Junta de Consejeros Profesionales sería forzada a reconocer licencias de otros estados
Aunque reconoció que nunca firmó acuerdos de reciprocidad en 23 años, tendrían que aceptar licencias profesionales de EE.UU. gracias a la Legislatura
La inacción histórica de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico, que en 23 años no firmó ni un solo acuerdo de reciprocidad con ninguna jurisdicción de Estados Unidos, está a punto de ser sacudida por mandato legal.
Un proyecto aprobado ayer por la Asamblea Legislativa y enviado a la gobernadora Jenniffer González Colón busca imponer por ley el reconocimiento de licencias profesionales emitidas en otros estados, lo que forzaría a la Junta a abandonar su modelo cerrado y adoptar mecanismos modernos de convalidación.
La medida, titulada “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico”, representa un intento legislativo de corregir la falta de movilidad profesional que afecta a miles de puertorriqueños. De convertirse en ley, obligará a todas las juntas reguladoras de la isla —incluida la de Consejeros Profesionales— a emitir licencias a solicitantes de otros estados que ya posean una licencia válida y cumplan con requisitos razonables como experiencia mínima, buena conducta profesional y estar al día con sus credenciales.
El trámite legislativo concluyó ayer, martes en la Cámara de Representantes, quienes aprobaron la medida con 50 votos a favor y 3 en contra. Esta acción ocurrió un día antes de que InDiario revelara, mediante una certificación oficial de la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales del Departamento de Salud que fue solicitada el 15 de junio bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedido de Acceso a Información Pública que la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales no había firmado ni un solo acuerdo de reciprocidad desde su fundación en 2002.
No tener acuerdos de reciprocidad significa que si un residente de Puerto Rico estudia, se gradúa como consejero profesional, toma su reválida en Puerto Rico y obtiene su licencia tras completar 500 horas de práctica supervisada, esta no le sirve para laborar en otros estados de Estados Unidos, aunque haya cumplido con todos los requisitos aquí. Tendría que empezar el proceso desde cero en cada estado donde quiera trabajar.
De la misma manera, un consejero que tenga licencia en estados como Florida, Texas o Nueva York tampoco puede ejercer automáticamente en Puerto Rico. Tendría que cumplir con todos los requisitos locales como si nunca hubiera trabajado en otra parte.
Esto es un gran obstáculo para los profesionales porque limita sus oportunidades de empleo y crecimiento. En otros lugares, más de 30 estados ya han hecho acuerdos entre sí para aceptar licencias de otros estados, lo que facilita moverse o trabajar a distancia.
Irónicamente, esta admisión coincidió con una publicación en la página de Facebook de la Junta celebrando su participación en un congreso nacional sobre mejores prácticas regulatorias, donde expresó su compromiso con “fortalecer la ética, el bienestar profesional y la calidad de los servicios”.
Pero la retórica de modernización quedó en evidencia al contrastar con los hechos. Hasta ahora, cualquier profesional licenciado en Estados Unidos que quiera ejercer en Puerto Rico debe cumplir con todos los trámites locales desde cero. Al mismo tiempo, consejeros formados en la isla que desean ejercer en cualquiera de los 50 estados deben iniciar procesos completos de revalidación.
Con la aprobación legislativa del nuevo proyecto de ley, esta dinámica podría cambiar drásticamente. Las juntas tendrán un plazo de 30 días para evaluar solicitudes y emitir una respuesta. Si no lo hacen, deberán conceder de inmediato una licencia provisional válida por 30 días mientras se completa el proceso. Además, deberán aceptar solicitudes basadas en experiencia laboral de al menos tres años, incluso si el solicitante proviene de un estado donde no se exige licencia para esa profesión.
La ley también establece que el Departamento de Estado y las juntas locales tendrán 180 días desde su aprobación para crear o enmendar reglamentos que viabilicen la convalidación. Este punto es especialmente relevante para la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales, cuyo reglamento general permanece intacto desde 2008.
El problema de la reciprocidad ha sido ampliamente documentado como un obstáculo económico y profesional. Mientras más de 36 estados de Estados Unidos han adoptado modelos de portabilidad y acuerdos interestatales, Puerto Rico se mantuvo al margen por décadas.
En contraste con la dejadez local, a nivel continental al menos 37 estados y el Distrito de Columbia han aprobado legislación para adherirse al Counseling Compact, un acuerdo interestatal que permite a consejeros licenciados en un estado miembro obtener privilegios para ejercer en otros estados sin necesidad de tramitar una nueva licencia, siempre que cumplan requisitos uniformes .
Por ejemplo, Washington D.C. se unió en diciembre de 2024, y estados como Georgia, Maryland y Alabama aprobaron su adhesión entre 2021 y 2022.
Aunque el nuevo marco legal contenido en el proyecto de ley aprobado por la Legislatura no crea un pacto interestatal formal, sí impone el reconocimiento funcional de licencias del exterior, sin depender de la voluntad de la Junta para firmar acuerdos bilaterales.
Si la gobernadora Jenniffer González estampa su firma en la medida en los próximos días, esta ley no solo corregirá una dejadez regulatoria de más de dos décadas, sino que colocará a Puerto Rico en sintonía con las mejores prácticas nacionales en materia de movilidad profesional, libre empresa y acceso a servicios esenciales como la salud mental.
