Criollos de Caguas acusan al DRD de violar reglamentos y alargar proceso que deja fuera a sus jugadores

Los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Clase A denunciaron ante tres tribunales distintos un supuesto patrón de irregularidades, inacción y violaciones al debido proceso por parte del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que culminó con la exclusión de varios de sus jugadores desde la pasada temporada hasta la que está en curso.

A través de una reclamación judicial presentada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan el 25 de junio por el apoderado del equipo, Pedro Janer Martínez, se detalla cómo desde septiembre de 2024 los Criollos fueron suspendidos informalmente tras un incidente de violencia en un partido contra los Indians de Caguas en la temporada anterior, sin que se les notificara una querella formal ni se les diera acceso a la prueba en su contra.

Según el recurso legal mediante el mecanismo extraordinario de entredicho provisional e injunction preliminar, las vistas para atender lo ocurrido se convocaron mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas fuera del marco legal aplicable. Además, señalan que los árbitros que supuestamente los acusaban no comparecieron y que los informes sobre el incidente se entregaron fuera de término reglamentario.

“La comunicación enviada al entonces secretario del DRD nunca fue contestada”, denuncia la parte demandante sobre el extitular de la agencia, Reynaldo "Ray" Jones Quiñones Vázquez. El equipo asegura haber pagado las cuotas, presentado su róster y cumplido con todas las obligaciones en anticipo a la temporada 2025 que comenzó el 22 de junio. Aun así, alegan que fueron notificados informalmente de que los jugadores suspendidos no podían participar del torneo.

En su escrito, el equipo calificó el proceso como una “farsa procesal” y subrayó que el DRD, que desde este año es dirigido por Héctor Vázquez Muñiz, impuso condiciones irrazonables al exigir apelaciones individuales con pagos excesivos para cada jugador sancionado. La demanda añade que hubo un trato desigual con los Indians de Caguas, cuya apelación fue atendida “con celeridad y sin la participación” de los Criollos.

Cónsono con este proceso judicial, la novena de Caguas recurrió al Tribunal de Apelaciones en una solicitud de auxilio al conocer que el caso en el Tribunal de Instancia demoraría, lo cual a su juicio les causaría un daño irreparable dado a que la temporada estaba en curso y el equipo estaba próximo a celebrar su primer juego.

“Con el partido inaugural pautado para este domingo, quedan menos de 72 horas para que este Tribunal pueda impartir un remedio que evite el daño irreparable”, solicitaron, sin recibir una respuesta por parte del tribunal revisor, que se limitó a proveerle a los demandados hasta el 11 de julio para expresarse.

El 26 de junio y con menos de tres días para iniciar el primer partido, los Criollos reiteraron la urgencia del caso vía moción al Tribunal de San Juan, la cual provocó que la jueza Iris Cancio González dictara una sentencia parcial denegando parte de lo solicitado. "Así las cosas, el demandante no ha alegado que haya presentado la reconsideración a la que tenía derecho como le apercibió el Oficial Examinador. Sin embargo, el 18 de febrero y el 10 de marzo de 2025, el señor Janer envió comunicaciones al actual secretario del DRD, Hon. Héctor Vázquez Muñiz, solicitando que atendiera la situación de su equipo de cara a la temporada 2025", reza parte de la determinación que ordenó que se reasignara la controversia a una sala civil regular, por entender que no se probó que existía una urgencia para atender el asunto.

En una Urgente Solicitud de Certiorari, radicada el 3 de julio, los Criollos tocaron la puerta de un tercer tribunal. El equipo planteó ante el Tribunal Supremo que el Tribunal de Apelaciones cometió un error al denegar la moción de auxilio de jurisdicción y al no actuar de inmediato para evitar daños irreparables. Según el documento, se reafirmaron en que el DRD actuó fuera de su jurisdicción al imponer sanciones sin querella formal ni debido proceso, convocando vistas mediante WhatsApp y exigiendo un pago de $4,500 para atender apelaciones individuales, lo que calificaron como actos ultra vires. Adujeron además que el procedimiento administrativo era tan defectuoso que representaba una barrera económica y no un remedio adecuado en derecho, lo cual dejaba al equipo sin una vía efectiva para defenderse mientras se le exigía competir con un equipo incompleto.

