Contralora refiere a Justicia caso de empleo temporero en Arroyo
También señala en otro informe pagos cuestionables en el Municipio de Quebradillas
Por Redacción InDiario|Noticias|
La contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, refirió al Departamento de Justicia una investigación relacionada con presuntas irregularidades en los registros de asistencia de un participante del Programa de Experiencia de Trabajo/Empleos Temporeros por Desastre, adscrito al Municipio de Arroyo y administrado por la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI). La investigación surgió a raíz de una querella en la que se alegó que el participante trabajaba para el municipio mientras cursaba estudios presenciales en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
Según la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), el participante trabajó en el Municipio de Arroyo desde el 14 de junio hasta el 31 de diciembre de 2024 y recibió $15,237.52 en salario neto, sufragado con fondos provenientes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). La evidencia recopilada incluyó certificaciones de AMSI, documentos académicos del RUM y entrevistas realizadas durante el proceso investigativo.
La pesquisa reveló que, durante el semestre de agosto a diciembre de 2024, el participante estaba matriculado en cinco cursos presenciales e híbridos en Mayagüez, cuyos horarios coincidían en múltiples ocasiones con horas reportadas como trabajadas en Arroyo. Profesores universitarios certificaron su presencia física en varias fechas, y la OCPR identificó seis ocasiones específicas en las que el participante reportó estar laborando mientras asistía presencialmente a clases: 12, 21 y 28 de agosto, y 16, 23 y 30 de octubre de 2024.
Además, la Oficina de la Contralora identificó conflictos de horario en otros 27 días entre el 13 de agosto y el 5 de diciembre de 2024, aunque en esos casos no se obtuvieron certificaciones adicionales de presencia física en los salones. Para la OCPR, la documentación examinada reflejó incompatibilidades entre las obligaciones académicas y laborales del participante, lo que levanta dudas sobre el uso correcto de fondos públicos.
El informe señala que las circunstancias podrían constituir un uso indebido de fondos provenientes de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral, conocida como WIOA, destinada a promover empleo, capacitación y desarrollo laboral. La Contralora también emitió un referido a AMSI para que examine los hallazgos y adopte las medidas administrativas correspondientes.
Vega Fournier sostuvo que las entidades gubernamentales deben contar con controles adecuados para garantizar que los fondos asignados a programas de empleo se utilicen conforme a la ley y a los fines para los cuales fueron aprobados. La OCPR recomendó al alcalde de Arroyo fortalecer los mecanismos de supervisión sobre participantes de programas administrados por AMSI, incluyendo la validación de asistencias y el cumplimiento de las funciones asignadas.
Quebradillas enfrenta señalamientos por pagos indebidos y contratos
En un informe separado, la Contralora divulgó una auditoría al Municipio de Quebradillas que identificó pagos indebidos, contrataciones irregulares y deficiencias administrativas durante el período del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2023. La auditoría emitió una opinión cualificada por seis hallazgos relacionados con contratación gubernamental, compras, permisos, documentos públicos e inventarios de propiedad municipal.
El informe identificó $922,922 en pagos vinculados a dos hallazgos principales: $513,233 pagados en exceso de lo contratado para la adquisición de asfalto y $409,689 desembolsados por servicios de acondicionadores de aire a una corporación cuyo presidente no tenía la licencia requerida de técnico de refrigeración y aire acondicionado.
En el caso del asfalto, la OCPR sostuvo que el municipio formalizó en septiembre de 2022 un contrato por $15,000, pero luego emitió órdenes de compra y realizó pagos que totalizaron $528,233 sin enmendar el contrato para aumentar la cuantía. La Contralora también señaló que el municipio fraccionó trabajos de repavimentación mediante dos contratos por $381,215, lo que, según el informe, evitó el requisito de subasta pública formal.
La auditoría también encontró que las mejoras a la Plaza Pública Municipal comenzaron sin el permiso de construcción requerido, el cual fue obtenido 304 días después del inicio de los trabajos. Además, se identificaron compras sin las cotizaciones mínimas requeridas, deficiencias en el manejo de documentos públicos y falta de inventarios físicos anuales de propiedad durante cinco años fiscales.
La Oficina de la Contralora recomendó recobrar de los funcionarios, contratistas o fianzas responsables los $513,233 pagados contrario a la ley por asfalto y los $409,689 pagados por servicios de acondicionadores de aire. También recomendó a Justicia y a la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado evaluar el hallazgo relacionado con las licencias requeridas.
