen de alguna discapacidad mental u otras condiciones que comprometan su bienestar.

Héctor Caleb Salgado Rolón de 18 años fue visto por última vez en el área del Walmart del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón

Activan Alerta Ashanti por desaparición de joven con autismo en Bayamón

Una controversia legal en torno a los costos que debe asumir el Gobierno sobre sus casos criminales estalló durante el primer día de vista preliminar que se ventila contra un comerciante de la Placita de Santurce a quien se le imputa agredir a un turista con un tubo o un bate. El Ministerio Público solicitó que la defensa costeara los gastos de viaje y de hospedaje de testigos que se tienen que trasladar del estado donde reside a Puerto Rico para acudir al tribunal.

Agresión en La Placita: ¿Quién paga por los turistas testigos del caso viral?

El juez del Centro Judicial de San Juan,  Jimmy Sepúlveda, encontró no ha lugar a la solicitud, sin descartar que la misma se pueda aplicar en un futuro a modo de sanción ante una dilación inusitada, y suspendió el primer día de vista ante una solicitud de la defensa, representada por el abogado Jerome Garffer, para prepararse para el caso.

La fiscal Jessika Correa González argumentó que la defensa había empleado una “táctica” de dilación, al utilizar como excusa la reciente contratación de Garffer en el caso, que ya contaba con la representación de otro letrado durante la vista de Regla 6, de causa para arresto. Pero Garffer subrayó la necesidad de hacer valer los derechos constitucionales del imputado para prepararse su mejor defensa y puso en entredicho la solicitud del Ministerio Público  en cuanto a sus gastos de viaje y hospedaje de sus testigos. 

Cabe destacar, además, que el Ministerio Público radicó el pasado 21 de marzo una moción que solicitaba que la defensa costeara los gastos de los testigos de suspender la vista por alguna razón.

“Nosotros estábamos preparados para ver esta vista preliminar ya que estos testigos fueron traídos desde Michigan para Puerto Rico y se les está pagando el pasaje de transporte y la estadía en Puerto Rico. Nosotros argumentamos que uno de los abogados estuvo en Regla 6 ( de causa para arresto). No obstante, el juez entendió que debían tener la oportunidad para prepararse”, sostuvo la fiscal Correa González, al momento de ser abordada por periodistas durante su salida de la sala. 

No obstante, Garffer puntualizó que el Gobierno debía haber considerado los gastos de traslado y hospedaje antes de intentar achacarle los costos a la defensa. También intentó establecer una disparidad entre el trato a turistas y puertorriqueños por el Departamento de Justicia. “El Ministerio Público solicitó que nosotros incurriéramos en esos gastos y ciertamente hay un albergue de testigos donde esos testigos podrían estar, pero prefieren a la gente de afuera ponerlos en hoteles y a los puertorriqueños en el albergue que se está cayendo en cantos”, sostuvo Garffer. 

El imputado, identificado como Luis Ramírez Rivas, administrador de un negocio de la zona de la Placita, supuestamente se enfrascó en un argumento con otro individuo y le propinó el golpe al turista, identificado como Joseph Zachario Moore, de 33 años, cuando éste intentó interceder en la discusión en hechos que se registraron en La Placita el pasado 19 de marzo. 

Ramírez Rivas, de 36, prestó una fianza de $30,000, quedando en libertad con un grillete bajo el Programa de Supervisión Electrónica, y tiene que volver a comparecer el próximo 5 y 8 de mayo.  El caso se convirtió en viral en las redes sociales por videos que supuestamente captaron al acusado cometer la agresión y que tendrán que pasar por el rigor del Tribunal.

El imputado enfrenta cargos graves y menos graves por la agresión que se suma a otros incidentes que se han suscitado entre turistas y puertorriqueños. 

A la vista de hoy, martes, acudieron tanto el acusado, el perjudicado, policías municipales, al igual que otros testigos, pero las partes sólo emitieron declaraciones por sus abogados. El perjudicado fue abordado por varios medios, pero insistió en no querer hacer ninguna expresión pública, mientras que el acusado salió rápidamente del lugar.

“Solicitamos que la Defensa se prepare para que no tengamos que incurrir en más gastos”, indicó la Fiscal.

El imputado enfrenta cargos graves por la agresión que se suma a otros incidentes que se han suscitado entre turistas y puertorriqueños.

