Jenniffer veta seis medidas y convierte ocho en ley

La gobernadora Jenniffer González Colón dejó sin efecto seis medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo del veto de bolsillo, mientras convirtió en ley tres proyectos del Senado y firmó otras cinco resoluciones conjuntas sobre infraestructura, conservación ambiental, propiedades públicas y designaciones oficiales.

Las medidas vetadas fueron los proyectos del Senado 509, 627, 898 y 1085, así como las resoluciones conjuntas del Senado 32 y 43. La Fortaleza no ofreció explicaciones individuales para rechazarlas, algo que no es requerido cuando se utiliza el veto de bolsillo.

El mecanismo permite que una medida expire al no recibir la firma de la gobernadora dentro del término constitucional, luego de que la Asamblea Legislativa haya concluido sus trabajos y no pueda reconsiderarla.

Ausentismo escolar y turismo entre los vetos

El Proyecto del Senado 509, presentado por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, proponía crear un Protocolo de Intervención Interdisciplinaria para Estudiantes con Patrones Crónicos de Ausentismo en las escuelas públicas.

La medida ordenaba establecer sistemas de alerta temprana, equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y consejeros, evaluaciones individuales y visitas a los hogares para identificar las causas de las ausencias. También contemplaba multas de hasta $1,000 o servicio comunitario para padres o encargados cuando se determinara que existía un patrón de negligencia.

La gobernadora también dejó sin efecto el Proyecto del Senado 627, de la senadora Wandy Soto Tolentino, que buscaba crear el llamado “Destino Turístico Paraíso del Este”.

La iniciativa contemplaba desarrollar una estrategia regional de promoción turística, establecer una junta ejecutiva y crear comités de infraestructura, educación y mercadeo. Además, ordenaba preparar un inventario de atractivos, hospederías e instalaciones disponibles en los municipios de la región este.

Lengua de señas y deporte adaptado

Otro de los proyectos vetados fue el Proyecto del Senado 898, del senador Ángel Toledo López, que reconocía oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.

La medida establecía una política pública para proteger los derechos lingüísticos de esa población y ordenaba realizar un censo que permitiera recopilar información sobre la cantidad, ubicación y necesidades de las personas sordas en la isla.

También quedó fuera el Proyecto del Senado 1085, del senador Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La pieza enmendaba la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para fortalecer el acceso de esa población al deporte adaptado, la actividad física y las instalaciones recreativas adecuadas.

Las resoluciones conjuntas del Senado 32 y 43, ambas del senador Wilmer Reyes Berríos, tampoco recibieron la firma de la mandataria.

La primera ordenaba al Departamento de la Vivienda preparar y publicar un inventario digital de solares y fincas vacantes, incluyendo propiedades concedidas en usufructo. La segunda disponía la digitalización de planos, expedientes originales y documentos técnicos para proteger la información ante huracanes, terremotos, incendios u otros desastres.

Tres nuevas leyes

En contraste, González Colón convirtió en la Ley 158-2026 el Proyecto del Senado 567, presentado por el senador Ángel Toledo López.

La legislación crea un procedimiento especial para acreditar la titularidad de bienes inmuebles del Gobierno cuando no exista documentación suficiente para determinar qué agencia es su propietaria. El Departamento de Transportación y Obras Públicas podrá certificar que la propiedad pertenece al Gobierno y representarlo ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles.

También fue firmada la Ley 159-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 789, de los senadores Wilmer Reyes Berríos, Rafael Santos Ortiz y Jeison Rosa Ramos.

La ley designa oficialmente la Finca Gabia, en Coamo, como el Bosque Gabia e incorpora sus aproximadamente 160 cuerdas al marco de protección de la Ley de Bosques de Puerto Rico. La designación busca fortalecer la conservación, restauración ambiental, investigación científica y protección de especies, entre ellas el sapo concho.

La tercera medida convertida en ley fue el Proyecto del Senado 975, del senador Jeison Rosa Ramos, ahora Ley 160-2026.

La legislación amplía las exenciones médicas para utilizar cristales de visión unidireccional en vehículos de motor a personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, trastorno del procesamiento sensorial y otras condiciones que provoquen hipersensibilidad sensorial severa.

La ley también elimina la obligación de renovar periódicamente el permiso cuando la persona padezca una condición permanente.

Infraestructura y designaciones

Entre las cinco resoluciones conjuntas firmadas figura la Resolución Conjunta de la Cámara 283, del representante Wilson Román López, que designa un tramo de la carretera PR-125 en el barrio Capá de Moca con el nombre de Nélida Cardona Ramírez, en reconocimiento a su trabajo comunitario y filantrópico.

La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 302, presentada por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez. La pieza ordena transferir al Municipio de Culebra, por el precio nominal de un dólar, los terrenos donde ubica el sistema de relleno sanitario municipal.

La transferencia busca facilitar la administración de las instalaciones y permitir que el municipio pueda gestionar fondos federales para atender su operación y posibles mejoras.

Otra medida firmada fue la Resolución Conjunta del Senado 151, presentada por petición a través de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez. Esta designa con el nombre de Miguel A. Rodríguez Villafañe el Centro Educativo Tecnológico del complejo residencial Ponce Housing, en reconocimiento a su trayectoria educativa y comunitaria.

Asimismo, González Colón avaló la Resolución Conjunta del Senado 196, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que distribuye $1,352,861 entre varios municipios para obras de infraestructura, mejoras permanentes y proyectos relacionados con desarrollo económico, salud y seguridad pública.

La distribución incluye $500,000 para Manatí; $250,000 para Villalba; $250,000 para Utuado; $250,000 para Añasco; y $102,861 para Cayey.

Finalmente, la mandataria firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 376, impulsada por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que reasigna cerca de $2.8 millones en sobrantes de medidas aprobadas entre 2017 y 2020.

Los fondos serán utilizados para obras viales, mejoras en escuelas e instalaciones deportivas, sistemas de agua, proyectos de energía renovable y otras iniciativas comunitarias en agencias y municipios.

La acción de la gobernadora dejó así un balance de seis medidas rechazadas sin explicación escrita y ocho piezas aprobadas, incluyendo tres nuevas leyes y cinco resoluciones conjuntas.