La reclamación del equipo cagüeño también advertía que la novena enfrentaría otra doble jornada el 6 y el 13 de julio, comprometiendo casi la mitad de la corta temporada de 16 juegos en estado de indefensión y con pérdidas económicas para los jugadores y el apoderado. Por ello, los Criollos pidieron que se declarara ha lugar su recurso y que el Supremo corrigiera la inacción del foro apelativo para proteger el debido proceso de ley y evitar el daño continuado.

Ya comenzado el torneo, el Tribunal Supremo también se negó a actuar. Sin embargo, al igual que el equipo de pelota, instaron al foro revisor a que lo haga con premura.

“Estamos confiados en que el Tribunal de Apelaciones resolverá el recurso ante su consideración con la celeridad que amerita”, reza la resolución del Supremo suscrita por la Sala de Verano compuesta por los jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón, Rafael Martínez Torres y la jueza Mildred Pabón Charneco.

¿Cuántos jugadores fueron afectados?

De acuerdo con la demanda original. la situación de los peloteros ha evolucionado en varias etapas. En septiembre de 2024, tras el incidente con los Indians, fueron suspendidos inicialmente 10 jugadores de manera informal, sin que supuestamente mediara una querella ni un procedimiento adecuado. Posteriormente, en octubre, esa suspensión fue formalizada por 20 juegos contra esos mismos 10 jugadores, aun cuando la temporada tiene solo 16 partidos.

Al acercarse el inicio de la temporada 2025, en junio de este año, el DRD notificó al equipo que al menos 4 jugadores de esa lista inicial no podrían participar en el torneo. Más adelante, se sumó un quinto jugador a esa lista de suspendidos, un nombre que ni siquiera figuraba en las decisiones anteriores, lo cual elevó a 5 los peloteros efectivamente excluidos para la temporada vigente.

Los Criollos sostienen que esto los dejó con apenas 20 jugadores disponibles, cuando el reglamento permite un máximo de 25, obligándolos a competir con una plantilla incompleta y jugadores fuera de posición, lo que, según alegan, afecta gravemente su desempeño y equidad en el torneo.

Al cierre de este escrito, la agencia no había expresado públicamente su posición sobre este tema. Tampoco lo había hecho en los tres procesos judiciales en curso. Sin embargo y a solicitud de InDiario, la agencia envió a través de su oficina de comunicaciones las siguientes declaraciones atribuidas a su División Legal.

"Las preguntas formuladas parten de premisas erróneas y/o información incompleta. Se están dando por ciertas alegaciones que, en su momento, corresponderá evaluar a los foros correspondientes. El Torneo de Béisbol Clase A, que es el más antiguo en Puerto Rico, cuenta con un promedio de 80 equipos por temporada. En la actual, participan 81. Uno, de los sobre 80 equipos participantes, es el único que ha expresado inconformidad con medidas adoptadas por el Departamento para sancionar actos violentos en el deporte. De entenderse necesario, las recomendaciones levantadas por el equipo, al igual que las que pueda exponer cualquier otro, podrán considerarse de repetirse algún incidente similar de agresiones y/o conductas no permitidas en el Torneo. El Reglamento aplicable es el #9558 de 10 de mayo de 2024. A la fecha, este Reglamento no ha sido impugnado y es el que regula el Béisbol Clase A. Todo jugador y todo equipo participante del Torneo se compromete a cumplir con los criterios ahí establecidos", contestaron anejando una copia de su normativa vigente.

Mientras este medio recibía esta respuesta, la representación legal del DRD presentó por primera vez un escrito judicial para anunciar a los abogados que los defenderán y para pedir tiempo para prepararse, lo cual implica que la solución de la controversia se extenderá aún más.

Por otro lado, debido a que la parte demandante actualmente se encuentra litigando el caso antes los tres foros, esto es, el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo, muy respetuosamente solicitamos una prórroga de veinte (20) días para prepararnos adecuadamente y presentar una alegación responsiva. De ser concedida según solicitada, la prórroga vencera el 29 de julio de 2025", indicaron en el escrito.