Violencia doméstica: un solo caso es demasiado - Opinión

La violencia doméstica no siempre deja moretones. Además de la física, puede ser psicológica, emocional, económica o sexual, y suele manifestarse mediante el control, la manipulación, las amenazas y el aislamiento, lo que dificulta que muchas víctimas reconozcan lo que viven y busquen ayuda. Sus consecuencias alcanzan también a los hijos, las familias y las comunidades. Aunque se han logrado avances en la educación y la prevención, todavía queda mucho por hacer. Este mes, el color violeta nos invita a recordarlo.

Octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Su origen se remonta a 1981, cuando la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica (NCADV, por sus siglas en inglés) organizó el primer Día de Unidad, y en 1989 el Congreso de Estados Unidos lo reconoció oficialmente. El violeta, asociado históricamente con la dignidad y adoptado por el movimiento sufragista a principios del siglo XX, evoca valores como la fortaleza y la resiliencia, presentes también en el Corazón Púrpura de las Fuerzas Armadas. Hoy es símbolo de solidaridad con las víctimas y sobrevivientes.

En Puerto Rico, la violencia de género ha sido reconocida como una crisis que exige atención urgente. En enero de 2021, el entonces gobernador Pedro R. Pierluisi declaró un estado de emergencia mediante la Orden Ejecutiva 2021-13 y creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE). Luego firmó la Ley 3-2022, que estableció un programa de seguridad para víctimas con órdenes de protección, y mediante la Orden Ejecutiva 2022-35 y órdenes posteriores extendió la emergencia hasta el cierre de su cuatrienio, en diciembre de 2024.

La gobernadora Jenniffer González Colón optó por no renovar la declaración de emergencia y, en cambio, anunció asignaciones de $1.65 millones en marzo y $2.4 millones en mayo de 2026 para organizaciones que atienden a sobrevivientes. Sin embargo, según la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, los fondos federales y donativos legislativos disponibles para los nueve albergues del país bajaron de unos $2.26 millones en el año fiscal 2024-25 a $1.41 millones en 2025-26, casi un 38 % menos, y muchas de las ayudas anunciadas no habían llegado al inicio del año fiscal. A esto se suma la crisis de vivienda: el alza en los alquileres impide que muchas sobrevivientes encuentren un hogar asequible al salir de los albergues, lo que las expone a un doble desplazamiento y reduce los espacios disponibles para otras mujeres.

En el plano legislativo, bajo su administración se firmaron la Ley 75-2026, de la autoría del senador Héctor “Gaby” González López, que excluye de los programas de desvío a quienes resulten culpables de agresión sexual en una relación de pareja; la Ley 47-2026, de la autoría del senador Gregorio Matías, que da prioridad a los hijos de víctimas en el Programa de Libre Selección de Escuelas; y la Ley 183-2026, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que fija en ocho años la pena por violar una orden de protección o restringir lalibertad de la víctima. Estas medidas, impulsadas desde el Senado, son pasos importantes, pero la violencia doméstica sigue siendo una crisis social que debe atenderse desde todos los frentes, y ninguno avanza sin recursos que lleguen a tiempo. Los datos disponibles ayudan a dimensionar el reto.

Según datos preliminares de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), basados en información de la Policía de Puerto Rico, en 2024 se reportaron 9,043 incidentes de violencia doméstica, casi 25 al día. Hasta el 30 de septiembre de 2026, se habían reportado 4,507, más de 16 diarios. Bayamón encabezó ambos años, con 1,446 incidentes en 2024 y 906 en lo que va de 2026, cerca de uno de cada cinco casos reportados en la isla este año. Aunque el año no ha concluido y la OPM no presenta estadísticas para 2025, las cifras bastan para afirmar que el problema sigue siendo grave. Un solo incidente ya es demasiado, y los números no cuentan toda la historia: el miedo, las amenazas y la dependencia económica impiden que muchas víctimas denuncien.

La Ley 54 de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, reconoce como maltrato no solo la violencia física, sino también la psicológica, las amenazas y la restricción de la libertad, y permite a las víctimas solicitar órdenes de protección. La Ley 59-2017 creó un registro de personas convictas por violaciones a esa ley, adscrito al Departamento de Justicia, en el que permanecen siete años tras cumplir su sentencia. Al 20 de octubre de 2026 figuran 3,235 personas, alrededor del 95 % hombres. Aun así, la violencia doméstica no es exclusiva de un género: la propia Ley 59 reconoce que afecta mayormente, aunque no exclusivamente, a las mujeres, y los hombres víctimas enfrentan barreras adicionales para denunciar, como el estigma o el temor a no ser creídos.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reflejan esta realidad. Según la encuesta NISVS de 2023–2024, el 34 % de las mujeres (casi 43.5 millones) y el 17 % de los hombres (unos 20.7 millones) en Estados Unidos han sufrido violencia sexual con contacto, violencia física o acecho por parte de una pareja íntima, y solo en los 12 meses previos lo vivieron unos 6.7 millones de mujeres y 2.8 millones de hombres. Además, casi una de cada tres mujeres y más de uno de cada cinco hombres han sufrido agresión psicológica de su pareja, que en el caso de ellas incluyó exigirles saber dónde estaban (18.6 %), intentar aislarlas de familiares y amistades (16 %) o tomar decisiones por ellas (15.2 %). A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi una de cada tres mujeres, unos 840 millones, ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual por parte de otra persona.

Prevenir la violencia requiere educar desde edades tempranas sobre el respeto, los límites y las relaciones saludables, y aprender a reconocer las señales de alerta: los celos excesivos, revisar el teléfono de la pareja, controlar su dinero o sus decisiones, aislarla, humillarla o amenazarla. También implica escuchar sin juzgar, creer a quien comparte su experiencia y respetar sus decisiones y su seguridad, pues abandonar una relación abusiva puede ser complejo y peligroso. Detrás de cada estadística hay una persona y una historia que merece ser escuchada. Durante lo que resta de octubre, lleve el color violeta, comparta los números de ayuda y converse con sus seres queridos sobre las relaciones saludables. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de normalizar el abuso y asumimos, durante todo el año, la responsabilidad de prevenirlo.

Si usted o alguien que conoce vive una situación de violencia, hay ayuda disponible: la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (787-722-2977 o 1-800-981-9676), la línea 939-CONTIGO (939-266-8446) del Municipio de San Juan y el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787-708-6179). La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica ofrece apoyo gratuito las 24 horas, en español e inglés y sin importar el género, al 1-800-799-7233 o enviando la palabra START al 88788. Para más recursos, visite ce-transforma.org, mujer.pr.gov, pazparalasmujeres.org o, en el caso de jóvenes, loveisrespect.org. En caso de peligro inmediato, llame al 911, siempre que sea seguro.

Andrea Santiago-Toledo posee un bachillerato en Justicia Criminal y Criminología. Ha trabajado en investigación y análisis en materia de derecho administrativo, corporativo y penal, y cuenta con experiencia en estrategia política y gestión de redes sociales. Escribe sobre derecho, política pública y los retos culturales, sociales y económicos de Puerto Rico.