COR3 elimina obligatoriedad de certificación legal en contratos con fondos FEMA y cumple con alcaldes

La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) formalizó por escrito que la certificación legal relacionada con contratos financiados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya no será un requisito obligatorio al momento de la radicación inicial, luego de que INDIARIO publicara la versión de la Federación de Alcaldes sobre el particular solicitara una reacción oficial a la agencia.

“COR3 cumplió con lo acordado. Tal como me comprometí con la Federación de Alcaldes de Puerto Rico durante la reunión celebrada esta semana en Gurabo, se emitió una notificación oficial a todos los subrecipientes informando que la certificación legal previamente solicitada será, de ahora en adelante, de carácter opcional", indicó a este medio el licenciado Eduardo Soria Rivera, mediante declaraciones escritas.

 "Continuamos trabajando en equipo con los municipios, las agencias y las entidades sin fines de lucro para seguir adelantando la reconstrucción de Puerto Rico de manera ágil y responsable”, afirmó el director ejecutivo de COR3.

El Memorando Informativo COR3-OI-2026-02, fechado el 26 de febrero de 2026 y dirigido a “Todos los Subrecipientes”, fue emitido el mismo día en que este medio dio a conocer que los alcaldes federados pidieron a la agencia formalizar por escrito lo que su director ejecutivo, Eduardo Soria Rivera, presuntamente había expresado verbalmente en una reunión celebrada el 24 de febrero en Gurabo.

Según una carta fechada el 25 de febrero, día siguiente a la reunión, los ejecutivos municipales habían pedido que COR3 confirmara oficialmente que la certificación legal de los procesos de adquisición sería de carácter voluntario y opcional para los municipios, y no un requisito obligatorio. El planteamiento surgía ante lo que entendían representaba un cambio respecto a la directriz emitida en diciembre de 2025, que había establecido la certificación como obligatoria a partir del 15 de enero de 2026.

En esencia, los alcaldes reclamaron claridad institucional y uniformidad en las directrices, para evitar incertidumbre en la ejecución de proyectos de reconstrucción con fondos federales.

A través del memorando, COR3 indicó que, tras revisar sus procedimientos, ajustó la aplicación del mecanismo.

“Tras la evaluación continua y optimización de nuestros procedimientos internos, COR3 ha determinado ajustar la aplicación procesal de dicho mecanismo dentro del marco de revisión administrativa. En consecuencia, la certificación legal no constituirá un requisito obligatorio para la radicación inicial de contratos ante el proceso de evaluación”, reza parte de la determinación suscrita por Soria Rivera.

El requisito de certificación había sido establecido previamente como parte del esquema de control documental en contratos con fondos federales. En el nuevo memorando, la agencia explicó que la medida buscaba “robustecer los expedientes de adquisición, promover prácticas preventivas de cumplimiento y mitigar riesgos” que pudieran afectar la elegibilidad de fondos federales. No obstante, el propio documento aclara que la certificación continúa teniendo un gran valor.

“La presentación de una certificación legal al respecto representa una herramienta útil, válida, pertinente y altamente recomendable como mecanismo de control preventivo”, se indicó en el documento en el que COR3 también dejó claro que mantiene discreción para requerirla más adelante en el proceso.

“No obstante lo anterior, COR3 se reserva expresamente la facultad de requerir la presentación de una certificación o memorando legal en cualquier etapa del proceso de evaluación cuando, a su juicio técnico fundamentado en criterios objetivos de evaluación y en el ejercicio de sus funciones de supervisión, las circunstancias particulares del expediente así lo ameriten”, explicó la dependencia.

“Tales circunstancias podrán incluir, sin limitarse a, procesos de adquisición de alta complejidad, posibles desviaciones de los métodos de adquisición permitidos, deficiencias sustanciales en la documentación de respaldo, utilización de excepciones reglamentarias o situaciones que pudieron implicar conflictos de interés reales, aparentes o potenciales. La determinación de requerir documentación adicional responderá a criterios técnicos de evaluación caso a caso y se realizará en el ejercicio de las facultades delegadas a COR3 bajo el marco legal, reglamentario y contractual aplicable, con el propósito de salvaguardar la integridad del proceso, la elegibilidad de los fondos federales y el interés público”, concluyó COR3 en su memorando.