La mujer que fue intervenida por la Policía en un estacionamiento cuenta con procesos criminales por posesión de sustancias controladas y otros delitos, supo 

 a través de fuentes y mediante la herramienta de búsqueda de casos del Poder Judicial de Puerto Rico.

El arresto de la dama, el cual se ha viralizado en las redes sociales con comentarios mixtos sobre si se trata  o no de una intervención válida de la Uniformada, provocó una investigación administrativa por el uso de una pistola eléctrica (taser) tras un agente anunciarle que estaba detenida por circunstancias que aún se desconocen.

Sin embargo, un fichaje refleja que la mujer ha tenido problemas previos con la justicia, que consisten en violaciones criminales por posesión de drogas y otros delitos bajo la Ley de Sustancias Controladas.

Hasta el momento no se ha confirmado si los hechos que dieron paso a la grabación del video —en el que un agente le dispara con un taser en la espalda mientras la mujer está esposada y recostada contra un vehículo— guardan alguna relación con los casos que aparecen en el sistema judicial.

La copia de la ficha de arresto de la detenida, tomada el 21 de abril de 2022, la identifica como Aneysha K. Crespo Mandry de 28 años y residente de Ponce. Según las fuentes, se trata de la misma persona arrestada y que se aprecia en el vídeo viral en redes sociales.

En una búsqueda en el portal del Poder Judicial bajo el nombre y los dos apellidos de la mujer, se constató además que aparecen casos por posesión de drogas y parafernalia bajo la Ley de Sustancias Controladas y otros delitos menos graves bajo el Código Penal y la Ley de Tránsito.

Estos casos penales que, según la plataforma digital de los Tribunales, algunos aparecen activos y otros inactivos en el Centro Judicial de Mayagüez, incluyen violaciones menos graves por obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público y una infracción a la Ley de Tránsito por estacionar vehículos en áreas designadas para personas con impedimentos sin la debida autorización constituye una violación menos grave. 

El expediente electrónico indica, además, que la fémina prestó fianza y que hay varias vistas de seguimiento programadas para este an̈o.

También aparecen otros delitos de carácter grave bajo la Ley de Sustancias Controladas como posesión con intención de distribuir drogas y el agravante por la venta o distribución de sustancias controladas en zonas escolares o áreas recreativas. 

Según dicta el procedimiento penal en Puerto Rico, solo una persona imputada de delito grave y a quien un tribunal le halle causa probable para su arresto mediante el mecanismo de Regla 6 es sometida al proceso de fichaje, documento que como regla general es público.

Antes de conocer del fichaje de la mujer, 

 solicitó a la oficina de prensa del Negociado de la Policía cualquier norma o protocolo que indique que los arrestos a féminas deben ser efectuados por agentes de su mismo sexo, tras este medio buscar y no encontrar respuesta a la interrogante en fuentes oficiales.

"En efecto, no existe una norma escrita. Hay una recomendación que si se exige un registro, lo haga una mujer", manifestó uno de los oficiales de prensa de la agencia.

InDiario obtuvo su fichaje por posesión de drogas y constató otros delitos que le fueron imputados en 2022

Con ficha criminal la mujer arrestada con 'taser' cuyo vídeo es viral en redes

En lo que representa uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico, la Guardia Costera de Estados Unidos descargó 45,600 libras, cerca de 20.6 kilos de drogas ilegales, en el Puerto Everglades, Florida.

Las drogas, incautadas en 14 operativos en el océano Pacífico por dos embarcaciones de la agencia federal, tienen un valor estimado de $517.5 millones. Durante los operativos, las autoridades arrestaron a unos 35 individuos, con la colaboración de helicópteros del escuadrón táctico de interdicción y otras unidades de ley y orden.

“Esta es una incautación de drogas ilícitas sin precedentes, resultado de 14 interdicciones a diferentes embarcaciones", declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Se estima que unos 13,000 kilos de cocaína de estos cargamentos están vinculados a investigaciones realizadas por el Negociado de Investigaciones Especiales (FBI) como parte del dispositivo de seguridad “Panama Express Strike Force”, que incluye a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de EE. UU. Esta operación tiene como objetivo cortar las fuentes de financiamiento de los carteles mexicanos y fortalecer el procesamiento criminal de sus integrantes. 

