Blanca y Suzanne: doble cartelera, escolta y papelón

Hay funcionarios que llegan al gobierno a servir. Otros llegan a servirse. Y después están los que parecen convencidos de que el gobierno es una producción de Netflix, con presupuesto público, drama incluido y una nueva temporada cada vez que alguien les pide explicaciones.

Esta semana, el Senado de Puerto Rico nos regaló una doble cartelera digna de las Grandes Ligas: Blanca Medina abrió el primer juego y Suzanne Roig Fuertes cerró el segundo. Pero la secretaria de la Familia, que aparentemente prefiere actuar como protagonista de novela antes que como administradora pública, decidió comenzar el espectáculo un día antes.

Resulta que la señora secretaria estaba tan preocupada por encontrarse con Blanca Medina que solicitó medidas especiales de seguridad para evitar coincidir con ella en los pasillos del Capitolio.

¡Ave María Purísima! ¡Qué peligro!

Una exfuncionaria con documentos, preguntas y ganas de hablar. ¡Que llamen al FBI, a los Navy SEALs y, si queda presupuesto, a Batman!

Porque hay que reconocerle algo a Suzanne: convertir una citación legislativa en un operativo de seguridad nacional requiere un talento que ni Hollywood ha sabido explotar.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, prácticamente le recordó que aquello era el Capitolio, no una zona de guerra. Y la Policía aclaró que ni siquiera había recibido una solicitud formal de escolta.

Pero la escena estaba montada. La secretaria que dirige una agencia responsable de proteger a familias vulnerables necesitaba protección para no cruzarse con una señora que, hasta hace poco, trabajaba bajo su administración.

¡Qué valor! ¡Qué temple! ¡Qué extraordinaria fortaleza institucional!

Llegó entonces Blanca Medina al montículo senatorial. Sin escoltas cinematográficas ni necesidad de dramatizar su entrada, comenzó a explicar cómo, según su testimonio, la presionaron para firmar un acuerdo de hasta $38.5 millones para Star Academy con fondos federales TANF.

Treinta y ocho millones y medio.

Una cantidad suficientemente grande como para construir escuelas, mejorar servicios o, por lo menos, comprarles un buen manual de ética gubernamental a algunos funcionarios.

Medina habló de presiones, advertencias legales y procedimientos cuestionables. Suzanne lo negó. Nada nuevo. En el gobierno, cuando aparece un problema, siempre hay alguien que no sabía, otro que no recuerda y un tercero que estaba casualmente de vacaciones.

Pero apareció una carta notificándole a NOLA Education que su propuesta había sido seleccionada. Y entonces comenzó el baile de las explicaciones: que si no era contrato, que si no hubo desembolso, que si aquello no significaba exactamente lo que decía.

¡Maravilloso! En Puerto Rico hemos inventado una modalidad administrativa en la que una adjudicación puede ser adjudicación sin ser adjudicación, dependiendo de quién esté contestando las preguntas.

Y cuando todavía estábamos tratando de entender el primer juego, llegó el turno de Suzanne.

Aquello tuvo de todo: confrontaciones, indignación, reclamos de respeto y lágrimas.

Porque cuando las preguntas comenzaron a incomodar, el libreto pareció cambiar. La controversia dejó de ser sobre contratos millonarios y pasó a girar alrededor de cómo se sentía la secretaria.

Y que conste: toda persona merece respeto. También una secretaria. Pero el respeto no se utiliza como chaleco antibalas contra la fiscalización pública.

Las lágrimas podrán conmover a la audiencia, pero no sustituyen documentos, no explican adjudicaciones y mucho menos contestan preguntas.

Si algo faltaba para completar este sainete tropical, apareció el capítulo de Nueva Orleans.

Resulta que hubo un viajecito a Luisiana, precisamente para conocer Star Academy, pagado con fondos TANF. Según trascendió, el costo ascendió a $7,610.80.

Y comenzaron a circular los nombres de los participantes. Además de la controversia sobre la participación de Roig, se identificó a personal administrativo y legal, incluido Juan Avilés, subadministrador de ADSEF, y Nicole Báez Ortiz, vinculada a la División Legal.

Pero entonces apareció otro nombre en los señalamientos difundidos públicamente.

¡Baby!

Sí, señores. ¡Baby!

El mismo nombre que ya había rondado controversias anteriores relacionadas con la secretaria. Según señalamientos de Bonita Radio, una persona identificada de esa manera habría formado parte del viaje. Su participación y función requieren corroboración documental.

Y uno se pregunta: ¿quién autorizó cada pasaje? ¿Quién decidió que esas personas debían viajar? ¿Qué informes produjeron? ¿Qué beneficios recibió ADSEF?

Porque para estudiar cómo funciona una academia en Nueva Orleans parece que hacía falta una delegación considerable. ¡Ni que fueran a descubrir la vacuna contra el rezago académico!

Claro, viajar por trabajo no es delito. Pero cuando el viaje termina vinculado a un contrato millonario que nunca se concretó y a una guerra administrativa que provoca destituciones, lo mínimo es presentar facturas, informes y explicaciones.

Y ahí está el verdadero problema de Suzanne Roig.

No es Blanca Medina. No son los senadores. No es la prensa. Tampoco es el supuesto peligro de encontrarse con alguien en un ascensor.

El problema es que cada explicación parece abrir tres preguntas nuevas.

Y mientras la secretaria dramatiza, el gobierno de Jenniffer González continúa absorbiendo el desgaste político de una funcionaria cuya gestión acumula controversias.

La gobernadora podrá defenderla cuantas veces quiera. Pero hay una diferencia entre respaldar a una integrante del gabinete y terminar cargando con cada uno de sus papelones.

Porque, a este ritmo, Suzanne no necesita una escolta. Necesita un libreto nuevo, un buen archivo de documentos y, sobre todo, una explicación que sobreviva al interrogatorio sin convertirse en melodrama.

La doble cartelera terminó. Blanca dijo lo suyo. Suzanne hizo lo suyo. Los senadores preguntaron. El país observó.

Y al final seguimos sin conocer todas las respuestas sobre los millones, el proceso de selección y el famoso viaje.

Eso sí, aprendimos algo extraordinario: en el Departamento de la Familia aparentemente hay presupuesto para viajar a conocer una academia, pero a su secretaria le falta tranquilidad para compartir un pasillo con quien fue su administradora.

¡Play ball!

Aunque, pensándolo bien, esto ya no parece béisbol.

Parece una competencia para ver quién logra hacer más papelones sin que lo saquen del juego.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.