Proponen garantizar servicios presenciales a adultos mayores
La delegación del PPD en el Senado propone garantizar servicios presenciales a quienes carecen de acceso o dominio de la tecnología.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Política|
Las extensas filas de adultos mayores y personas con necesidades especiales que acudieron durante el fin de semana al Coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey, para realizar gestiones relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), sirvieron de contexto para una propuesta legislativa que busca garantizar alternativas presenciales y telefónicas a los servicios digitales del Gobierno.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado anunció este lunes la radicación del Proyecto del Senado 1494, dirigido a evitar que la falta de acceso a internet, equipos electrónicos o conocimientos tecnológicos se convierta en un impedimento para recibir servicios gubernamentales.
La iniciativa surge en momentos en que Puerto Rico experimenta un acelerado envejecimiento poblacional y las agencias públicas trasladan cada vez más gestiones administrativas a plataformas digitales.
Durante el sábado, cientos de ciudadanos acudieron al Coliseíto Pedrín Zorrilla para solicitar beneficios del PAN, completar recertificaciones y atender citas pendientes. La jornada, organizada por el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), estaba dirigida a residentes de San Juan y Guaynabo, aunque también llegaron participantes de otros municipios.
Las imágenes de personas esperando durante horas bajo el sol, muchas de ellas adultos mayores, provocaron cuestionamientos sobre la accesibilidad de los servicios y la capacidad de las agencias para atender las necesidades de poblaciones vulnerables.
La jornada especial había sido convocada para agilizar trámites pendientes y ampliar la capacidad de atención de ADSEF. Sin embargo, la elevada asistencia sobrepasó las expectativas iniciales y puso de manifiesto las dificultades que enfrentan numerosos ciudadanos para completar gestiones relacionadas con un programa esencial de asistencia alimentaria.
El portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, vinculó el incidente con la necesidad de aprovechar las instalaciones gubernamentales y comunitarias existentes para acercar los servicios a la ciudadanía.
El legislador señaló que numerosas personas tuvieron que desplazarse hasta San Juan y permanecer durante horas en espera de atención, a pesar de que existen oficinas regionales y otras instalaciones que podrían utilizarse para facilitar determinados trámites.
Aunque las dificultades experimentadas por los participantes del PAN no pueden atribuirse exclusivamente a la brecha digital, el episodio puso de relieve los obstáculos que pueden enfrentar las personas mayores cuando necesitan realizar gestiones esenciales ante el Gobierno.
Proponen alternativas a los servicios digitales
El Proyecto del Senado 1494 propone enmendar la Ley 75-2019, que creó el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), y la Ley 151-2004, conocida como Ley de Gobierno Electrónico, para establecer un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos.
De aprobarse, las agencias gubernamentales tendrían que ofrecer mecanismos de asistencia presencial y telefónica a personas que no cuenten con acceso a la tecnología o que tengan dificultades para utilizarla.
La senadora Ada Álvarez Conde, promotora de la iniciativa, explicó durante la conferencia de prensa que el protocolo también contemplaría estándares mínimos de tiempo de espera, orientación al ciudadano y aprovechamiento de instalaciones comunitarias.
Entre los espacios identificados figuran los Centros de Servicios Integrados, las bibliotecas públicas, los centros de personas de edad avanzada y las oficinas municipales.
La propuesta también establece la creación de una Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico, adscrita a PRITS, que reuniría representantes gubernamentales, organizaciones comunitarias, municipios y el sector de telecomunicaciones.
La portavoz alterna del PPD, Marially González Huertas, sostuvo que el objetivo es atender las dificultades que enfrentan ciudadanos que dependen de familiares, vecinos o terceras personas para completar trámites digitales.
La medida también contempla programas de alfabetización digital dirigidos prioritariamente a personas de edad avanzada, como parte de los esfuerzos para facilitar el uso de herramientas tecnológicas sin eliminar las alternativas tradicionales de atención.
Antecedente de un veto
La discusión sobre el acceso a los servicios gubernamentales tiene además un antecedente legislativo que deberá considerarse durante la evaluación de la nueva propuesta.
En 2025, una iniciativa relacionada con esta materia recibió un veto, según el antecedente señalado sobre la legislación.
El Proyecto del Senado 1494 plantea ahora un mecanismo de coordinación entre agencias para garantizar alternativas de atención a ciudadanos que no puedan completar sus gestiones mediante plataformas digitales.
La propuesta dispone que PRITS identifique posibles fuentes de financiamiento, incluya una partida específica en su solicitud presupuestaria anual y presente informes sobre la implantación del protocolo.
También establece que la agencia recopile anualmente información sobre el acceso y utilización de la tecnología por parte de la población, con el propósito de medir los resultados de las iniciativas de inclusión digital.
De convertirse en ley, PRITS tendría 180 días para adoptar el protocolo, que sería aplicable a las agencias e instrumentalidades gubernamentales.
La medida fue referida a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, donde deberá evaluarse antes de cualquier posible aprobación.
El debate sobre la accesibilidad de los servicios gubernamentales cobra particular importancia en una isla donde, según el Instituto de Estadísticas, el índice de vejez aumentó 41 % entre 2020 y 2025, hasta alcanzar una proporción de 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.
El crecimiento de esta población plantea nuevos desafíos para la organización de los servicios públicos, particularmente en áreas como salud, asistencia social, transportación y acceso a programas de ayuda económica.
