¿Se acabaron las multas sorpresas para autos usados?

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 182-2025, una medida legislativa que pone fin a la práctica de transferir multas, gravámenes y bloqueos administrativos de dueños anteriores a nuevos titulares de vehículos usados.

La legislación, de autoría del senador por el Distrito de Arecibo Héctor “Gaby” González, enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer como un derecho explícito que ningún conductor o propietario pueda ser penalizado por infracciones ocurridas antes de figurar como titular registral del vehículo.

Con la nueva ley, se prohíbe la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes relacionados con multas de tránsito, cargos de AutoExpreso u otras infracciones atribuibles a propietarios anteriores. Además, obliga al Estado a utilizar sus sistemas oficiales de registro para identificar correctamente al responsable de la falta al momento en que ocurrió.

Según explicó el senador González, la medida responde a múltiples denuncias de ciudadanos que, al renovar el marbete o realizar trámites en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO), se encontraban con deudas que no les correspondían.

“Hoy se le hace justicia a miles de puertorriqueños que se topaban con la sorpresa de multas ajenas al intentar cumplir con sus obligaciones vehiculares”, expresó el legislador tras la firma de la ley.

Previo a la aprobación de la Ley 182-2025, los nuevos dueños de vehículos usados se veían obligados a iniciar procesos administrativos extensos o, en muchos casos, a pagar deudas de terceros para poder circular legalmente.

La nueva legislación también busca promover mayor eficiencia administrativa, al establecer que el Estado cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para determinar la titularidad histórica de un vehículo y asignar correctamente la responsabilidad de las infracciones.

Con la entrada en vigor de la Ley 182-2025, se fortalece la protección al consumidor y se fomenta un entorno más transparente y confiable en el mercado de vehículos usados en Puerto Rico.