A solo días de que se celebren las primarias en Puerto Rico y en momentos en que varios contratos otorgados por el Departamento de Educación (DE) han sido objeto de escrutinio público y hasta de revisiones judiciales, un requerimiento de propuestas recientemente publicado pudiera ser cuestionado en cualquier momento por varias irregularides en su contenido, términos y requisitos.
Se trata del "Request for Proposal for Grants Management Services for Retrofit Design of 50 School", publicado en el portal de licitaciones del DE el pasado miércoles, 22 de mayo. A través del RFP, la agencia busca propuestas de empresas calificadas para ofrecer servicios de gestión de subvenciones para la recuperación de desastres. Estos servicios incluyen la revisión de solicitudes de reembolso o adelantos de fondos de recuperación de desastres, la supervisión de funciones de contabilidad, gestión de presupuestos, entre otras funciones sobre manejo de fondos federales.
Quien cumpla con todos los requisitos que aparecen en el RFP de 27 páginas obtendrá un contrato para manejar sobre $300 millones de manera eficiente, tanto para los desastres actuales como para los futuros que puedan ocurrir durante la vigencia del acuerdo. Se espera que la empresa seleccionada brinde apoyo y asistencia técnica relacionada con la Asistencia Pública de FEMA para todos los desastres declarados a nivel federal y cualquier otro desastre que ocurra mientras el contrato esté vigente.
Evidentes irregularidades
En un análisis del documento y sus anejos, InDiario detectó varias irregularidades que pudieran ser contrarias a la ley federal.
El RFP solo otorga un plazo de nueve días calendario (7 laborables) para recibir propuestas y limita la evaluación de proponentes a solo aquellos que hayan completado el mismo día en que la solicitud fue publicada uno de los documentos complementarios que se incluyen en el portal web del DE.
Ademas, y aunque el documento detalla ciertos requisitos con los que deben cumplir las empresas que sometan propuestas, en ninguna parte se establece que el proponente debe tener experiencia previa como "Grants Manager". Estos aspectos dentro del RFP que publica la agencia encargada de la enseñanza pública de nuestros niños levantan serios cuestionamientos sobre la pulcritud de los procesos para otorgar este contrato.
InDiario cursó durante la tarde de hoy, viernes, un requerimiento de información y documentos al Departamento de Educación para que detallen cómo el RFP tal y como fue publicado cumple con la ley. Al cierre de este escrito esta noche, no se ha recibido contestación.
El Título 2 del Código de Regulaciones Federales (CFR, en inglés), sección 200, establece los pasos administrativos uniformes, principios de costos y requisitos de auditoría para subvenciones federales que los gobiernos estatales, locales y tribales, así como instituciones de educación superior (incluyendo universidades) y organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales deben seguir.
Dicha regulación exige que en las transacciones de adquisiciones de propiedad o servicios bajo una subvención federal se aseguren competencia plena y abierta. Además, enumera situaciones que se consideran restrictivas para la competencia, tales como imponer requisitos irrazonables a las empresas, exigir experiencia innecesaria y fianzas excesivas, y cualquier acción arbitraria en el proceso de selección.