Comité de Descolonización: Foro Importante para Puerto Rico

La propuesta de Estados Unidos de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la ONU no debería leerse como un simple debate de eficiencia administrativa. Para Puerto Rico, es una advertencia sobre el valor —y la fragilidad— de los espacios internacionales donde todavía puede discutirse, con voz propia, la naturaleza de nuestra relación política con Washington.

El C-24 no es un tribunal. Sus resoluciones no obligan al Congreso, , algunos concluyen apresuradamente que sus audiencias son teatro diplomático. Pero esa conclusión confunde falta de poder ejecutivo con falta de importancia. Un foro puede no decidir por nosotros y, aun así, servir para que el mundo escuche lo que aquí se calla, se minimiza o se convierte en simple eslogan electoral.

Puerto Rico fue retirado de la lista de territorios no autónomos en 1953. Esa decisión ha sido la base de la posición estadounidense: si la isla ya no está en la lista, el Comité carecería de competencia para seguir examinando su caso. Sin embargo, el C-24 ha mantenido audiencias anuales y ha aprobado más de cuarenta resoluciones reafirmando el derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación.

¿Han cambiado esas resoluciones nuestra realidad? No de manera directa. Pero han hecho algo que el discurso doméstico frecuentemente no logra: colocar a Puerto Rico en un contexto internacional. Las audiencias han permitido que organizaciones comunitarias, ambientalistas, sindicales, feministas, académicas y políticas presenten evidencia sobre deuda, austeridad, pobreza, migración, contaminación, desastres y representación política limitada.

La lista de peticionarios ya no es la de hace medio siglo. Antes predominaban las organizaciones independentistas; hoy participan voces de distintas ideologías y sectores. Esa pluralidad es precisamente lo que hace valioso el ejercicio. No se trata de que todos coincidan en la independencia; se trata de que puedan explicar, ante un auditorio internacional, cómo el estatus territorial condiciona la vida cotidiana de millones de personas.

El Gobierno actual ha optado por otra ruta: no comparecer como gobierno ante el C-24 y concentrar su esfuerzo en solicitar al Congreso la admisión de Puerto Rico como estado. Eso no debe confundirse con una respuesta completa al problema colonial. Pedir estadidad es una fórmula; ignorar el foro internacional es una estrategia. Y las dos cosas no son equivalentes.

Hay algo profundamente paradójico en que un gobierno que dice querer terminar con la desigualdad territorial rechace el único espacio multilateral que mantiene abierta la discusión sobre Puerto Rico. Puede argumentarse, con razón, que el C-24 es imperfecto y repetitivo. Pero rechazarlo sin construir una alternativa institucional deja a Puerto Rico dependiendo exclusivamente de la voluntad del Congreso estadounidense, precisamente la institución cuya inacción ha perpetuado el problema.

La crítica estadounidense al Comité tampoco es neutral. Washington sostiene que el C-24 repite textos, gasta recursos y se ha convertido en un escenario de confrontación ideológica. Puede haber algo de verdad en eso. Pero también es cierto que el Comité incomoda porque cuestiona relaciones de poder que ciertos Estados prefieren no revisar. No es casual que la propuesta de eliminarlo surja en un momento de menor compromiso de Estados Unidos con los organismos multilaterales.

Si desaparece el C-24, no desaparecerá la cuestión puertorriqueña. Seguira existiendo una isla sujeta a decisiones federales que no puede revertir democráticamente; seguirán existiendo comunidades que padecen las consecuencias de políticas diseñadas sin el  consentimiento pleno de los puertorriqueños. Lo que desaparecerá es un escenario donde esas realidades pueden nombrarse fuera del control exclusivo de Washington y de la política local.

Por eso, la pregunta correcta no es si el C-24 tiene poder para emanciparnos. No lo tiene. La pregunta es si Puerto Rico puede darse el lujo de perder el único foro internacional que, año tras año, mantiene abierta la conversación sobre su autodeterminación. La respuesta, me parece, es no.

Podemos criticar al Comité, exigirle mayor seriedad y rechazar sus excesos. Podemos discrepar con quienes usan la ONU para promover una fórmula de estatus específica. Pero no deberíamos celebrar la desaparición de un espacio de denuncia simplemente porque no resuelve todo. En política, los espacios de visibilidad también son espacios de poder.

Puerto Rico necesita resolver su estatus con dignidad, participación y claridad. Pero mientras esa solución no llegue, no conviene renunciar a los pocos lugares donde nuestra voz no depende de que alguien en Washington decida escucharnos.

Ángel Ortiz Guzmán es abogado y notario, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de Juris Doctor. Posee además una Maestría en Artes en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España, y un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. A lo largo de su trayectoria ha publicado varios libros sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, así como sobre derecho notarial, además de decenas de escritos relacionados con el derecho, la legislación y la política puertorriqueña.