Estados Unidos autoriza nuevos fondos militares para Puerto Rico

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) confirmó que el liderato del Congreso de Estados Unidos publicó el texto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026, un acuerdo bicameral que será llevado a votación esta semana en la Cámara de Representantes.

Según un comunicado, el proyecto de ley autoriza $901,000 millones de dólares para la defensa nacional, un aumento de $8,000 millones de dólares por encima de los niveles del año anterior, garantizando que las fuerzas armadas de los Estados Unidos sigan siendo las más fuertes del mundo.

Además, se informón en declaraciones escritas que la medida “apoya la solicitud presupuestaria de la Administración Trump de un aumento salarial del 3.8 % para todos los militares y mejora la vivienda, la educación y el acceso a cuidos para las familias de nuestros militares”.

Entre las iniciativas con impacto directo en Puerto Rico, PRFAA destacó la autorización de $66.519 millones para el reemplazó de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, Aguadilla.

La directora ejecutiva de la agencia, licenciada Gabriella Boffelli, recordó que el Congreso ya había asignado los fondos para este proyecto a través de las medidas de asignaciones de construcción militar y fue firmado por el presidente Trump como parte de la Ley que reabrió el gobierno federal.

Añadió además que sigue impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González Colón, quien apoyó este proyecto de construcción militar durante su trayectoria en el Congreso, logrando su autorización original en la NDAA del año fiscal 2018 y una extensión en la NDAA del año fiscal 2024.

El NDAA también extiende la autorización para la construcción de los Talleres de Ingeniería y Mantenimiento de en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas Camp Santiago hasta el 1 de octubre de 2026 o la promulgación de la NDAA del año fiscal 2027, lo que ocurra más tarde.

En cuanto a la Guardia Costera, la legislación incluye la reautorización, la financiación y los programas y sus operaciones para los años fiscales 2026 y 2027 e incorpora varias disposiciones impulsadas por la gobernadora. Una de ellas, según el comunicado, es la Sección 7119 que exige que el comandante de la Guardia Costera desarrolle, en colaboración con el Secretario de Estado y el Secretario de Guerra, un plan anual para apoyar las operaciones de la Guardia Costera en la región del Caribe, incluyendo una evaluación de las necesidades de personal, infraestructura, administración, logística y tecnología.

Sobre este punto, Boffelli afirmó que la Gobernadora González-Colón ha priorizado desde hace tiempo los esfuerzos para garantizar que la Guardia Costera y el Sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe.

Añadió que el nuevo requisito “debería contribuir a este objetivo y destacar aún más la creciente importancia de Puerto Rico para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

La medida también incorpora la Sección 7202, que mejoraría la transparencia al exigir a la Guardia Costera publicar el número de interdicciones de drogas y migrantes que realiza mensualmente, así como la Sección 7218, que autoriza al secretario de Seguridad Nacional a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, para su uso por parte de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en las áreas de operación del Sector San Diego en California, el Sector Cayo Hueso en Florida y el Sector San Juan en Puerto Rico.

PRFAA subrayó que estas disposiciones representan avances para la seguridad marítima en la región y reflejan un consenso bipartidista en torno a la importancia estratégica de Puerto Rico dentro de la defensa nacional estadounidense.