Dueños de máquinas de azar abogan por mayor aportación al retiro de la Policía

Los Dueños Mayoristas de Máquinas de Juegos de Azar, licenciados por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, hicieron un llamado a esclarecer su rol dentro de la industria del entretenimiento y a eliminar el estigma de ilegalidad asociado a sus operaciones. Además, propusieron cambios en la distribución de los ingresos generados por estas máquinas para fortalecer el retiro de la Policía.

Jaime Alex Irizarry, exdirector de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y portavoz del grupo de dueños mayoristas, destacó que el sector ha enfrentado un proceso de formalización complejo debido a implicaciones legales y falta de información. Subrayó que la Ley 11 establece que cualquier máquina que opere fuera de la regulación constituye un delito penal, con multas de hasta $10,000 para los dueños de negocios.

Irizarry enfatizó la necesidad de redirigir los ingresos generados por estas máquinas hacia el retiro de la Policía, resaltando que "el mismo gobierno, en voz de la primera mandataria, ha manifestado recientemente su preocupación sobre este tema; lo que se esté recaudando, cómo se maneja, y estamos seguros de que abogará porque sea una cantidad razonable y digna, como merece nuestra fuerza de ley y orden".

Los Dueños Mayoristas licenciados presentaron una serie de ajustes para fortalecer el retiro de los policías sin afectar ingresos recurrentes ni generar impacto fiscal negativo. Entre sus propuestas se incluyen:

Reasignación del 22.5% de los ingresos gubernamentales: elevar del 55% al 85% la aportación al retiro de la Policía, destinando un 10% a la Comisión de Juegos para fiscalización y erradicación de la ilegalidad, y un 5% a AMSCA para programas contra la ludopatía.

Incremento en la aportación por licencias: las licencias de $400 aumentarían su contribución al retiro de $50 a $300, mientras que las de $1,500 pasarían de $450 a $1,000.

Distribución de ingresos por multas: 50% se destinaría al retiro de la Policía y 50% al Fondo General.

Eliminación del requisito de $12 millones exigidos por la JSF al Fondo General, permitiendo que los ingresos fluyan directamente al retiro sin necesidad de subsidios gubernamentales.

Aplicación del 22.5% de contribución gubernamental a otras actividades: incluyendo las máquinas del Hipódromo Camarero y Light & Wonder, así como las apuestas deportivas, donde se propone destinar un porcentaje similar al retiro de la Policía.

Irizarry subrayó que la formalización de la industria debe preceder a la recaudación, ya que de lo contrario se genera resistencia a la legalización y un aumento en la operación clandestina. "No hacerlo ha generado dos problemas: resistencia a la formalización, ya que los impuestos elevados desalientan a quienes desean operar legalmente; y, aumenta la ilegalidad, porque operar al margen de la ley resulta más ventajoso para algunos", explicó.

Finalmente, reiteró el compromiso del sector con la Policía de Puerto Rico: "Estamos dispuestos a soportar la carga impositiva de esta ley, pero solicitamos que ahora, una vez aprobado el nuevo reglamento, se comience la actividad brindando todas las garantías para el éxito de los recaudos y la eliminación de la ilegalidad. Es hora de garantizarles un retiro digno".