Las Verdaderas Víctimas de la Corrupción - Opinión

¿Cuál es el mayor valor del servicio público? La respuesta debería ser sencilla: servir a la gente. No ocupar un cargo para ganar poder, reconocimiento o privilegios, sino para mejorar la vida de las personas y resolver los problemas que enfrentan todos los días.

El servicio público tiene sentido cuando se traduce en oportunidades para nuestros estudiantes, apoyo para las personas con discapacidades, protección para nuestros adultos mayores y esperanza para las familias que luchan por salir adelante. Tiene sentido cuando una persona puede acudir a una oficina del gobierno y recibir un trato digno, una respuesta clara y una solución justa. Tiene sentido cuando el gobierno recuerda que su razón de ser es el pueblo.

En Puerto Rico, muchas familias enfrentan necesidades urgentes que no pueden esperar. Cada día hay padres y madres que deben decidir entre pagar la factura de luz, comprar alimentos o cubrir el costo de un medicamento. Hay familias que luchan por mantener una vivienda digna, mientras el costo de los alimentos, la energía, la transportación y los servicios de salud sigue pesando demasiado en sus bolsillos. Para muchas personas, no se trata de lujos: se trata de necesidades básicas para vivir con dignidad.

Pero esa misión del gobierno se debilita cuando la corrupción se convierte en una práctica tolerada. La corrupción no es solamente una palabra que aparece en los titulares o en los informes de auditoría. La corrupción tiene rostros y consecuencias. Está en el salón de clases que no recibe los materiales necesarios, en la persona con discapacidad que espera servicios indispensables, en el adulto mayor que no consigue la ayuda que necesita para su cuido y en la familia que observa cómo se desperdician los recursos mientras sus problemas permanecen sin atender.

Cada dólar público que se pierde por contratos amañados, favoritismo, pagos indebidos, negligencia o malversación es un dólar que deja de cumplir su propósito. Es dinero que podría destinarse a programas de educación, vivienda social, cuidados de salud, servicios para nuestros adultos mayores. Es dinero que pertenece a todos y que debe utilizarse para atender las necesidades de todos, no para beneficiar a unos pocos.

Por eso, luchar contra la corrupción no puede ser una tarea reservada a los tribunales, a las agencias fiscalizadoras o a los periodistas. Es una responsabilidad de toda la sociedad. También es una obligación de quienes ocupan cargos públicos. Quien acepta trabajar para el gobierno debe comprender que recibe una responsabilidad, no una licencia para aprovecharse del pueblo.

Necesitamos servidores públicos que actúen con honestidad aun cuando nadie los esté observando. Necesitamos procesos transparentes, contratos supervisados, información accesible y consecuencias reales para quienes abusan de los recursos públicos. También necesitamos ciudadanos que hagan preguntas, revisen cómo se utiliza el dinero y denuncien las irregularidades.

Un gobierno limpio no significa un gobierno perfecto. Significa un gobierno que reconoce sus errores, corrige sus deficiencias y rinde cuentas. Significa que las instituciones funcionan para proteger el interés público y no para encubrir a quienes tienen conexiones o influencia. La transparencia no debe verse como una amenaza; debe entenderse como una obligación básica en una democracia.

El mayor valor del servicio público es la confianza que puede construir. Cuando una maestra recibe los recursos para educar, cuando una persona con discapacidad obtiene los apoyos que necesita y cuando un adulto mayor recibe servicios con respeto, el gobierno demuestra que está cumpliendo su propósito. Cuando una familia puede alimentarse, pagar su factura eléctrica y vivir en condiciones dignas, el servicio público deja de ser una promesa y se convierte en una realidad.

Servir al pueblo es una responsabilidad moral. Es poner el bien común por encima del beneficio personal. Es entender que el poder público pertenece a la ciudadanía y que todo funcionario debe ejercerlo con humildad, prudencia y honradez.

Por eso debemos exigir un gobierno limpio y luchar contra la corrupción sin importar quién la cometa. No se trata de partidos ni de colores. Se trata de los estudiantes que necesitan una educación de calidad, de las personas con discapacidades que merecen igualdad oportunidades, de adultos mayores que requieren atención con dignidad y de las familias que cada día luchan por cubrir alimentos, vivienda, salud y energía eléctrica.

La corrupción no es un problema lejano ni abstracto. Es una decisión que nos cuesta a todos. Cada contrato mal otorgado, cada fondo desperdiciado y cada abuso tolerado es una oportunidad perdida para atender una necesidad real.

Puerto Rico no puede seguir pagando el precio de la indolencia y la impunidad. Necesitamos un gobierno que responda con urgencia a las necesidades del pueblo, que rinda cuentas y que ponga el bienestar de las familias por encima de los intereses personales.

El servicio público no debe ser un privilegio para unos pocos. Debe ser una promesa cumplida para todos. Y mientras haya estudiantes sin oportunidades, familias sin alimentos, personas con discapacidades sin apoyos y adultos mayores sin protección, nuestra lucha contra la corrupción no puede detenerse.

Ángel Ortiz Guzmán es abogado y notario, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de Juris Doctor. Posee además una Maestría en Artes en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España, y un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. A lo largo de su trayectoria ha publicado varios libros sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, así como sobre derecho notarial, además de decenas de escritos relacionados con el derecho, la legislación y la política puertorriqueña.