Puede ver el video compartido por la Guardia Costers 

Director del FBI anuncia golpe contra los carteles en X

, el director del FBI, Kash Patel, subrayó la importancia del operativo como parte de las acciones contra organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

“Se trató de más de 13,000 kilos de cocaína y otras drogas que los carteles buscaban introducir en las calles estadounidenses, con un valor estimado en cientos de millones de dólares. Excelente trabajo de nuestro equipo en la oficina local de Tampa y de las fuerzas del orden público”, dijo el funcionario federal en la plataforma.

Miles de kilos de cocaína se conectan a investigaciones del FBI

Agencias federales asestan golpe rotundo contra el narcotráfico

Como parte de varios esfuerzos para reducir los crímenes violentos, el comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, inició un proceso para reforzar el equipo de las que podrían definirse como las fuerzas especiales o agentes élite de la Uniformada: la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés).

Del mismo modo, el alto funcionario, ex director del Negociado de Investigaciones Especiales (FBI), anunció otra iniciativa dirigida a fortalecer la seguridad en las carreteras, la cual incluye un mayor patrullaje en vías con alta incidencia de fatalidades, la asignación de patrullas equipadas con alcoholímetros, la detención de vehículos con vidrios tintados ilegalmente, entre otras medidas.

En una conferencia de prensa, en la que González estuvo flanqueado por agentes de SWAT, se mostraron algunos de los equipos y armas adquiridos para reforzar la seguridad en Puerto Rico

“Un cuerpo policial sin herramientas no puede ser efectivo. Mi trabajo es brindar a la Policía las mejores herramientas para que hagan su labor con más rapidez y seguridad”, sostuvo el Comisionado.

Nuevos rifles reemplazan equipo antiguo 

La Uniformada entregó un total de 30 nuevos rifles modelo SIG Sauer, a un costo de $3,500 cada uno, los cuales reemplazarán rifles de aproximadamente 11 años distribuidos a la unidad especializada que enfrenta las situaciones más peligrosas de la Isla. Los rifles cuentan con un sistema de pistón, una mira de volteo, una culata plegable, entre otras características modernas. Además, el arma tiene un alcance de 1,650 pies, lo que aumenta el radio operacional del dispositivo de seguridad.

“Ahora los agentes podrán realizar intervenciones tácticas más precisas, seguras y con mayor alcance efectivo, lo que se traduce en la protección de la ciudadanía y, a su vez, reduce significativamente el riesgo de vida”, afirmó el Comisionado.

Otro de los equipos asignados, el FirstSpear Backpack, es una herramienta para embestir entradas, que facilita el acceso a puertas cerradas, portones, rejas y puertas de vehículos. El sistema electrohidráulico de alta tecnología, que se transporta en una mochila, puede generar hasta 10,000 libras de presión o poder de empuje. “Parece una simple mochila, pero es una de las mejores herramientas para el fortalecimiento de entradas que existe en el mercado”, destacó González sobre el equipo, cuyo costo asciende a $43,187.

González subrayó la alta prioridad que la Uniformada dará al mantenimiento de un flujo ininterrumpido de patrullaje preventivo en las carreteras PR-1, PR-2, PR-10 (incluyendo la Baldorioty de Castro), PR-52, entre otras vías. Los oficiales estarán prestando especial atención a los vehículos conducidos a alta velocidad y con temeridad, es decir, aquellos que presenten movimientos erráticos, características compatibles con el consumo de alcohol, drogas ilegales o distracciones causadas por el teléfono celular. Los patrulleros también enfocarán su atención en vehículos con tintes ilegales, que podrían ser utilizados por individuos que cometen delitos.

Además, se estará prestando atención a los motociclistas que incumplen con las normas de seguridad, mientras se refuerzan las intervenciones por delitos ilegales que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía. 

“Tengo que admitir que antes había demasiado énfasis en las estadísticas de cantidad de boletos, en lugar de la cantidad de intervenciones que tuvieran un verdadero impacto en la lucha contra el crimen y las fatalidades en accidentes de tránsito. Sí, seguramente veremos una merma en la cantidad de boletos de tránsito, pero lo más importante es que veremos una reducción en la cantidad de accidentes graves y fatales, así como en un sinnúmero de delitos para los cuales se tienden a utilizar vehículos de motor”, aseguró.  

