Por: John E. Mudd
Abogado y analista legal
Los medios están completamente dedicados a las elecciones. La discusión en la radio, television y prensa escrita es sobre qué dijo quién sobre más cual, lo último del candidato o candidata X y sus planes para hacer un Puerto Rico perfecto. Todo es una banalidad.
Durante la administración de Fortuño, se llegaron a acuerdos, expandidos por García Padilla, para que en 69% de las regiones judiciales los casos de Drogas y Armas pasaran a a la jurisdicción federal. Bajo Fortuño, la Policía fue puesta bajo un monitor federal y sujeto a las deciones de un Juez del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico.
El 30 de junio de 2016, el Congreso aprobó PROMESA. De ahí en adelante, la Constitución de Puerto Rico (a su vez un estatuto que fue aprobado por el Congreso) fue supendida en partes. El presupuesto de Puerto Rico es decidido por la Junta y así lo ha hecho desde el año fiscal 2017-2018. Durante ese periodo, solo un presupuesto ha sido desarrollado por el Gobierno de Puerto Rico (con fuertes insumos de la Junta).
Robert Mujica ha dicho que el último presupuesto no fue desarrollado por el Gobierno de Puerto Rico y por ende no cuenta, de ser balanceado, para los cuatro presupuestos consecutivos necesarios para la salida de la Junta bajo la sección 209 de PROMESA. Más aún, el Presidente de la Junta, David Skeel, ha dicho que se necesitan los estados financieros auditados para estar seguro de que los presupuestos sean balanceados.
Como estamos dos años atrasados en los mismos, lo más temprano que la Junta saldría sería el 2031. Además se requiere bajo la Sección 209 que la Junta certifique que Puerto Rico puede ir a los meracados a tomar prestado a intereses razonables. Para eso, sin embargo, se necesita que las casas acreditadoras califiquen la deuda de Puerto Rico y eso no ha ocurrido aún y no hay indicios de que ocurra pronto.
Además, el Departamento de Energía es el que está dirigiendo la transformación del sistema eléctrico. Bajo Trump, en esencia el Departamento de Energía requirió que se privatizara la AEE. Como nadie la quiso comprar, se tuvo que pasar la administración a LUMA y GENERA. El Departamento de Educación está también bajo sindicatura, evidenciado por los tibios esfuerzos de la administración Pierluisi de decentrarlizar el mismo empujados por el Secretario de Educación federal, Miguel Cardona.
Si Puerto Rico elige un nuevo gobierno, este tendrá que enfrentar la realidad de que el presupuesto, incluyendo en que se gasta el mismo, lo decide la Junta. La Junta decide qué leyes que sean aprobadas se pondrán en vigor. Técnicamente es la Juez Swain, pero ella ha concedido todos los esfuerzos de la Junta para ello, confimada por el Primer Circuito de Apelaciones.
Así que si le quieren dar más dinero a la UPR o a los Municipios, tendrán que convencer a la Junta. Si quieren dar más derechos a los trabajadores o aumentar el salario mínimo, tendrán que convencer a la Junta. Estamos sujetos a las decisiones de un cuerpo nombrado por el Congreso que no responde a los electores. Por ende, las elecciones son una banalidad.