La jueza Iraida Rodríguez Castro de Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, determinó causa para juicio contra Adriana Nicole Vázquez Pérez, la mujer que había sido señalada por presuntamente amenazar de muerte a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Cólon, en tres de los cuatro cargos criminales en su contra, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT)

El pasado 2 de enero y durante una misa en la parroquia Santa Teresita en Santurce, Vázquez Pérez, a quien se le conoce en el mundo artístico como Audri Nix y que cuenta con 

expediente criminal por actos de violencia doméstica

, interrumpió la ceremonia que formaba parte a los actos previos a la juramentación de la gobernadora electa. En varios vídeos compartidos por la prensa se le aprecia expresando "Muerte al PNP, muerte Jenniffer. Y no es una amenaza, es una promesa".

Por estos hechos fue citada por las autoridades y compareció ante la Fiscalía ayer, miércoles, donde ejerció su derecho a no incriminarse. 

"En efecto, se encontró causa en todos los delitos menos graves, excepto en uno de los dos presentados por alteración a la paz", indicó la OAT vía telefónica.

Los delitos que le imputan a la mujer son por presunta amenaza, alteración a la paz y por irrumpir el derecho de reunión.

El juicio está pautado para el próximo 11 de febrero.

Los delitos que le imputan a la mujer son por presunta amenaza, alteración a la paz y por irrumpir el derecho de reunión

Tribunal encuentra causa contra Audri Nix quien irá a juicio tras amenazar a gobernadora en iglesia

El Tribunal de Primera Instancia emitió hoy una sentencia que ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) contabilizar todos los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, incluso cuando las direcciones registradas en el sistema y las proporcionadas por los votantes no sean completamente exactas.

La decisión pone fin a una controversia que cuestionaba la validez de dichas papeletas bajo nuevas instrucciones implementadas en septiembre de este año.

En consecuencia, este tribunal determina que existe un deber ministerial de la CEE en contabilizar absolutamente todos los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, sin excepción y sin crear barreras o condiciones procesales onerosas al elector. Por lo tanto, se declara Ha Lugar la solicitud de mandamus y se ordena a la CEE a verificar, validar y adjudicar  los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, independientemente de si las solicitudes de voto adelantado reflejan una  dirección postal distinta a la del Registro General de Electores. Asimismo,  como expresamos previamente, se declara No Ha Lugar la solicitud de sentencia  declaratoria e interdicto preliminar y permanente

“Nuestro ordenamiento jurídico permite al elector la libertad de elegir la dirección postal a la que desea que se le envíen las papeletas de voto adelantado, independientemente de si esta es distinta a la registrada”, manifestó el juez del Tribunal de San Juan en su determinación.

"Las instrucciones impugnadas interponen un requisito de validación adicional que no está contemplado en la ley y que fue implementado después de que los electores solicitaran y les fuera aprobado el voto adelantado", añadió el togado en su sentencia de 24 páginas.

La controversia surgió luego de que la CEE adoptara unas instrucciones que requerían a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) validar las direcciones postales de los electores antes de adjudicar sus votos. Según los demandantes, este requisito no estaba contemplado en el Código Electoral ni en los reglamentos aplicables, y añadía barreras injustificadas al derecho al voto.

En su sentencia, el juez Raúl A. Candelario López destacó que el derecho al voto debe ejercerse sin trabas ni condiciones procesales onerosas. En la decisión, enfatizó que el sistema electoral ya cuenta con mecanismos robustos para garantizar la identificación y autenticidad de los votos.

El Tribunal identificó que las discrepancias podían deberse a diversas razones, incluyendo:

Actualizaciones recientes no reflejadas en el sistema: Electores que cambiaron sus direcciones pero cuyos registros no habían sido actualizados.

Errores administrativos: Fallos en el ingreso o actualización de información por parte de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) o Juntas Administrativas de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA).

Variaciones menores en las direcciones: Diferencias en la redacción, como el uso de abreviaturas o errores tipográficos.

En su sentencia, el Juez enfatizó que "los formalismos administrativos no deben prevalecer sobre el derecho al voto", indicando que estas discrepancias no justificaban la exclusión de los votos.

Esta controversia llegó al tribunal tras ser impugnada por un grupo de electores cuyas papeletas se encontraban pendientes de validación debido a las discrepancias en sus direcciones postales. Alegaron que las instrucciones emitidas por la CEE eran arbitrarias y violaban su derecho constitucional al sufragio.

Por su parte, la CEE reconoció que las instrucciones –acordadas por los comisionados electorales de los partidos políticos–, no derivaban de un mandato legal. Además, la agencia admitió que las directrices complicaban innecesariamente el proceso de adjudicación de votos. Este reconocimiento tuvo peso en la decisión judicial.

El tribunal determinó que la CEE tiene un deber ministerial de adjudicar los votos adelantados que incluyan una identificación válida, sin imponer requisitos adicionales. Esto implica que no se podrá cuestionar ni invalidar una papeleta basada únicamente en discrepancias de dirección postal.

