Rivera Schatz compara prisa con Reforma Contributiva con resistencia a firmar el proyecto del impuesto al inventario
Cuestiona que algunos digan tres años no dan para sustituir $314M del tributo, pero resolverían en semanas el costo de $500M de la Reforma Contributiva
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A solo un día de que venza el plazo para que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firme o vete la medida que congelaría el impuesto al inventario por tres años, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la emplazó a firmar el Proyecto de la Cámara 420 y aprovechó para criticar la forma en que La Fortaleza maneja la Reforma Contributiva.
En una publicación difundida en sus redes sociales, Rivera Schatz ironizó sobre lo que considera una contradicción. Recordó que "esos mismos que alegan que tres años no son suficientes” para sustituir los ingresos de los municipios —estimados en $314 millones— si se elimina el impuesto al inventario, catalogan como suficiente el tiempo propuesto para identificar los fondos que le costará la Reforma Contributiva al erario.
“Si tres años no son suficientes para reemplazar $314 millones, ¿cómo pueden pensar que un par de semanas bastan para cubrir $500 millones?”, planteó el líder senatorial, al exigir una explicación clara y lógica del secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y La Fortaleza.
El proyecto en controversia
El PC 420, que mañana vence su término para ser firmado o vetado, enmienda los artículos 7.138, 7.148 y 7.162 de la Ley 107-2020 del Código Municipal de Puerto Rico, con el propósito de congelar la tasa contributiva sobre inventario entre los años fiscales 2024 y 2028, manteniendo la base de cálculo del año 2024-2025.
El proyecto también establece que si para 2028 no se ha identificado una fuente de ingresos alterna, el impuesto quedará eliminado a partir de ese año. Además, autoriza al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a solicitar al Departamento de Hacienda la información necesaria para fiscalizar el cumplimiento contributivo.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la medida generaría un impacto positivo de $6.5 millones en el primer año fiscal y reducciones graduales hasta -$1.4 millones hacia 2029.
El sector privado también ha urgido la firma de este proyecto, tras argumentar que permitirá aumentar inventarios sin castigos fiscales y fortalecer la disponibilidad de abastos ante emergencias.
A su vez, alcaldes de ambos partidos pidieron a la gobernadora no vetar la medida y asegurar un plan de transición responsable para los municipios.
Pese a un señalamiento del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, que advierte sobre un posible “error técnico” en la redacción, Rivera Schatz insistió en que el Senado no reconsiderará la pieza legislativa.
“Ya el Senado hizo su parte. Ahora le toca a la gobernadora decidir si apoya a los comerciantes y consumidores o si mantiene un impuesto que penaliza la economía”, expresó el presidente senatorial.