Presentan férrea resistencia para fiscalizar industria de paneles solares
DACO dio un giro de 180 grados en su posición sobre paneles solares al alegar falta de recursos
Una medida cameral que busca enmendar la ley orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para otorgarle a la agencia la facultad de fiscalizar la venta y adquisición de sistemas de generación solar recibió fuerte oposición del sector privado y de algunas agencias públicas.
Lo más sorprendente, sin embargo, fue el giro de 180 grados que dio el propio DACO. La agencia había respaldado la medida en pasadas administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero la nueva secretaria, Valerie M. Rodríguez-Erazo, ahora argumenta que no cuentan con los recursos necesarios para asumir dicha jurisdicción.
Durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Rodríguez-Erazo —a través de una ponencia leída por la jueza administradora de DACO Yasiris Torres Rivera— explicó que la agencia enfrenta “restricciones significativas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal”, lo cual ha resultado en una plantilla limitada de inspectores, abogados y personal técnico especializado en energía renovable.
“Debemos reiterar que, tal como está redactada la medida actualmente, el Departamento de Asuntos del Consumidor no puede apoyarla. Esta posición responde a que no contamos con los recursos técnicos, humanos ni presupuestarios para asumir la jurisdicción que propone esta legislación”, indicó la Secretaria.
DACO solicitó limitar su jurisdicción al ámbito publicitario y de prácticas comerciales, a fin de fortalecer la coordinación con el Negociado de Energía y otras agencias con funciones similares.
Una de las pocas voces a favor de la medida fue la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que denunció que “cualquier cláusula de arbitraje contenida en estos contratos resulta contraria al interés público”.
“Nuestra experiencia ha demostrado que la intención detrás de dichas cláusulas es evadir la jurisdicción de las agencias gubernamentales reguladoras, tornándose contrarias a la ley y al orden público”, expresó su directora, Hannia Rivera Díaz.
DACO reconoce quejas como prioridad
A pesar de su oposición a la medida, la representante del DACO reconoció que las querellas contra la industria de energía solar son una prioridad. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, se registraron 602 querellas, en su mayoría relacionadas con garantías, incumplimientos de contrato y publicidad engañosa. Las regiones con mayor número de quejas fueron Ponce, Mayagüez y Arecibo.
Por su parte, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) presentó un estudio comisionado que indica una baja en la tasa mensual de querellas, a pesar del aumento acelerado en la instalación de sistemas solares. Según SESA, el promedio mensual de instalaciones asciende a 4,289, mientras que DACO recibe unas 44 querellas al mes.
“Toda querella, simple o compleja, es importante y debe atenderse con justicia y celeridad. De las 44 querellas que recibe DACO mensualmente, algunas incluso son por error o son de jurisdicción de otra agencia”, sostuvo el presidente de la Asociación, licenciado Javier Rúa-Jovet, quien calificó como “inconstitucional” la medida legislativa, al considerar que interfiere con contratos privados y procesos de arbitraje.
Otras compañías, como Power Solar y Windmar Home, también rechazaron el proyecto al considerar que atenta contra la validez de los contratos privados. Power Solar advirtió que el Proyecto de la Cámara 193 “amenaza con interrumpir el modelo de financiamiento que ha democratizado el acceso a la energía solar en Puerto Rico” al pretender invalidar cláusulas contractuales “válidas y necesarias”.
El principal ausente durante la vista fue LUMA, la entidad privada encargada de la administración del sistema de transmisión eléctrica en Puerto Rico, la cual también se ha ausentado en ocasiones anteriores de las sesiones convocadas para atender este proyecto.
“Realmente es una falta de respeto… Me hubiese gustado que LUMA estuviese presente para darle la cara al pueblo de Puerto Rico”, indicó el representante Robles Rivera.
