La Segunda Vuelta Electoral: que la mayoría decida - Opinión

En una democracia, no basta con contar los votos: también importa que quien resulte electo tenga un respaldo claro de la ciudadanía. Por eso, la propuesta del presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, de impulsar una segunda vuelta para la elección a la gobernación merece apoyo y una discusión seria. La iniciativa forma parte de un debate más amplio sobre reformas democráticas y sobre cómo fortalecer la participación ciudadana.

Hoy, en Puerto Rico, puede ganar la gobernación quien obtenga más votos que sus contrincantes, aunque no alcance la mitad de los votos válidos. Esa es una regla de mayoría relativa y está recogida en nuestro marco constitucional y electoral. Puede producir un resultado legítimo, pero también uno en el que la mayoría de quienes votaron no favorecen a quien resultó electo.

La segunda vuelta ofrece una respuesta sencilla: si ninguna candidatura alcanza el umbral establecido, las dos más votadas se enfrentan en una nueva elección. Así, el electorado tiene otra oportunidad para escoger entre las opciones con mayor respaldo. Quien prevalezca obtiene más votos que su rival en esa ronda final. No significa que la reforma resolverá todos los problemas políticos ni que el ganador representará a cada elector; sí procura que la elección concluya con una mayoría en la votación decisiva.

Pero convertir esta propuesta en realidad requiere algo más que una promesa de campaña. Como la regla vigente sobre quién resulta electo está en la Constitución, no bastaría con aprobar una ley ordinaria que ordene una segunda vuelta. Habría que enmendar la Sección 4 del Artículo VI para establecer el nuevo mecanismo y autorizar su aplicación a la elección de gobernador.El primer paso sería que la Asamblea Legislativa aprobara una resolución concurrente con el texto específico de la enmienda. El Artículo VII de la Constitución exige el voto de al menos dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara. Luego, la propuesta debe someterse a los electores capacitados en un referéndum especial. Si se desea celebrarlo junto con la próxima elección general, la resolución concurrente debe contar con el respaldo de al menos tres cuartas partes de cada cámara. El pueblo tendría la última palabra: la enmienda entraría en la Constitución si obtiene la mayoría de los votos emitidos sobre ella.

La resolución también tendría que contener los términos de vigencia, y la enmienda propuesta debe publicarse por lo menos tres meses antes del referéndum. Cada asunto del referéndum se vota por separado. Una vez ratificado el cambio, corresponde aprobar legislación para ponerlo en marcha: fijar el calendario, determinar cómo se certifican las dos candidaturas finalistas, atender empates, establecer reglas para el voto adelantado y ausente, organizar el escrutinio y la adjudicación de controversias.También hay que debatir el umbral. ¿Debe activarse la segunda vuelta cuando nadie obtenga más de la mitad de los votos válidos, o cuando ninguna candidatura supere otro porcentaje? Una medida presentada en la Cámara ha propuesto el 45 %. Esa alternativa merece análisis público y transparente, junto con sus efectos prácticos.

La reforma conlleva costos y una campaña más larga. También existe el riesgo de que menos electores participen en la segunda ronda. Son preocupaciones legítimas; por eso, la legislación debe procurar que el proceso sea accesible, comprensible y administrativamente viable. No son razones para cerrar el debate antes de escuchar al pueblo.

Apoyar la iniciativa no significa aceptar cualquier diseño sin examinarlo. Significa reconocer que las reglas electorales pueden mejorar y que una decisión de esta importancia merece discusión pública, votos legislativos y, sobre todo, la aprobación de la ciudadanía. La segunda vuelta no sustituye la voluntad del pueblo: le ofrece una oportunidad adicional para expresarla cuando la primera votación no produce una mayoría clara. Si queremos que quien gobierne comience su mandato con un respaldo más amplio, Puerto Rico debe debatir la propuesta y decidirla en las urnas.

Ángel Ortiz Guzmán es abogado y notario, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de Juris Doctor. Posee además una Maestría en Artes en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España, y un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. A lo largo de su trayectoria ha publicado varios libros sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, así como sobre derecho notarial, además de decenas de escritos relacionados con el derecho, la legislación y la política puertorriqueña.