Proponen eliminar pensión a educadores convictos por abuso sexual

El senador por el distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, presentó el Proyecto del Senado 410 para suspender la pensión de maestros y educadores del sistema público que sean convictos por abuso sexual contra menores de edad. La propuesta busca enmendar la Ley 160 (Ley del Sistema de Retiro para Maestros), que actualmente permite retirar los beneficios solo por delitos como fraude, extorsión y malversación de fondos públicos.

“Sin embargo, no se incluye a aquellos educadores que con sus actos de depredadores sexuales defraudan la confianza que se les depositó para brindarles el pan de la enseñanza a nuestros niños y niñas”, explicó Sánchez Álvarez. “Nuestra intención con esta medida es que estos ofensores no puedan beneficiarse del Sistema de Retiro que con mucho esfuerzo los maestros honrados aportan para su pensión”, añadió el senador.

El proyecto detalla que la suspensión aplicaría a delitos o intentos de delitos como incesto, agresión sexual, actos lascivos, trata humana, secuestro agravado, la utilización de un menor para pornografía infantil, y el proxenetismo y comercio de personas agravado cuando la víctima sea menor de 18 años.

Sánchez Álvarez argumentó que el maltrato y abuso sexual de menores tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico, emocional y psicológico de las víctimas, por lo que el Estado debe establecer mecanismos más severos y disuasivos para proteger a los niños y niñas del sistema público. “El maltrato de menores es un grave problema social que impacta adversamente el desarrollo cognitivo, emocional y físico de nuestros niños y niñas, por lo que es un asunto de alto interés público brindar mecanismos disuasivos y puntuales contra el abuso sexual y el abuso contra menores”, sostuvo.

Investigación sobre la venta de cigarrillos electrónicos a menores

Además del Proyecto del Senado 410, Sánchez Álvarez radicó la Resolución del Senado 98 para que las Comisiones de Salud y de Hacienda investiguen los mecanismos de fiscalización de la venta de cigarrillos electrónicos a menores. Según un estudio realizado para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el uso de sustancias químicas entre los jóvenes representa un problema de salud pública en Puerto Rico.

El informe, basado en datos de los años académicos 2020-21 y 2021-22, reveló que el 35.2% de los estudiantes ha consumido alcohol, el 5.7% marihuana y el 5.3% tabaco. Llama la atención que los menores reportaron que obtuvieron cigarrillos y productos de tabaco principalmente en tiendas, colmados y gasolineras, a pesar de que las leyes en Puerto Rico prohíben la venta de estos productos a menores de 21 años.

“Es necesario que las comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y Promesa del Senado de Puerto Rico realicen una evaluación del asunto y que tanto el Departamento de Salud, la ASSMCA, el Departamento de Hacienda y el Negociado de la Policía de Puerto Rico puedan brindar sus hallazgos y recomendaciones para fortalecer la fiscalización a las leyes que prohíben la venta de cigarrillos, incluyendo los electrónicos, a los menores de edad”, concluyó el senador.

Ambas medidas —la suspensión de pensión a educadores convictos por abuso sexual y la investigación sobre la venta de cigarrillos electrónicos a menores— reflejan una postura más estricta del Senado para reforzar las protecciones a la niñez y garantizar el cumplimiento de las leyes en Puerto Rico.