Karla Mercado no cambia la subasta escolar por presiones

Por primera vez en más de una década, el transporte escolar de Puerto Rico se adjudicó por subasta y con las mismas reglas para todos, y la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado, dejó claro hoy que el resultado no se negocia en la calle. "En la ASG no adjudicamos contratos por presiones públicas, ni por quién levante más la voz", escribió en un comunicado de seis párrafos en respuesta a los porteadores que piden revisar la adjudicación. "Las adjudicaciones se sustentan en los requisitos de las subastas y en la evaluación de las propuestas. Quien entienda que una determinación fue incorrecta tiene mecanismos legales para cuestionarla y será atendido en el foro correspondiente. Lo que no vamos a hacer es cambiar las reglas ni los resultados para favorecer intereses particulares".

El proceso sustituye un sistema que durante años se sostuvo con extensiones año tras año por mecanismos extraordinarios, según explicó Mercado a El Nuevo Día, y "un historial de controversias que incluyó arrestos federales relacionados con estos servicios". La subasta la pidió el Departamento de Educación para garantizar la continuidad del servicio y cumplir los requisitos de acceso a fondos federales, y el trabajo empezó en el año fiscal anterior para cualificar para esos fondos y estimar los costos reales. De las 223 ofertas recibidas, 146 fueron adjudicadas "tras cumplir con los criterios aplicables al proceso". Mercado dijo que el resultado la sorprendió, con más de 100 adjudicatarios, en su mayoría operadores pequeños que cumplieron los requisitos. Los requisitos, escribió, "no son un capricho de la ASG; son mecanismos para proteger los recursos públicos y asegurar que las empresas contratadas cuenten con las condiciones necesarias para prestar los servicios requeridos".

LAS MISMAS REGLAS PARA TODOS

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, sostiene que las 76 compañías que quedaron fuera son "de las compañías que más guaguas mueven" y que algunas fueron descalificadas por documentos faltantes o por criterios que, según él, no se les informaron como esenciales en las reuniones previas, entre ellos señalamientos de finanzas, firmas y el número SAM del registro federal de contratistas, un requisito para acceder a fondos federales.

Mercado contesta que los proponentes fueron orientados en reuniones presenciales, que el número SAM era obligatorio y que los pliegos lo dicen con claridad. "No se puede exigir transparencia y, al mismo tiempo, pretender que se ignoren los requisitos cuando los resultados no favorecen a determinados participantes", escribió. Ninguna de las empresas excluidas queda fuera para siempre. La adjudicación que concluyó en septiembre es la primera fase, queda pendiente una subasta aparte para Educación Especial y una segunda fase para las rutas sin cubrir, y la ASG "permanece en espera de que el Departamento de Educación solicite la celebración de fases adicionales del proceso competitivo", que "permitiría sumar transportistas que cumplan con los requisitos".

El proceso también ha corregido sobre la marcha. La adjudicación original señaló a 19 compañías por colusión y la versión enmendada de la semana pasada eliminó esa referencia después de que, en apelación, se determinara que funcionarios con nombres idénticos eran personas distintas. La enmienda fijó el calendario de impugnación.

Los proponentes no seleccionados tienen hasta el viernes, al cierre de una ventana de diez días, la ASG tiene 45 días para decidir y los proponentes 20 días más. Rosado Rolón anticipa decenas de recursos ese día ante la ASG y el Tribunal de Apelaciones, que es exactamente el foro al que Mercado los remite. La Federación calcula que hay unas 2,000 rutas y unos 18,000 estudiantes en riesgo y menciona a Adjuntas, Maricao, Sabana Grande, Trujillo Alto, San Juan, Maunabo, Fajardo y San Lorenzo entre las zonas que se quedarían cortas, una proyección que no toma en cuenta la segunda fase que la ASG tiene pendiente.

LA DEUDA ES DE EDUCACIÓN

El reclamo con dinero detrás no es contra la ASG. Educación debe a los porteadores unos $9 millones por servicios prestados este año, según la Federación, que en el verano cifraba la deuda en $12 millones, con unos $3 millones de 2025. El 5 de octubre los transportistas marcharon desde la avenida Kennedy con paradas previstas en la Junta de Supervisión Fiscal, Educación, el Capitolio y La Fortaleza. "Eso está causando una situación de liquidez extremadamente crítica", dijo Rosado Rolón. Andrés Hernández, de Yabucoa Bus Line, contó que la deuda con su empresa llegó a superar los $200,000 y ronda los $125,000, con 32 empleados que dependen de ella, y Reynaldo Molina, de Tatito's Transport, dijo que gasta $19,000 a la semana en diésel y nómina para 48 empleados y que ha empeñado títulos de vehículos para cumplir.

El secretario Eliezer Ramos Parés respondió que el compromiso del Departamento "ha sido claro" y es "pagar lo que se adeuda", que la agencia ha emitido unos $12 millones en pagos a estos proveedores, que corrigió procesos internos que causaban demoras y que la Oficina de Gerencia y Presupuesto le pidió conciliaciones adicionales que ya fueron resometidas.

Mercado separó las dos cosas en la última línea de su comunicado. "Cualquier planteamiento relacionado con pagos pendientes corresponde al Departamento de Educación y no guarda relación con los procesos de subasta celebrados por la ASG". Educación dijo en declaraciones escritas que la ASG le notificó por correo electrónico que los documentos de adjudicación, con los pueblos que atenderá cada transportista, llegarían el 21 de octubre, y que "la información será evaluada". La Federación cuenta con el respaldo de la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, que convocó una manifestación el 5 de noviembre desde la OGP hasta La Fortaleza. El viernes se sabrá cuántas de las 77 empresas excluidas escogen el camino que la ASG les señaló, el de probar en el foro correspondiente que cumplían con los requisitos.