Proyecto de Pablo José Hernández pone fecha al plebiscito y a la Junta
La medida incluye al ELA, una segunda vuelta y una ruta para terminar PROMESA
Por Redacción InDiario|Política|
El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera radicó en el Congreso el proyecto Puerto Rico Democratic Self Determination Act, una medida que busca reabrir el debate de estatus desde Washington con una papeleta de cuatro alternativas: independencia, Estado Libre Asociado, estadidad y soberanía en libre asociación con Estados Unidos.
A diferencia de otras propuestas impulsadas en el Congreso, el proyecto no excluye al Estado Libre Asociado. Por el contrario, lo coloca como una de las alternativas principales y le añade una ruta de negociación con el gobierno federal, así como una disposición directa para sacar a Puerto Rico de la Ley PROMESA si esa opción prevalece en las urnas.
La medida propone que el plebiscito se celebre el 14 de marzo de 2027. Para que una alternativa gane, tendría que obtener más del 50% de los votos válidos emitidos. Si ninguna opción logra esa mayoría, se celebraría una segunda vuelta el 16 de mayo de 2027 entre las dos alternativas más votadas.
El lenguaje del proyecto establece que el proceso debe ser democrático, creíble e inclusivo, y reconoce que una consulta legítima debe permitirle al pueblo escoger entre la continuación de la relación actual con Estados Unidos y otras alternativas de estatus. Esa premisa convierte la medida en una respuesta directa a los esfuerzos estadistas que han buscado adelantar consultas sin incluir el ELA.
Uno de los elementos más importantes del proyecto es la definición del Commonwealth-Estado Libre Asociado. La papeleta propuesta describiría a Puerto Rico como un territorio con gobierno propio, ciudadanía estadounidense, acceso a programas federales como Seguro Social, Medicare, Medicaid y asistencia nutricional, además de autonomía fiscal y económica.
También reconoce la identidad cultural, histórica y lingüística de Puerto Rico, incluyendo su participación en eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos, bajo su propio nombre y bandera. Ese lenguaje representa un intento de elevar el ELA de una simple opción electoral a una fórmula con componentes políticos, fiscales, culturales y federales claramente identificados.
La pieza fuerte: salida de PROMESA
El proyecto dispone que la Ley PROMESA dejaría de aplicar a Puerto Rico bajo tres escenarios: cuando Puerto Rico sea admitido como estado, cuando el nuevo gobierno de una nación puertorriqueña tome posesión bajo independencia o libre asociación, o dos años después de certificarse una victoria del Estado Libre Asociado.
En ese escenario, la Junta de Supervisión Fiscal quedaría terminada, sus poderes regresarían al gobierno de Puerto Rico y todos los fondos, propiedades y activos de la Junta serían transferidos al gobierno correspondiente, ya sea el Estado de Puerto Rico, el Commonwealth o la nación de Puerto Rico, según la opción aprobada.
Ese punto convierte la medida en algo más que otro proyecto de estatus. Hernández Rivera no solo propone consultar al pueblo, sino amarrar el resultado del ELA a una fecha concreta para la salida de la Junta Fiscal, uno de los reclamos políticos más persistentes desde la aprobación de PROMESA en 2016.
Una comisión para negociar el ELA
Si el ELA gana el plebiscito, el proyecto crearía la United States-Puerto Rico Commonwealth Development Commission, una comisión encargada de examinar, proponer y negociar reformas al arreglo actual.
La comisión estaría compuesta por seis miembros designados por la organización o partido que defienda el ELA en el plebiscito, dos senadores federales, dos miembros de la Cámara de Representantes federal y dos miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos.
Esa comisión tendría dos años desde su primera reunión para proponer reformas al ELA y podría operar por un máximo de cinco años, salvo que una mayoría de sus miembros acuerde terminar sus trabajos antes. Cualquier reforma, incluyendo un nuevo pacto o un paquete de cambios, tendría que ser aprobada por los electores de Puerto Rico en una elección especial y por el gobierno federal conforme a la Constitución de Estados Unidos.
En términos prácticos, el proyecto intenta convertir el reclamo de “mejorar el ELA” en un proceso formal con calendario, participantes definidos y una doble ratificación: Puerto Rico y Washington.
Educación electoral y supervisión federal
La medida también ordena una campaña educativa no partidista a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones, con materiales disponibles en inglés y español. Esa campaña tendría que explicar, como mínimo, los efectos de cada opción sobre representación internacional, ciudadanía, inmigración y trato bajo leyes y programas federales.
El diseño de la papeleta y los materiales educativos tendrían que ser sometidos al fiscal general de Estados Unidos para revisión. Si el Departamento de Justicia federal no actúa dentro del término establecido, los materiales quedarían aprobados. Además, la Comisión Estatal de Elecciones tendría que invitar observadores electorales nacionales e internacionales para dar transparencia al proceso.
Ciudadanía, impuestos y libre asociación
El proyecto también detalla los efectos de las opciones no territoriales. Bajo la independencia y la libre asociación, Puerto Rico pasaría a ser una nación soberana y el nacimiento en la Isla dejaría de ser base automática para la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, las personas que ya tengan ciudadanía estadounidense conservarían ese derecho de por vida, según los términos establecidos por ley federal.
En la libre asociación, Puerto Rico negociaría unos artículos de asociación con Estados Unidos que podrían incluir asuntos de defensa, seguridad, comercio, moneda, beneficios económicos, inmigración y terminación del acuerdo. El proyecto establece que esa relación podría ser terminada por cualquiera de las dos partes.
En el caso de la estadidad, la medida dispone que Puerto Rico sería admitido en igualdad de condiciones con los demás estados, con ciudadanía estadounidense protegida constitucionalmente y aplicación plena de las leyes federales, incluyendo las contribuciones federales sobre ingresos para individuos y empresas residentes en el nuevo estado.
La radicación coloca nuevamente el tema del estatus en el centro de la agenda política federal, pero con una diferencia sustancial: esta vez la propuesta no se limita a preguntar por la estadidad o la soberanía, sino que intenta darle al ELA una ruta institucional de negociación y una promesa concreta de salida de PROMESA.
Para los estadistas, el proyecto representa un retroceso porque devuelve a la papeleta una opción que por años han intentado excluir del debate federal. Para los populares, es una oportunidad de defender el ELA con una propuesta más específica que el simple reclamo histórico de “mejorarlo”. Y para el Congreso, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Washington ha evitado contestar de forma definitiva: qué está dispuesto a aceptar Estados Unidos sobre el futuro político de Puerto Rico.
La medida, sin embargo, enfrentará el mismo obstáculo que ha detenido otros proyectos de estatus: conseguir apoyo suficiente en un Congreso dividido, con prioridades nacionales más urgentes y poca disposición histórica a comprometerse con una solución final para Puerto Rico.
