Coccoloba desmiente a Suzanne Roig y exige la propuesta

Coccoloba AgroEnvironmental LLC, una empresa de Camuy dedicada al manejo de árboles y la consultoría ambiental, desmintió este jueves a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y aseguró que nunca sometió una propuesta para el contrato de $38.5 millones en fondos federales TANF que el Departamento le adjudicó mediante carta a NOLA Education LLC. La empresa le dio cinco días calendario a la agencia para entregarle la propuesta que se le atribuye, con sus anejos y la evidencia de envío o recibo. Las declaraciones, fechadas en Camuy el 8 de octubre, fueron publicadas esta mañana por el periodista Rafael Lenín López en sus redes sociales. Según López, la empresa adelantó que pondrá su señalamiento en una declaración jurada. El desmentido llega un día después de que Roig Fuertes compareciera ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado, que preside Wanda Soto Tolentino, y sostuviera que tres empresas respondieron a la solicitud de propuestas del programa Star Academy. Nombró a NOLA Education, a Litoral Vivo Corp. y a Coccoloba. Durante el turno de la senadora Joanne Rodríguez Veve, la secretaria rectificó y dijo que Coccoloba había enviado documentos. A su salida de la vista le dijo a la prensa que "esta compañía sometió información que nosotros entendimos que habiéndola sometido debía pasar por el proceso de evaluación", y que el señalamiento de que no hubo propuesta formal "no afecta en nada los procesos". La versión de la empresa es otra. Coccoloba afirma que su participación "se limitó a contestar un correo electrónico que fue recibido el 30 de diciembre de 2025 (en plena temporada de Navidad), mediante una respuesta dirigida exclusivamente a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes el 8 de enero del 2026". Añade que no envió esa contestación "a ninguna otra persona, o dirección de correo electrónico, como alegó la Secretaria durante su deposición en el Senado". En ese correo, según la empresa, declinó participar porque los requisitos del RFP "no están alineados con nuestra operación" y compartió un opúsculo y un perfil de sus servicios por si surgía una colaboración futura. "Contestar una comunicación en la cual declinamos participar del proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) por invitación o compartir información general sobre servicios que ofrece Coccoloba no equivale, por ese solo hecho, a presentar una propuesta", lee el documento. "La inclusión de nuestro nombre en una evaluación administrativa tampoco acredita que hayamos sometido una propuesta". Esa inclusión existe y tiene puntuación. LAP Consulting Group, Inc., la firma evaluadora contratada por Familia, asignó 95.7 puntos a NOLA Education, 55.3 a Litoral Vivo y 24.7 a Coccoloba. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó ese ejercicio en la vista. "LAP Consulting no hizo una evaluación, está siguiendo instrucciones", dijo. "Están mintiendo, ocultando información y tratando de proteger gente".

CINCO DÍAS Y UNA DECLARACIÓN JURADA

La exigencia de Coccoloba va más allá de la copia de la propuesta. La empresa requiere que Familia identifique quién la remitió, a quién se dirigió y cuándo se recibió, junto con los documentos de su evaluación. El plazo de cinco días corre desde el día siguiente al recibo del requerimiento escrito. "De no obrar esa cotización o propuesta en el expediente, exigimos que se informe por escrito y se rectifique públicamente cualquier atribución incorrecta", añade el documento, que también reclama la preservación íntegra de los correos y documentos relacionados. Las declaraciones se cursaron a través de la representación legal de la empresa, la licenciada Nadja Cardona Portalatín. Coccoloba pertenece al agrónomo y arborista Christian Torres Santana. La carta del 8 de enero en la que la empresa declinó participar ya circulaba públicamente desde junio, cuando la periodista Nuria Sebazco comenzó a publicar documentos internos del proceso.

EL CONTRATO QUE SEGÚN ROIG NUNCA EXISTIÓ

Star Academy fue presentado como un programa de intervención académica para estudiantes de grados intermedios con rezago, a implementarse a través del Departamento de Educación. Roig Fuertes dijo en el Senado que cubriría 25 escuelas y 2,000 estudiantes. Las listas de Educación citadas en la vista apuntan a 202 estudiantes. La secretaria insistió en que nunca hubo un contrato y que "una carta de adjudicación no es un contrato". Rivera Schatz le respondió que sí había un contrato, aunque no se había firmado, y cuestionó que NOLA Education se inscribiera en el Departamento de Estado en diciembre de 2025, el mismo mes en que salieron las cartas de invitación. La controversia estalló la semana pasada con la remoción de Blanca Medina Díaz como administradora de ADSEF. La secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, citó insubordinación y falta de respuesta. Medina Díaz atribuyó su salida a su negativa a firmar contratos y sostuvo ante los senadores que recibió un borrador del contrato de NOLA fechado el 20 de enero de 2026, que el expediente no contenía las propuestas de las otras empresas y que nunca pudo ver las hojas de evaluación de LAP. Roig Fuertes calificó de "totalmente falsa" la alegación de que presionó a la exfuncionaria. Medina Díaz también confirmó que un viaje de funcionarios a Nueva Orleans del 7 al 10 de diciembre de 2025 costó $7,610.80 en fondos TANF, y la secretaria no supo precisar quién lo autorizó. Rivera Schatz pidió a Justicia y a la Oficina del Inspector General que investiguen las denuncias de Medina Díaz, y el Departamento de Justicia la citó para la mañana de este jueves. También le pidió a Roig Fuertes que someta todos los documentos en poder de Familia y anunció que los publicará. Roig Fuertes no ha sido acusada de ningún delito. "No tengo ni una sola acusación de nada", dijo. El reloj de cinco días que Coccoloba le puso a Familia vence la semana próxima. Si la propuesta existe, la agencia tendrá que mostrar quién la envió y cuándo. Si no existe, la empresa exige que la secretaria lo admita por escrito y lo rectifique en público, con la misma claridad con que su evaluador le asignó 24.7 puntos a una propuesta que, según Coccoloba, nunca salió de Camuy.