Gobernadora firma cuatro leyes y veta proyecto del Senado
Las medidas atienden agricultura, propaganda electoral, cannabis medicinal y estudiantes militares, además de servicios básicos para 176 familias en Toa Baja.
Por Redacción InDiario|Política|
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro proyectos legislativos, firmó una resolución conjunta dirigida a mejorar los servicios esenciales de una comunidad en Toa Baja y vetó una medida presentada por el senador Héctor Joaquín Sánchez, relacionada con la regulación de las escuelas de conducir.
Las nuevas leyes abarcan asuntos agrícolas, electorales, educativos y laborales, mientras que la resolución conjunta establece términos para atender las necesidades de infraestructura de 176 familias de la comunidad Villas del Sol.
Entre las medidas aprobadas figura la Ley 202-2026, que incorpora al Código Electoral una definición de propaganda política, incluyendo letreros, pegatinas, grabaciones de audio, imágenes y medios electrónicos utilizados para promover o rechazar candidaturas, partidos o asuntos electorales.
La legislación procura establecer con mayor precisión cuáles expresiones y materiales constituyen propaganda política dentro del ordenamiento electoral puertorriqueño.
Amplían programa agrícola y protecciones laborales
Mediante la Ley 203-2026, la mandataria autorizó ampliar el programa Manos Pa’l Campo para que sus disposiciones apliquen a todas las actividades agrícolas y no exclusivamente a la cosecha de café.
La medida establece mecanismos de coordinación entre los departamentos de Agricultura, Trabajo y Recursos Humanos, y Corrección y Rehabilitación para identificar las necesidades de trabajadores en los distintos municipios.
Además de priorizar la contratación de trabajadores locales, permite incorporar participantes del sistema correccional y contempla recurrir a trabajadores extranjeros temporeros cuando la mano de obra disponible resulte insuficiente.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá retener un 20 % de los ingresos de los participantes para sufragar gastos administrativos y de seguridad.
Por otro lado, la Ley 204-2026 establece excepciones a las protecciones contra el discrimen laboral de pacientes autorizados a utilizar cannabis medicinal cuando ocupen puestos con funciones sensitivas de transportación.
La disposición incluye conductores de camiones, autobuses escolares, taxis y vehículos de plataformas digitales. Para aplicar la excepción, el patrono deberá cumplir con los requisitos probatorios establecidos en la legislación.
Beneficios para estudiantes militares
La Ley 201-2026 amplía las protecciones académicas y económicas de estudiantes militares matriculados en instituciones postsecundarias.
La legislación incorpora expresamente a los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y reconoce activaciones militares relacionadas con emergencias naturales, misiones humanitarias y contingencias de salud pública.
Entre las protecciones contempladas figuran mecanismos de reembolso, créditos académicos, acomodos y prioridad, según las circunstancias aplicables.
Ordenan atender servicios de Villas del Sol
La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta 64-2026, que ordena iniciar gestiones para viabilizar la conexión legal de 176 familias de la comunidad Villas del Sol, en Toa Baja, a los sistemas de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.
La medida incluye atender deficiencias en la infraestructura vial y establece un término de 30 días para que LUMA Energy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Transportación y Obras Públicas comiencen las gestiones correspondientes.
Las entidades deberán presentar un informe a la Asamblea Legislativa dentro de un plazo de 60 días.
Veta proyecto del senador Héctor Joaquín Sánchez
En contraste con las medidas aprobadas, González Colón vetó el Proyecto del Senado 759, de la autoría del senador Héctor Joaquín Sánchez.
La propuesta buscaba enmendar el Artículo 17.02 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para conceder exclusivamente al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la autoridad de regular y otorgar licencias o permisos a las escuelas de conducir de Categoría 3.
También proponía excluir a estas instituciones e instructores de determinadas disposiciones de la Ley de Servicio Público, con lo que dejarían de estar sujetos a la regulación del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos.
El proyecto contemplaba modificar los reglamentos correspondientes para transferir esas facultades al DTOP.
Sin embargo, la mandataria optó por rechazar la legislación. En la información divulgada sobre el veto no se detallaron los fundamentos específicos de su decisión.
Con estas determinaciones, la administración González Colón incorpora cuatro nuevas leyes y una resolución conjunta al marco legal vigente, mientras deja sin efecto la propuesta legislativa que pretendía modificar la supervisión gubernamental de las escuelas de conducir.