NO ES SOLO EN PR: Reforma de permisos vuelve a dividir a Washington

Demócratas y republicanos mantienen las disputas sobre renovables y petróleo.

Por Redacción InDiarioPolítica|

Chris Wright, entonces nominado al Departamento de Energia, junto al Sen. John Hickenlooper (D) en una vista en 2025 (AP)
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La reforma de permisos, una de las promesas bipartidistas más repetidas en Washington, vuelve a enfrentar el mismo obstáculo: todos dicen querer acelerar la construcción de proyectos energéticos e infraestructura, pero nadie logra cuadrar los intereses políticos, ambientales y económicos detrás del acuerdo.

Según reportó POLITICO/E&E News, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió recientemente con legisladores republicanos para discutir posibles cambios a las leyes federales de permisos. La conversación ocurrió en momentos en que senadores de ambos partidos intentan revivir una negociación que lleva años dando vueltas en el Congreso sin convertirse en ley. 

El debate gira alrededor de un asunto clave: cómo reducir la burocracia que retrasa proyectos de energía, carreteras, transmisión eléctrica, manufactura e infraestructura, sin desmontar protecciones ambientales ni limitar la participación pública en los procesos de evaluación.

Para los republicanos, la reforma es una oportunidad para acelerar proyectos de petróleo, gas, minería, infraestructura eléctrica y manufactura. Para muchos demócratas, también es necesaria, pero solo si permite avanzar proyectos de energía solar, eólica, baterías y transmisión eléctrica, sectores que consideran esenciales para atender la demanda energética y la transición climática.

El problema, según legisladores demócratas citados por POLITICO, es la desconfianza hacia la administración de Donald Trump. El senador Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México y uno de los principales negociadores, sostuvo que el mayor riesgo para la reforma es que la administración federal esté aprobando proyectos de combustibles fósiles mientras mantiene detenidos permisos relacionados con energía solar, eólica y baterías. 

La tensión aumentó desde diciembre, cuando la administración Trump tomó acciones contra proyectos de energía eólica marina en la costa este. Ese movimiento llevó a Heinrich y al senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, a detener las conversaciones. Luego regresaron a la mesa tras decisiones judiciales contra algunas órdenes de paralización y señales de mayor apertura hacia proyectos solares. 

La Cámara federal ya aprobó en diciembre el llamado SPEED Act, una medida bipartidista que busca modernizar la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental, conocida como NEPA, para acortar los procesos de revisión, limitar litigios y establecer plazos más estrictos para las agencias federales. La medida fue aprobada 221-196 y enviada al Senado. 

Sus defensores argumentan que el sistema actual retrasa por años proyectos necesarios para responder al aumento en la demanda de electricidad, especialmente por el crecimiento de centros de datos, inteligencia artificial, manufactura avanzada y electrificación. Sus críticos advierten que una reforma mal diseñada podría debilitar protecciones ambientales, reducir la voz de las comunidades y facilitar aprobaciones apresuradas de proyectos con impacto local.

El tranque no es solo entre partidos. También hay divisiones internas. Algunos republicanos rechazan ceder más autoridad al gobierno federal para decidir dónde construir grandes líneas de transmisión eléctrica, especialmente cuando esas líneas podrían transportar energía renovable a través de estados rurales. Al mismo tiempo, algunos demócratas temen apoyar una reforma que termine beneficiando más a proyectos fósiles que a fuentes limpias.

La senadora republicana Shelley Moore Capito, de West Virginia, ha advertido que el Congreso debe actuar para dar certeza a todos los proyectos energéticos. Su argumento es que, sin reglas claras, cada administración podría usar el poder federal para frenar proyectos favorecidos por el partido contrario. 

El asunto también tiene una dimensión económica. Empresas energéticas, grupos industriales y actores tecnológicos como Google han presionado por cambios al sistema de permisos, ante la necesidad de expandir la red eléctrica y construir infraestructura con mayor rapidez. Sin embargo, aun si el Senado logra un acuerdo capaz de superar el filibusterismo, la medida tendría que pasar por una Cámara con fuertes divisiones internas.

En el fondo, la reforma de permisos se ha convertido en una prueba de confianza política. Washington parece estar de acuerdo en que el país necesita construir más rápido. Lo que sigue sin resolver es qué tipo de proyectos deben avanzar, quién debe tener la última palabra y cuánta protección ambiental debe conservarse en el proceso.

Por ahora, la reforma sigue siendo lo que POLITICO describió como un sueño bipartidista difícil de alcanzar: una idea que casi todos apoyan en teoría, pero que se complica cada vez que llega el momento de escribir la letra pequeña.