Tres nuevas leyes atienden autismo, Vieques y Toa Baja

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley tres resoluciones dirigidas a fortalecer los servicios para adultos con autismo severo, atender una reclamación de varias décadas relacionada con una finca familiar en Vieques y reconocer el legado de un líder comunitario de Toa Baja.

Una de las medidas firmadas fue la Resolución Conjunta de la Cámara 128, convertida en la Resolución Conjunta 41-2026, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluar la transferencia o concesión por más de diez años de las instalaciones de la antigua Escuela Ernesto Juan Fonfrías, en el barrio Candelaria de Toa Baja, a la organización Centro Corazón Azul, Inc.

Apoyo a adultos con autismo severo

Centro Corazón Azul opera en esas instalaciones mediante contratos de arrendamiento y ofrece gratuitamente servicios de desarrollo de destrezas para la vida independiente, rehabilitación vocacional, terapias y programas de integración social para adultos mayores de 21 años con autismo severo o nivel 3. Según la información divulgada, se trata del único centro diurno en Puerto Rico dedicado específicamente a esa población.

La organización fue fundada por madres de adultos con autismo que identificaron la falta de alternativas disponibles una vez sus hijos superaban la edad escolar.

“Las organizaciones sin fines de lucro que atienden a nuestras poblaciones más vulnerables necesitan herramientas que les permitan planificar a largo plazo y continuar ampliando los servicios que ofrecen”, expresó González Colón al anunciar la firma.

La resolución no transfiere automáticamente la propiedad, sino que ordena al CEDBI evaluar la viabilidad de conceder la titularidad, un usufructo u otro acuerdo jurídico de larga duración. También incluye salvaguardas para evitar que el inmueble sea vendido, cedido o utilizado con fines de lucro incompatibles con los servicios dirigidos a personas con autismo severo.

Liberan restricciones sobre finca en Vieques

La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 291, ahora Resolución Conjunta 42-2026, que ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación liberar las restricciones de preservación e indivisión que pesan sobre la finca número 1662, localizada en el barrio Florida de Vieques.

El predio perteneció a Marcelo García Belardo y Aurelia González Lugo, cuyos herederos permanecieron durante décadas sujetos a las limitaciones establecidas bajo la Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola, pese a que el Estado había renunciado hacía más de 20 años a ejercer su derecho preferente de adquisición.

“Con esta resolución hacemos justicia a una familia que por décadas ha permanecido limitada por unas restricciones que ya no responden a la realidad para la que fueron creadas”, sostuvo la mandataria.

La medida permitirá que los herederos obtengan certeza jurídica sobre la propiedad y puedan desarrollarla conforme a las disposiciones aplicables, sin mantener restricciones que el Gobierno determinó que ya no respondían a las circunstancias particulares del terreno.

Reconocen legado comunitario en Toa Baja

La tercera medida fue la Resolución Conjunta de la Cámara 165, convertida en la Resolución Conjunta 40-2026, que designa un tramo de la carretera estatal PR-866, en el barrio Sabana Seca de Toa Baja, con el nombre de Francisco “Paco” Ortiz Santos.

Ortiz Santos es reconocido por su trayectoria como líder cívico y comunitario. La designación comprende el tramo entre la intersección de la Panadería Mi Pan y la carretera PR-872.

La resolución autoriza la instalación de rótulos y el uso de fondos estatales, municipales, donativos privados y otros recursos disponibles. Además, concede un plazo de 90 días al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Municipio de Toa Baja para implementar la nueva designación.