Según las estadísticas de la Policía, los asesinatos han disminuido en lo que va del año en comparación con el mismo periodo de 2024, registrándose 103 frente a 121. 

Sin embargo, el Comisionado reconoció la necesidad de un esfuerzo adicional para combatir los crímenes violentos. 

 “Hoy no hay 18 familias que no están planificando un sepelio por la muerte violenta de un ser querido, pero sabemos que un solo crimen o accidente fatal es demasiado. Mi enfoque es que aquí siempre queda trabajo por hacer y estamos haciendo progreso”, dijo. 

Video reportaje SWAT y nuevo equipo

Funcionario subraya la importancia de reducir la incidencia criminal, aunque esto implique menos boletos en las carreteras

VIDEO: Uniformada implementa nuevas estrategias para combatir el crimen y los asesinatos

Mediante una determinación que plantea serias dudas sobre los procesos investigativos y las decisiones de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, un panel del Tribunal de Apelaciones concluyó que hubo una total falta de pruebas y de jurisdicción en la pesquisa realizada por la agencia contra el exalcalde de San Juan, Jorge Santini.

En su fallo del pasado martes, el tribunal falló a favor del exalcalde, revocando una resolución sumaria emitida el 12 de noviembre de 2024, en la que la Oficina de Ética Gubernamental recomendaba la imposición de una multa administrativa por violación de varios incisos del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En resumen, la Oficina de Ética Gubernamental alegó que Santini violó la ley al causar la pérdida de fondos públicos y poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental, debido a que fue activado por la Guardia Nacional durante el huracán María mientras desempeñaba funciones como contratista del Senado de Puerto Rico. El contrato de servicios profesionales de Santini le requería realizar investigaciones legislativas y acompañar al presidente del Senado a sesiones, reuniones y vistas públicas.

“De la prueba presentada por la Oficina de Ética Gubernamental, hay ausencia total de prueba de cuáles fueron los deberes que el Recurrente omitió cumplir. No hay una pieza de evidencia que demuestre que el Lcdo. Santini Padilla se ausentaba sin autorización de su activación; que hubiese abandonado su labor como auditor de guerra; que no siguiera   órdenes o que no cumpliera las mismas. Queda esa interrogante en el procesamiento de este caso bajo el inciso relacionado, máxime, cuando se interpreta el mismo bajo los criterios de la existencia o no de los elementos de delito, ya que este proceso es uno cuasi-penal”, determinó el panel del Tribunal.

El fallo del tribunal apelativo, que representa una contundente victoria para Santini luego de una extensa lucha legal que se ha prolongado durante los últimos cuatro años, establece que la Oficina de Ética Gubernamental se dejó guiar por suposiciones y alegaciones en recortes periodísticos, sin considerar la existencia de pruebas ni las leyes y reglamentos que protegían el servicio de Santini como oficial de la Guardia Nacional. La agencia le había impuesto a Santini una multa administrativa de $4,000 y, como medida adicional, ordenó la restitución de $832.74. 

La Guardia Nacional determinó en su momento suspender a Santini del servicio militar como consecuencia de la pesquisa de la Oficina de Ética Gubernamental, que llegó al punto de intentar utilizar como prueba recortes periodísticos que aparentemente se basaban en suposiciones sobre las actuaciones del exalcalde.

“El inciso (s) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, supra, establece que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental…Sin embargo, al examinar la prueba ofrecida por la Recurrida, observamos que toda alegación relacionada se fundamenta en recortes periodísticos con poco o ningún valor probatorio. Por lo tanto, existe ausencia total de prueba sobre esta infracción”, lee el fallo.

La “ausencia total” de pruebas pareció ser el parámetro que definió la investigación de la Oficina de Ética Gubernamental en relación con todos los señalamientos. “Hay ausencia total de prueba también sobre cuáles fueron los fondos públicos que se perdieron mediante la omisión de los deberes inexistentes en la prueba”, lee el fallo. 

La determinación también podría considerarse contundente al tomar en cuenta los cuestionamientos sobre la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental frente a las leyes que rigen a los soldados y oficiales de la Guardia Nacional. El panel– compuesto por la presidenta del Tribunal de Apelaciones, la jueza Ivelisse M. Domínguez Irizarry, el juez Carlos G. Salgado Schwarz y la jueza Karilyn Díaz Rivera– instó a un análisis más profundo sobre la jurisdicción de la agencia ante el caso de Santini.