Además, aunque la parte demandante solicitó un interdicto permanente y una sentencia declaratoria, el tribunal concluyó que el mandamus concedido era suficiente para garantizar la protección de los derechos electorales.

La decisión pone fin a una controversia que cuestionaba la validez de papeletas bajo nuevas instrucciones implementadas en septiembre de este año

Tribunal ordena a la CEE contar todos los votos adelantados, independientemente de discrepancias en direcciones

La controversia sobre una resolución enmendada por la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, para clarificar cómo se debían enviar las papeletas de voto adelantado y ausente y que, según el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Aníbal Vega Borges, eliminaba la posibilidad de que los electores pudieran recibir sus papeletas en una dirección postal distinta a la registrada en el sistema, fue resuelta con un "No Ha Lugar" por parte del juez Raúl Candelario López del Tribunal de San Juan, quien determinó no revisar la validez de la decisión de la agencia a cargo del proceso electoral en Puerto Rico.

El tribunal, aplicando el principio de deferencia judicial, decidió que la resolución enmendada de la CEE era razonable y no violaba los derechos de los electores. 

El juez enfatizó que las decisiones de la agencia como ente especializado en asuntos electorales deben ser respetadas a menos que sean irrazonables o ilegales, lo cual no se demostró en este caso.

El pasado 11 de septiembre y luego de que una vista argumentativa fuera llevada a cabo, el PNP anunció en un comunicado de prensa que “tal y como había solicitado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan- prevalece la resolución original relacionada a la dirección donde le llegarían las papeletas de aquellos y aquellas que escojan ejercer su derecho al sufragio, por voto por correo o voto adelantado. Es decir, que el votante puede seleccionar la dirección domiciliaria que aparece en el registro electoral, u otra dirección que le lleguen sus papeletas, por la razón que entienda pertinente; y que para eso existe un encasillado previsto en la solicitud”.

La declaración de victoria suscrita por Vega Borges tuvo que ser aclarada por el Poder Judicial de Puerto Rico en comunicado de prensa, pues no se había emitido una sentencia para darle la razón al PNP o a la CEE en el pleito.

Sentencia Vega Borges PNP v CEE envío papeletas por correo del voto adelantado y ausente

Durante el caso, el PNP argumentó que la presidenta alterna de la CEE cometió dos errores al emitir una resolución enmendada que, según ellos, limitaba la capacidad de los electores de recibir sus papeletas de voto adelantado o ausente en una dirección postal distinta a la que aparece registrada en el Registro General de Electores. Además, alegaron que la resolución enmendada violaba lo dispuesto en el artículo 5.8 de la Ley 165-2020, que permite que las papeletas sean enviadas a la dirección que el elector indique en su solicitud de voto.

El tribunal, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la interpretación del PNP. 

El juez determinó que la CEE tenía la facultad de emitir la resolución enmendada y que esta no restringía los derechos de los electores de recibir las papeletas en una dirección distinta a la registrada, siempre que esta fuera correcta.

 La decisión también resaltó que los tribunales deben deferir a las decisiones administrativas de la CEE, salvo que estas sean irrazonables o violen derechos fundamentales, lo que no ocurrió.

Esta controversia surge en el contexto de una disputa electoral relacionada con el proceso de voto adelantado y voto ausente para las elecciones generales del 5 de noviembre. El Comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, presentó una Petición de revisión judicial contra una resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), específicamente contra una resolución enmendada que afectaba el proceso de envío de las papeletas de voto adelantado y ausente.

El PNP sostenía que la enmienda a la resolución violaba el derecho de los electores a elegir la dirección postal a la que querían que se les enviaran las papeletas y que la resolución enmendada ignoraba el artículo 5.8 de la Ley 165-2020, que establece que las papeletas deben enviarse a la dirección indicada por el elector en su solicitud de voto adelantado o ausente.

Los comisionados de otros partidos, como Proyecto Dignidad (PD), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Partido Popular Democrático (PPD), así como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), presentaron mociones solicitando la desestimación de la petición del PNP, argumentando que se trataba de una aclaración necesaria para asegurar que las papeletas lleguen correctamente al elector. Afirmaron que la enmienda no eliminaba la posibilidad de que los electores recibieran las papeletas en una dirección diferente, sino que buscaba asegurar que cualquier corrección en la dirección postal no afectara otros aspectos del registro electoral.

Este tipo de disputas son cruciales en los procesos electorales, ya que pueden afectar la logística del voto adelantado y ausente, modalidades que son particularmente importantes para electores que no pueden votar en persona el día de las elecciones. La capacidad de asegurar que los electores reciban sus papeletas de manera adecuada es vital para garantizar la participación electoral y la confianza en el proceso democrático. El caso subraya el balance que las autoridades electorales deben mantener entre la flexibilidad para los votantes y la seguridad y precisión en la entrega de papeletas.

