18,000 estudiantes podrían quedar sin transportación escolar

La transportación escolar de más de 18,000 estudiantes del sistema público de enseñanza podría verse interrumpida debido a los atrasos en los pagos a los porteadores y la exclusión de decenas de compañías del proceso de subasta para ofrecer el servicio, advirtieron este lunes representantes de la Federación de Porteadores Escolares y el Comité de Transportistas.

Las organizaciones denunciaron que 76 compañías, vinculadas a unas 2,000 rutas escolares, quedaron fuera del proceso de contratación por señalamientos administrativos y requisitos documentales que, según sostienen, no toman en consideración su historial de servicio ni las consecuencias que podrían enfrentar miles de estudiantes y sus familias.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado, sostuvo que la situación se agrava por los atrasos en los desembolsos del Departamento de Educación y el aumento en los costos operacionales, particularmente el combustible diésel.

“Estamos levantando la voz porque detrás de cada ruta hay estudiantes y familias que dependen de este servicio para llegar a la escuela. Los porteadores hemos ofrecido transportación durante décadas, pero los pagos atrasados y los costos de operación comprometen la capacidad de continuar cumpliendo”, expresó Rosado.

Según explicó, las dificultades para recibir los pagos afectan la capacidad de las empresas para cubrir la nómina de sus empleados, el mantenimiento de las unidades, el combustible y otros gastos indispensables para garantizar la continuidad del servicio.

El dirigente advirtió que la combinación de estos factores podría provocar interrupciones en la transportación escolar si las autoridades no intervienen oportunamente.

“Si esas 2,000 rutas quedan sin servicio, estamos hablando de aproximadamente 18,000 alumnos que podrían faltar a clases, perder tiempo lectivo y ver interrumpida su rutina educativa. También hay padres, madres y encargados que tendrían que buscar alternativas de transportación, con consecuencias para sus horarios de trabajo y la economía familiar”, señaló.

Cuestionan exclusiones en las subastas

Además de los problemas económicos, los porteadores cuestionaron los criterios utilizados para excluir a compañías con décadas de experiencia en la transportación de estudiantes.

Según las organizaciones, algunas empresas quedaron fuera por controversias relacionadas con las fianzas, el número de registro en el Sistema para la Administración de Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés), firmas y otros documentos, incluidos errores que atribuyen a terceros.

Los representantes del sector sostienen que la Junta de Subastas ha aplicado requisitos dentro de un procedimiento nuevo sin considerar adecuadamente la trayectoria de los proveedores que durante años han ofrecido el servicio.

También cuestionaron las enmiendas al mecanismo de adjudicación y recordaron las controversias judiciales relacionadas con un proceso anterior de solicitud de propuestas (RFP).

De acuerdo con los porteadores, ese procedimiento fue objeto de una determinación adversa en el Tribunal de Apelaciones, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en dos ocasiones.

Las organizaciones también plantearon interrogantes sobre la aplicación de excepciones y los criterios utilizados para evaluar las fianzas de las compañías participantes.

Alegan competencia desleal y amenazas

La Federación y el Comité de Transportistas denunciaron, además, supuestas amenazas contra compañías y condiciones que, a su juicio, generan una competencia desigual entre los proveedores.

Según sus planteamientos, algunas empresas han recibido los pagos correspondientes por sus servicios, mientras otras continúan esperando desembolsos pendientes, una situación que coloca a estas últimas en desventaja económica para mantener sus operaciones y competir por nuevos contratos.

Los porteadores también cuestionaron la contratación de servicios de transportación para el cierre de la residencia artística de Bad Bunny en Puerto Rico, mediante gestiones de la Compañía de Turismo y la Administración de Servicios Generales (ASG).

Según denunciaron, numerosas compañías recibieron invitaciones de la ASG para participar en el proceso de subasta el mismo día en que ya se estaba ofreciendo el servicio de transportación.

El señalamiento, sostienen, plantea interrogantes sobre la transparencia y la uniformidad de los procedimientos de contratación gubernamental.

“Queremos que se expliquen las decisiones, las exclusiones y las excepciones. Reclamamos un trato justo para las compañías y que se atiendan los señalamientos sobre amenazas y competencia desleal. Los estudiantes y sus familias necesitan certeza de que tendrán transportación para asistir a sus escuelas”, manifestó Rosado.

Reclaman intervención de Educación

Ante este escenario, las organizaciones reclamaron al Departamento de Educación y a las demás entidades gubernamentales concernidas que atiendan los pagos pendientes y aclaren los criterios utilizados para adjudicar los contratos de transportación escolar.

Aunque los porteadores no precisaron una fecha en la que podrían comenzar las interrupciones, advirtieron que la situación económica de las compañías y las controversias relacionadas con las subastas amenazan la estabilidad de un servicio esencial para miles de familias.

El conflicto también plantea interrogantes sobre la capacidad del Departamento de Educación para garantizar rutas alternas en caso de que las compañías excluidas no puedan continuar ofreciendo transportación.

“Durante décadas hemos estado ahí, ofreciendo el servicio. Nuestra intención es seguir haciéndolo, pero necesitamos que se cumpla con los porteadores y que se actúe antes de que esta situación se traduzca en estudiantes sin transportación”, concluyó Rosado.