AutoExpreso: ¿cobrar peajes o exprimir el bolsillo? -Opinión

El lunes 19 de octubre regresaron las multas de AutoExpreso. Y, fiel a nuestra tradición administrativa, el sistema digital tuvo problemas precisamente cuando miles de conductores intentaban verificar sus balances. La plataforma volvió a funcionar a las 9:30 de la mañana. ¡Qué alivio! La aplicación podía fallar, pero el calendario para multar no sufrió desperfecto alguno.

Aclaremos algo: no propongo viajar gratis por las autopistas. Las carreteras cuestan y los peajes deben pagarse. Lo que cuestiono es la lógica de castigar con $15 cada cruce sin balance que no se regularice dentro del término establecido. Si alguien atraviesa ocho estaciones, puede terminar con $120 en multas, además de lo adeudado por los peajes.

¿Ocho delitos económicos? No. Ocho estaciones y un mismo problema: la cuenta se quedó sin dinero.

Y aquí entra la historia. En 2015, el entonces representante Ramón Luis Cruz Burgos impulsó una reducción de las penalidades de AutoExpreso. Aquella reforma, recogida en la Ley 39, bajó de $100 a $15 la multa por falta de pago. La penalidad de $50 por circular sin el dispositivo correspondía a otra infracción. Conviene distinguirlo, aunque para el bolsillo todas dolieran igual.

Once años después, el representante José “Cheíto” Hernández Concepción presentó el Proyecto de la Cámara 1352 para reducir la multa de $15 a $5. La Cámara lo aprobó, pero enmendado a $10; ahora corresponde al Senado decidir. Bien por Cheito.

Pero tenemos que hacer una pregunta menos incómoda: ¿por qué discutimos el precio de cada multa y no si es necesario imponer una por cada peaje?

Vivimos en una isla donde la luz, los alimentos, la gasolina y los alquileres consumen el salario antes de que llegue la próxima nómina. Peor todavía, no todos cobran puntualmente. Hay empleados, suplidores y profesionales que denuncian meses de espera; los porteadores escolares conocen reclaman hasta un año sin cobrar. Conozco terapistas del habla y trabajadores T1 que tardan hasta 6 meses en cobrar una primera quincena.

Curioso país: el gobierno puede demorarse en pagarte, pero tú no puedes demorarte en pagarle al gobierno.Para sus obligaciones, paciencia franciscana. Para las tuyas, calculadora, multa y recargo.

Y no me vengan con que no existen alternativas.

En Florida, TOLL-BY-PLATE reúne peajes de 30 días en una factura, con un cargo administrativo de $2.50. La tarifa por matrícula puede ser más alta que la de SunPass y hay consecuencias por incumplir, pero se factura antes de castigar.

En Massachusetts existe una cuenta pospago: el conductor registra su tablilla y un método de pago, utiliza las vías y el sistema cobra cada 30 días. En Pensilvania, Toll By Plate agrupa los cruces de un ciclo mensual y concede 30 días para pagar o reclamar antes de añadir cargos por atraso.

Y Texas ofrece un detalle revelador. Con ZipCash, la primera factura concede 25 días para pagar los peajes sin penalidad por demora. Si se ignora, llega un aviso con $10 adicionales; el segundo añade $25. No son sistemas perfectos, ni todos utilizan las mismas tarifas, pero distinguen entre deber un peaje y negarse reiteradamente a pagarlo.

En Puerto Rico, en cambio, parece que necesitamos convertir cada cabina en una alcancía de sanciones.

Mi propuesta es sencilla: una factura mensual que acumule todos los peajes; 30 días para pagar; avisos accesibles por correo electrónico, mensaje y correo postal; oportunidad real de objetar errores; y, si la cuenta sigue vencida, una penalidad por factura, no por estación. Esa penalidad podría tener un máximo anual de $100, con planes de pago razonables. No una multa automática de $100 por deber tres dólares, sino un techo para evitar deudas absurdas.

Además, el gobierno ya cuenta con un mecanismo poderoso: no puedes renovar el marbete mientras mantengas peajes adeudados. Ese recurso debe usarse con garantías y opciones de pago, no como excusa para dejar de facturar durante un año, pero demuestra que no hace falta sembrar quince dólares de castigo en cada carril.

Hay un dato que explica por qué el asunto incomoda. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa citó una proyección de $61 millones en recaudos por multas de AutoExpreso para el año fiscal 2027, bajo el esquema de $15. No son ingresos realizados ni una demostración de que todas esas multas se cobrarán. Pero representan una expectativa fiscal considerable.

Y cuando el gobierno proyecta millones a partir de las equivocaciones del ciudadano, cabe preguntarse qué le conviene más: ¿que nadie se atrase o que todos se equivoquen?

Al Senado le toca decidir si la rebaja a $10 es el destino final de esta discusión o apenas el comienzo de una reforma más sensata.

De paso, podríamos imponerle al gobierno una multa por cada día que tarda en pagarle a un porteador o a un contratista. Seguro que entonces descubriríamos, milagrosamente, el valor de los términos razonables.

Porque una cosa es financiar las carreteras. Otra, convertirlas en una máquina de castigos.

El Senado tiene dos opciones: reformar el sistema para cobrar los peajes justamente o seguir administrando una fábrica de multas.

Legislar para aliviarle el bolsillo al ciudadano requiere voluntad. Para seguir vaciándoselo, basta con no hacer absolutamente nada.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.