A más de dos semanas de que un documento ponchado, firmado bajo una línea identificada con la frase “FBI SAN JUAN” y titulado como querella que imputa al equipo de trabajo de la comisionada residente Jenniffer González supuestos malos manejos de fondos federales para financiar su campaña primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) fuese filtrado en redes sociales, dos de los tres presuntos recipientes del documento de 11 páginas declinaron confirmar la existencia de la queja.
“El documento es una carta, no querella, que ni tiene firma, ni información del autor, y no la hemos recibido de manera oficial. No sé si han podido corroborar con algunas de las agencias federales a la que va dirigida la carta o al Congreso si en efecto la recibieron”, replicó la directora de comunicaciones de González Colón, Marieli Padró Raldiris, luego de que InDiario le enviara copia del documento de 11 páginas el pasado 12 de abril.
“De nuestra parte no emitiremos expresiones de un documento sin validez alguna”, sostuvo Padró Raldiris, quien también aparece mencionada en la supuesta querella suscrita pero no firmada por un hombre de nombre Carlos Díaz.
¿Qué dijo el Congreso y el FBI?
“No comment”, indicó en entrevista telefónica el Asesor Principal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, licenciado Tom Rust, al cuestionarle si el presidente del organismo Michael Guest, quien ostenta el cargo de legislador republicano para Distrito 3 del estado de Mississippi, había recibido una querella en contra de la comisionada residente. Al indagar sobre si su negativa a contestar se debía a que la ley u otros factores le impedían realizar expresiones sobre quejas recibidas que dan paso a investigaciones, Rust repitió que no comentaría al respecto.
A preguntas de InDiario a la portavoz de prensa del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico (FBI, en inglés) sobre si las querellas presentadas por ciudadanos son ponchadas por el empleado que las recibe en las oficinas en Hato Rey, la funcionaria federal fue hermética en su contestación.
“No confirmamos ni negamos la existencia de investigaciones, ni siquiera de querellas”, respondió Limary Cruz Rubio, quien tampoco comentó sobre si el sello que aparece en la primera página del documento es auténtico o no.
La presunta querella, que fue dirigida al Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Joseph González y el presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, narra serios conflictos de interés que supuestamente cometió la licenciada Verónica Ferraiuoli-Hornedo, quien desde octubre de 2017 se ha desempeñado como empleada bajo la supervisión de González-Colón, inicialmente a tiempo parcial y desde abril de 2019 como empleada a tiempo completo.
Según la queja, Ferraiuoli-Hornedo, quien es la esposa del conocido cabildero Francisco Domenech, actualmente ocupa el cargo de Jefa Adjunta de Personal y Asesora Legal y devenga un salario mensual estimado de $10,416. Domenech, quien también es abogado de profesión, funge como el director de la campaña de la comisionada residente que aspira a la gobernación por el PNP.
De acuerdo con la misiva, Ferraiuoli-Hornedo ha litigado en casos contra el gobierno de Estados Unidos mientras estaba empleada por la Cámara de Representantes, lo que pudiera presentar un conflicto de interés dado su acceso a información confidencial y privilegiada. Se le imputa además el gestionar casos privados durante horas laborales como empleada federal, lo que podría interpretarse como una malversación de fondos.
De acuerdo con el documento, Ferraiuoli-Hornedo representó a clientes privados, incluido el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, mientras su esposo era el cabildero de la misma institución y a pesar de trabajar en la Cámara de Representantes federal.
La queja también menciona a otros empleados en nómina de la comisionada residente en Washington como Padró Raldiris, quien dentro de la campaña de la aspirante a la gobernación por el PNP ocupa el puesto de directora de comunicaciones y prensa. Padró Raldiris devenga un salario aproximado de $11,000 al mes como directora de comunicaciones de la oficina congresional de González Colón, de acuerdo con el documento.
Orlando Pagán, quien ocupa el puesto de director de operaciones de campo en la campaña primarista y devenga alrededor de $8,000 mensuales como "Office Manager y Caseworker" de la comisionada, y la expresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Zaida “Cucusa” Hernández con sueldo de $5,000 mensuales como asesora legal, también fueron mencionados en la queja.
La presunta querella señala que los tres empleados congresionales están siendo utilizados en actividades políticas relacionadas con la campaña a la gobernación durante horas laborales regulares, lo cual podría ser inapropiado dado sus diferentes roles en la casa federal de las leyes. La implicación de empleados en la campaña política de un miembro del Congreso como González Colón durante horarios de trabajo es central en las imputaciones planteadas a lo largo del escrito.
La identidad del presunto autor del documento, el consultor Carlos Díaz, sigue siendo un misterio.