Sebastián Negrón lleva a Domenech ante el FEI por caso OGPe
El exsecretario del DDEC denuncia en su queja obstrucción, presiones y críterios partidistas por parte de Domenech y otros
Por Redacción InDiario|Noticias|
La crisis que comenzó con un contrato de publicidad en la Oficina de Gerencia de Permisos ya no se queda en OGPe ni en un comité evaluador. Ahora apunta directamente al segundo piso del poder: La Fortaleza.
En una querella confidencial dirigida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, pidió que se investigue al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por lo que describe como una secuencia de obstáculos, presiones, intervenciones institucionales y represalias tras la denuncia de irregularidades en un proceso de contratación pública con fondos federales.
El documento no es una queja política disfrazada de trámite legal. Es una acusación frontal desde adentro del propio gobierno. Negrón sostiene que, luego de ser informado sobre presiones indebidas para favorecer a un proponente en el RFP-DDEC-OGPe-2026-06, Domenech se opuso a la remoción de los funcionarios señalados, cuestionó la investigación interna, intervino en procesos administrativos del DDEC y utilizó criterios políticos para medir quién debía permanecer en puestos de confianza.
De un RFP a una crisis de poder
El referido parte del ya conocido proceso competitivo para servicios de publicidad de OGPe, en el que dos empleadas del DDEC denunciaron presiones para favorecer a JJ Investment Group, alegadamente en nombre de la Gobernadora y de funcionarios de La Fortaleza.
Según Negrón, al conocer esos hechos notificó a la gobernadora Jenniffer González Colón y al propio Domenech, instruyó una evaluación interna independiente y paralizó el proceso. Posteriormente, los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.
Pero la querella plantea que el problema mayor vino después: cuando, según Negrón, desde La Fortaleza se intentó neutralizar la investigación, proteger a funcionarios señalados y controlar las consecuencias políticas del caso.
La opinión de Justicia bajo sospecha
Uno de los puntos más graves del referido es la opinión legal emitida por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, sobre la autoridad del DDEC frente a OGPe.
Negrón alega que esa opinión fue utilizada para socavar la autoridad del DDEC en momentos en que la investigación interna avanzaba. Según el documento, Domenech le admitió el 15 de mayo que había autorizado la emisión de esa opinión, que supuestamente llevaba meses detenida. El propio Domenech, de acuerdo con Negrón, habría reconocido que fue un error con la expresión: “mala mía”.
La frase, si se confirma, resume el tamaño del problema. No se trataría de una simple diferencia jurídica sobre jerarquías administrativas. Se trataría de una opinión legal activada en el momento exacto en que podía servir para ponerle freno a una investigación interna incómoda.
“No tocar a Charlene Neuman”
El referido también acusa a Domenech de oponerse a acciones disciplinarias contra Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera, los dos funcionarios señalados en la investigación interna del DDEC.
Negrón sostiene que, en una reunión del 15 de mayo, Domenech le pidió claramente “no tocar a Charlene Neuman”, en referencia a que no fuera removida de su puesto de confianza. La justificación atribuida a Domenech es políticamente explosiva: que ella “había trabajado mucho por la primaria”.
Ese señalamiento convierte el caso en algo más amplio que una disputa administrativa. Si la permanencia de funcionarios señalados dependía de su trabajo político y no de la gravedad de los hallazgos, entonces la vara disciplinaria no era la ley, sino la campaña.
Decretos contributivos y Politank
La querella también incluye un ángulo delicado sobre decretos de créditos contributivos. Según Negrón, el mismo día en que discutía la crisis del RFP, Domenech le entregó una lista de tres asuntos pendientes ante el DDEC y pidió atenderlos con urgencia. Entre ellos figuraba Opus Miramar.
El problema, según la querella, es que ese proyecto estaba vinculado a una entidad representada por Politank, la antigua firma de cabildeo de Domenech. Negrón plantea que la gestión ocurrió pese a que Domenech había declarado bajo juramento ante el Senado que había vendido la firma y que no intervenía en asuntos relacionados con ella.
Ese señalamiento abre otra avenida investigativa: si hubo o no intervención indebida, apariencia de conflicto o uso del cargo para adelantar asuntos que, por prudencia mínima, debieron mantenerse lejos de sus manos.
El criterio PNP como filtro de gobierno
Otro tramo del referido es igualmente contundente. Negrón acusa a Domenech de utilizar criterios partidistas como estándar disciplinario y administrativo.
Según el documento, en una comunicación escrita del 18 de mayo, Domenech indicó que no toleraría personas que no fueran del Partido Nuevo Progresista en puestos de confianza. También habría cuestionado si el director de comunicaciones del DDEC era o no PNP, mientras advertía sobre empleados que habían trabajado en la primaria y en la campaña de la gobernadora.
La implicación es clara: en medio de una pesquisa sobre presiones en fondos federales, el debate dentro del gobierno no era solo quién actuó correctamente, sino quién era “de los nuestros”.
Renuncia y éxodo en el DDEC
La tensión culminó con la renuncia de Negrón como secretario del DDEC el 26 de mayo. En su comunicación, sostuvo que ya no existía la confianza mutua necesaria para continuar en el cargo y que las acciones posteriores de La Fortaleza hicieron imposible ejercer la función con la integridad y autonomía que exige el puesto.
Junto a él, según el referido, renunciaron varios funcionarios de liderato del DDEC, incluyendo personal clave de asuntos legales, finanzas, incentivos, comunicaciones, permisos, rones, carga aérea y proyectos estratégicos.
La salida no fue una renuncia aislada. Fue un portazo institucional.
La pregunta inevitable
El referido de Negrón coloca una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿quién mandaba realmente en el DDEC y en OGPe, la autoridad nominadora designada por ley o el aparato político de La Fortaleza?
Si las alegaciones se sostienen, el caso ya no trata solamente de un contrato de publicidad. Trata sobre el uso del poder público para proteger aliados, frenar investigaciones, condicionar decisiones administrativas y medir la confianza gubernamental por lealtad partidista.
El FEI tendrá ahora ante sí un expediente que no solo pide investigar posibles delitos. También expone una radiografía cruda de cómo, según un exsecretario del propio gabinete, se opera el poder cuando la transparencia empieza a incomodar.