PPD lleva a Justicia al tribunal por documentos de casos cerrados

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado radicó este lunes una demanda contra el Departamento de Justicia para exigir acceso a información relacionada con casos archivados en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, luego de que el Departamento de Justicia no respondiera a una petición de información aprobada de forma unánime por el Senado de Puerto Rico.

El portavoz de la delegación popular, Luis Javier Hernández Ortiz, informó en conferencia de prensa que la acción judicial busca que el tribunal ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, entregar al Senado documentación sobre casos archivados en la División de Integridad Pública.

“Como ustedes recordarán, el pasado 4 de mayo de 2026, haciendo uso de las prerrogativas como legislador, radicamos la petición de información 2026-0063 para requerir del Departamento de Justicia: un listado de los casos que se archivaron en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor y copia de cada Orden de Cierre y Archivo para cada uno de los casos incluidos en el listado como archivados”, expresó Hernández Ortiz.

Reclamo surge tras controversia por Suzanne Roig

La controversia surgió luego de la investigación pública relacionada con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y la divulgación de la Orden Administrativa 2026-09 del Departamento de Justicia, la cual establece un mecanismo para cerrar o archivar casos luego de dos años en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

La portavoz alterna de la delegación, Marially González Huertas, sostuvo que fue durante ese proceso que advinieron en conocimiento de la orden administrativa.

“Como parte de ese proceso, se supo de la emisión de la Orden Administrativa 2026-09 adoptada por el Departamento de Justicia donde se establece un proceso para cerrar o archivar casos luego de dos años en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Esta división investiga querellas de corrupción gubernamental, violaciones electorales, de ética gubernamental, entre otros delitos que se alega fueron cometidos por funcionarios públicos”, señaló González Huertas.

La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor tiene a su cargo investigaciones relacionadas con alegaciones de corrupción gubernamental, violaciones éticas y otros posibles delitos atribuidos a funcionarios públicos.

Senado aprobó petición de forma unánime

Los senadores populares sostuvieron que el Departamento de Justicia se negó a entregar los documentos requeridos, pese a que la petición fue avalada por el cuerpo legislativo de manera unánime.

El senador Josian Santiago rechazó que el requerimiento constituya una presión política contra la agencia.

“A pesar de que la petición de información fue debidamente aprobada por el Senado de Puerto Rico de forma unánime, el Departamento de Justicia se ha negado a proveer la información. Han dicho incluso en declaraciones escritas que ellos no cederán a presiones políticas. Lo anterior, en un desconocimiento palpable de lo que es nuestra función como legisladores”, sostuvo Santiago.

El legislador añadió que solicitar información a una agencia pública forma parte de las facultades del Senado para investigar, fiscalizar al gobierno, debatir asuntos de interés público y mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública.

Ante la falta de respuesta de Justicia, el Senado aprobó el pasado 19 de mayo una moción otorgando un plazo adicional de 48 horas para que la agencia entregara la información solicitada. Al concluir el término sin que se produjera la entrega de los documentos, la delegación procedió con la acción judicial.

Invocan el Artículo 34-A del Código Político

El recurso fue radicado al amparo del Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, disposición que establece un procedimiento especial cuando la Asamblea Legislativa solicita información a una agencia gubernamental.

El expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago explicó que la acción judicial responde a la negativa de la agencia y busca defender las prerrogativas del Senado y de sus miembros.

“Ante la negativa de la agencia de proveer la información, el Senado de Puerto Rico aprobó una moción de forma unánime el 19 de mayo de 2026, otorgando un plazo de 48 horas para que la Secretaria de la agencia respondiera. De no responder dentro de ese término, el Cuerpo Legislativo dispuso que se procedería a incoar cualquier acción legal necesaria para defender las prerrogativas no solo del Senado, sino también de sus miembros”, expresó Dalmau Santiago.

La delegación indicó que este tipo de recurso ha sido utilizado previamente en disputas de acceso a documentos públicos entre la Asamblea Legislativa y agencias como el Departamento de Hacienda, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Educación, Corrección y LUMA, entre otras.

También señalaron que el poder investigativo de la Asamblea Legislativa ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde el caso de Peña Clos y decisiones posteriores.

“No son presiones políticas”, insiste la delegación

La senadora Ada Álvarez Conde sostuvo que la delegación no deseaba llegar al tribunal, pero defendió la presentación del recurso como el mecanismo disponible para hacer valer la función fiscalizadora del Senado.

“Luego de haber otorgado tiempo suficiente al Departamento para cumplir con el requerimiento de información, hemos presentado este Recurso que esperamos sea atendido por el Tribunal de Primera Instancia en las próximas horas. Por supuesto que no deseábamos llegar a este curso de acción, pero no tenemos otro mecanismo para poder vindicar lo que es un ejercicio legítimo de nuestra función senatorial”, indicó Álvarez Conde.

Hernández Ortiz insistió en que el reclamo no responde a presiones políticas, sino a una facultad legislativa reconocida.

“Lo decimos con claridad para que se entienda: esto no son presiones políticas como afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado firmado por la subsecretaria de la Agencia. Este reclamo nace de un ejercicio legislativo legítimo. Tan es así, que la petición aun fue presentada por este servidor, terminó siendo aprobada por el Senado de Puerto Rico. Se trata de un ejercicio legislativo reconocido hace décadas: la fiscalización, la rendición de cuentas. Ninguna agencia y ningún jefe de agencia puede irritarse porque el Senado de Puerto Rico le solicite información”, concluyó.

La delegación popular sostuvo que la demanda busca hacer valer las prerrogativas investigativas del Senado y garantizar el acceso a información pública relacionada con el funcionamiento del gobierno.

El compañero Francisco Rodríguez-Burns colaboró en esta historia.