“Esta situación constituye una vaguedad en las definiciones de la Ley de Ética Gubernamental cuando estamos hablando de contratistas independientes que les vaya a cobijar las bondades y obligaciones de la referida Ley. Requiere que nuestras ramas hermanas de Gobierno establezcan claramente el alcance de la Oficina de Ética Gubernamental sobre ciudadanos que no tengan un nombramiento de empleado bajo la nómina del Gobierno de Puerto Rico”, se indica. 

También se encontró que la activación de Santini “no lo convierte automáticamente en servidor público al amparo de la Ley de Ética Gubernamental”, como la agencia aparentemente intentó establecer. 

“Sus funciones como Auditor de Guerra durante este periodo de emergencia en nada se equipara a ser un contratista independiente que establezca política pública alguna. Por lo que entendemos que el recurrente, Lcdo. Jorge Santini Padilla, queda fuera de la jurisdicción sustantiva y procesal de la Oficina de Ética Gubernamental, por las funciones por la que fuera procesado en este caso”, lee la sentencia. 

Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico arroja sombra sobre actuaciones de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico

Tribunal revoca a Ética Gubernamental por carecer de prueba y jurisdicción en caso de Santini

Una propuesta del representante penepé del Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, que impondría penas de reclusión en todos los casos de delitos graves y menos graves cometidos por conductores bajo los efectos del alcohol, ha ganado cada vez más apoyo en la Cámara de Representantes. Más de una decena de legisladores se han sumado como coautores de la medida, incluyendo dos miembros del Partido Popular Democrático (PPD).

La Ley Justin Rafael Santos y Hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez para la Justicia y Protección en la Carretera (Proyecto de la Cámara 321) propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para imponer penas de cárcel a los conductores ebrios que causen daños graves o muertes en las carreteras de Puerto Rico. Entre los representantes que ya figuran como coautores se encuentran los populares Gretchen Hau y Robert Rivera Ruiz de Porras, así como los penepés Vilmarie Peña Dávila, Odalys González, la Dra. Carmen Medina Calderón y Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.

“Tanto en la Cámara como en el público en general, cada día me dicen que hay que aprobar esta medida. Ya contamos con unos 14 coautores, entre ellos dos del Partido Popular, y esperamos más apoyo, ya que se trata de una medida de justicia para las víctimas y para la protección de los ciudadanos en las carreteras”, sostuvo el representante Sanabria Colón, durante una entrevista telefónica con InDiario.

El legislador subrayó la importancia de aprobar el proyecto para evitar sentencias que se desvíen de la rehabilitación a través del sistema cacelario de Puerto Rico.

Técnicamente la medida incorpora un artículo que precisa la pena de reclusión, conforme al Código Penal de Puerto Rico, durante el período establecido por la sentencia. También se incluyen enmiendas a la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad de Prueba, Ley Núm. 259, según enmendada. Ante estos parámetros se establece que el período de reclusión debe ofrecer al confinado la oportunidad de rehabilitarse y ser lo menos restrictivo a su libertad, con el fin de cumplir con este propósito.

La propuesta también ha generado un  gran interés entre el público, con un aviso de MADD (Manejar Bajo la Influencia Termina Aquí) circulando en las redes sociales sobre una próxima vista legislativa el 18 de marzo en la comisión cameral de lo Jurídico. Se espera la asistencia de algunos familiares de víctimas fatales en las carreteras. “Llegue a la vista para unirnos a Josean García, padre de Eunice y Esther Q.E.P.D., y mostrar apoyo a esta medida y a las víctimas de conductores ebrios”, lee el aviso.

El hermano del cantante urbano Arcángel, Justin Rafael Santos, de 21 años, falleció el pasado noviembre cuando una conductora, identificada como Mayra Nevárez Torres, invadió un carril, transitando en dirección contraria en el puente Teodoro Moscoso. Las hermanas Eunice y Esther Raquel García, de 19 y 23 años, también murieron en Añasco al ser impactadas por otro conductor.

“Es una medida responsable para salvar vidas”, concluyó el representante.

Medida del legislador gana adeptos entre representantes de ambos partidos mayoritarios

Prevén aprobación bipartita para proyecto de ley contra los conductores ebrios

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que esta semana presentará el proyecto que busca sacar al Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP), con el objetivo de otorgarle mayor autonomía y agilidad en su operación interna. Fuentes de InDiario confirmaron a este medio que el proyecto cuenta con el apoyo mayoritario tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico para lograr su aprobación. 