Comisionado PNP Aníbal Vega Borges, quien cantó victoria por lo que escuchó en vista, recibió un “No Ha Lugar” en su intento de anular la decisión de la agencia

Tribunal confirma autoridad de la CEE en disputa sobre envío de papeletas para voto adelantado

 de todo trámite relacionado con el Aviso de Adjudicación del RFP DEPR-UAF-23-005 del Departamento de Educación (DE) sobre la confección y administración de las pruebas CRECE en las escuelas de Puerto Rico.

 la empresa Learn Aide, LLC, impugnara la validez de la otorgación del contrato

 a Pearson PEM, PRN Inc. para que realizara las pruebas estandarizadas. 

Las pruebas CRECE, las cuales estaban programadas del lunes 13 al viernes 17 de mayo, se imparten a los estudiantes de tercer a undécimo grado en las escuelas públicas. Los resultados permiten a los maestros, administradores y responsables de políticas educativas evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, diseñar estrategias educativas y distribuir recursos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todo el sistema escolar. 

En su resolución emitida el 8 de mayo de 2024, el tribunal instruyó al Departamento de Educación a "proceder de inmediato con la paralización de todo trámite pendiente ante dicho Departamento, en torno al Aviso de Adjudicación para el RFP Núm. DEPR-UAF-23-005".

Learn Aide, LLC, además de presentar su recurso de revisión el 7 de mayo, acompañó una "Solicitud en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79" del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, buscando la intervención del tribunal. El panel, presidido por el Juez Rodríguez Casillas e integrado por los jueces Salgado Schwarz y Ronda Del Toro, evaluó la solicitud urgente y los documentos presentados, y consideró apropiado detener la adjudicación de la subasta.

El Departamento de Educación tiene un plazo de diez días para comparecer ante el Tribunal de Apelaciones y responder a esta impugnación.

, la agencia confirmó que la paralización de las pruebas CRECE fue ordenada por el Tribunal de Apelaciones luego de que Learn Aide no fuera seleccionada para administrarlas. 

"En el proceso de adjudicación un Comité Evaluador consideró la capacidad de las compañías proponentes para administrar las pruebas, el costo de los servicios, entre otras. Es sumamente importante establecer, que la compañía que impugna presentó una propuesta por un costo de $34 millones más que la compañía seleccionada", indicó el DE a través de su oficina de prensa.

"Confiamos en que el honorable tribunal nos brinde la oportunidad de expresarnos y de esta manera, evitar que el proceso de la administración de las pruebas se vea afectado, ya que esto tendría un efecto adverso en la educación y en la obtención de fondos federales. En su momento podremos acreditar que la selección de la compañía a la que se le otorgó el contrato para la administración de las pruebas responde a los mejores intereses públicos", abundaron en las declaraciones escritas.

El equipo legal de la agencia junto a la Secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos, el Departamento de Justicia "trabajan en la búsqueda de soluciones, priorizando la educación de los niños y jóvenes del sistema público de enseñanza", finaliza el comunicado.

Para analizar la adjudicación del contrato para crear e impartir el examen a los estudiantes de tercer a undécimo grado en Puerto Rico

Tribunal de Apelaciones paraliza pruebas CRECE del Departamento de Educación 

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan le dio la razón al Departamento de la Familia (DF) y revocó la determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) que denegaba la autorización para el uso de un backdrop y banderines con predominancia del color azul, asociado al Partido Nuevo Progresista (PNP).

La solicitud de revisión judicial presentada por el DF el 11 de marzo de 2024, desafió la decisión de la OCE en el caso OCE-SA-2024-004195. La OCE había argumentado que la predominancia del color azul en los materiales, junto con la afiliación política del gobernador incumbente, derrotaba los fines públicos de los mismos. Además, sostuvo que permitir su uso iría en contra de una determinación administrativa previa que establecía la prohibición del color azul en fondos o backdrops para la totalidad de la Rama Ejecutiva.

Sin embargo, el Tribunal, presidido por el Juez Raúl A. Candelario López, concluyó que ni el backdrop ni los banderines constituían un anuncio con fines político-partidistas, ya que solo contenían el logo y el nombre del DF sin ningún mensaje que favoreciera al PNP. La corte determinó que la prohibición de anuncios con fines políticos, aunque amplia, no es absoluta y no puede extenderse al punto de censurar el uso de colores asociados a partidos políticos en materiales que no lleven un mensaje político.

Además, el Tribunal rechazó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, argumentando que no existía una perfecta identidad de partes entre el caso en cuestión y la determinación previa de la OCE. También destacó el interés público en excluir la influencia solapada del partido en el poder mediante el uso de anuncios gubernamentales.

En conclusión, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan establece un precedente importante en la interpretación de la legislación electoral y la regulación de materiales promocionales gubernamentales en años electorales. La decisión enfatiza la necesidad de equilibrar la prohibición de la propaganda política con la libertad de expresión y el uso legítimo de símbolos gubernamentales.

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