Daddy Yankee lleva a su ex al tribunal federal por desaparición de evidencia de sus empresas

Una batalla legal de proporciones millonarias ha estallado en la esfera federal. Ramón Ayala, conocido globalmente como “Daddy Yankee” demandó a su ex esposa Mireddys González Castellanos y a su ex cuñada Ayeicha González Castellanos por supuestamente borrar y ocultar información crítica de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris, en lo que se describe como “un acto deliberado de sabotaje corporativo”.

La demanda, radicada en el Tribunal Federal de Puerto Rico, señala que durante al menos cuatro años, del 2020 al 2024, se habrían eliminado correos electrónicos y archivos esenciales relacionados con operaciones millonarias, incluyendo la venta de su catálogo musical y la gira internacional “La Última Vuelta”.

Los documentos judiciales acusan a las hermanas González-Castellanos de haber violado leyes federales como el Computer Fraud and Abuse Act y el Stored Communications Act, al acceder sin autorización a una cuenta de correo corporativa justo antes de ser obligadas a entregar el control de las empresas al artista, quien legalmente preside ambas entidades.

La eliminación de los correos y archivos se habría realizado justo antes de que se entregara la contraseña al nuevo equipo de manejo, lo que según la demanda, dejó a las empresas sin forma de reconstruir sus finanzas, operaciones o historial legal en uno de los periodos más productivos de la carrera del artista.

Consultado por InDiario, el abogado y analista legal Guillermo San Antonio-Acha explicó la gravedad de las reclamaciones.

“Del 2020 al 2024 hubo información, correos electrónicos, record, que según las corporaciones que demandan, no aparecen, se borraron, se esfumaron. Se les demanda a ellas porque son funcionarias de esa corporación, tenían responsabilidad de lealtad, de fiducia con esas corporaciones. Hay dos reclamaciones; uno, injunction para que se ordene se devuelvan la información que no está disponible y hay otra demanda de daños, que imagínate, el catálogo musical del artista, toda la información necesaria y vital en este caso como Daddy Yankee está contenida ahí y de momento se esfumó y me parece son alegaciones serias. Puede tener consecuencias grandísimas para ellas desde el punto de vista económico… tiene una consecuencia, por así decir, alta, una posibilidad alta si se prueban las alegaciones de esa demanda”.

La disputa escaló tras la separación de la pareja y una cadena de intentos del artista por obtener información básica de sus negocios. Tras más de un año de negativas por parte de su exesposa y excuñada, quienes fungían como presidenta y tesorera de sus empresas, respectivamente, Daddy Yankee obtuvo una orden judicial en diciembre de 2024 que le devolvió el control corporativo. Fue entonces que, según la demanda, se descubrió que miles de correos y documentos habían sido borrados del servidor corporativo, incluyendo información bancaria, contratos, y comunicaciones con terceros.

Pese a intentos forenses y solicitudes a Google, proveedor del servicio de correo, los datos ya no pudieron ser recuperados.

Sobre por qué este caso se ventila a nivel federal y no en el foro estatal donde ya había litigios en curso, el licenciado San Antonio-Acha explicó las razones.

“Hay dos leyes federales que protegen, la custodia de esos datos y la manipulación de información que está contenida en records electrónicos, en este caso se invocan esas dos leyes federales para dar jurisdicción federal. Yo creo que como ellos han tenido ya litigios tanto en San Juan como en Carolina, en el Tribunal Federal como un foro adicional, me parece que trabaja un poco más ágil… eso le da una cancha adicional, sobre todo al demandante, para reclamar”.

Las empresas, alegan daños de al menos $2 millones sin contar los daños punitivos que podrían elevar esa cifra a $10 millones, según la solicitud de remedios. Pero más allá del ámbito civil, la dimensión de los hechos levanta preguntas sobre si eventualmente podría abrirse una puerta a consecuencias penales.

Al preguntarle a San Antonio-Acha si la gravedad de los alegatos podría activar el interés de autoridades federales, su respuesta fue directa.

“En las demandas no plantean eso ahora, pero en la medida que pueda probarse algún tipo de fraude, algún tipo de conducta criminal, siempre está el peligro que las autoridades federales intervengan con investigaciones y se complique entonces todavía más la cosa… Ellas tienen que responder”, señaló.

En la demanda se alega que las acciones de las hermanas González fueron motivadas por represalia ante el divorcio y la pérdida de poder, y que con “cirugía digital” destruyeron la memoria electrónica de las compañías, impidiendo toda auditoría posterior.

El caso apenas comienza en la corte federal, pero si se prueban los hechos, no solo se trataría de una disputa entre exes, podría convertirse en un precedente sobre los riesgos legales de manipular información corporativa en la era digital.