“Este proyecto es una promesa de campaña. Este proyecto para sacar la Policía del Departamento de Seguridad Pública es para darle la agilidad en la compra de materiales, compra de servicios, nombramientos, trámites de personal, evaluación. No tiene que estar pidiéndole autorización a nadie porque sería su propio jefe”, explicó González Colón.

La gobernadora destacó que la intención detrás de la medida es garantizar que el comisionado de la Policía, Joseph González, tenga las herramientas para operar de manera más eficiente y sin depender de otros organismos gubernamentales.

“Yo por eso recluté al agente Joseph González, porque dirigió el FBI en Puerto Rico, conoce, tiene la experiencia, tiene el ‘expertise’ y la visión que yo quiero para un Puerto Rico más seguro. Por eso quiero darle todas las herramientas para que él, como agente a cargo, no tenga que estar supeditado a pedirle autorizaciones a otra agencia o hacer trámites a través de otra agencia”, afirmó la gobernadora.

González Colón utilizó ejemplos concretos para ilustrar los problemas que enfrenta actualmente la Policía bajo la estructura del DSP. “Un agente de la Policía que tiene que estar esperando por un chaleco antibalas, que tiene que estar esperando porque le reparen una patrulla o una motora, o que tiene que esperar por servicios que requieren autorización de otra agencia… Todo esto tiene que correr directamente dentro de la agencia. Nadie conoce mejor eso que esa propia agencia”, sostuvo.

La gobernadora reconoció que la creación del DSP en 2017-2018 tuvo una buena intención, pero enfatizó que, en la práctica, ha limitado la capacidad operativa de la Policía. “La realidad es que esta agencia requiere tener agilidad y movilidad interna. Y por eso prometí esto durante la campaña”, señaló.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Joseph González, respaldó la iniciativa y aseguró que la medida permitiría mejorar la respuesta y las condiciones de trabajo de los agentes. “Eso es una prioridad para la gobernadora de Puerto Rico. Lo que puedo comentar al momento es que hay personas trabajando en el borrador sobre eso y (estará) ocurriendo lo más pronto posible”, expresó González en conferencia de prensa.

“Yo estoy en favor de cualquier propuesta, leyes, lo que sea para ayudar a nuestro policía”, añadió González.

La iniciativa busca descentralizar la Policía, permitiendo que tome decisiones estratégicas y operativas de manera directa, sin tener que depender de las aprobaciones o procesos burocráticos de otras agencias del gobierno.

Joseph González asumió el liderato como comisionado de la Policía de Puerto Rico a principios de este año, tras su trayectoria al frente del FBI en la isla. Lea más sobre su nombramiento 

La presentación del proyecto marcará un paso importante en la reestructuración de las agencias de seguridad pública en Puerto Rico, buscando fortalecer la respuesta policial y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes en el proceso.

La gobernadora Jenniffer González presentará un proyecto para sacar la Policía del DSP, buscando mayor autonomía y agilidad operativa.

Policía saldría del DSP: Proyecto cuenta con apoyo legislativo

Un exrefugiado iraquí y residente permanente legal de Richmond, Texas, se declaró culpable de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, reportó el Departamento de Justicia Federal mediante comunicado de prensa enviado a InDiario.

Abdulrahman Mohammed Hafedh Alqaysi, de 28 años, admitió haber proporcionado apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS).

Entre 2015 y 2020, Alqaysi utilizó sus conocimientos de informática para desarrollar y publicar logotipos para una rama mediática de ISIS conocida como el equipo Kalachnikov. Además, envió videos de hacking e instrucciones a miembros de ISIS, así como información de tarjetas de crédito robadas y documentos de identidad creados de manera fraudulenta.

El juez de distrito de Estados Unidos, Alfred Bennett, aceptó la declaración de culpabilidad y ha fijado la sentencia para el 5 de junio. Alqaysi enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Alqaysi ha estado y permanecerá bajo custodia hasta esa audiencia.

investigó el caso con la asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations).

La fiscal federal adjunta Heather Winter para el Distrito Sur de Texas está procesando el caso con la asistencia del abogado Michael Dittoe de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.

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