Alegan investigan firma cuestionada en contrato energético
Josué Colón confirma una pesquisa desde junio; 3PPO asegura que existían documentos para autorizar al firmante cuestionado.
Por Redacción InDiario|Energía|
La controversia por el contrato de generación temporera de 400 megavatios en Aguirre entró este domingo en una nueva etapa, luego de que el Gobierno confirmara que investiga desde mediados de junio las alegaciones relacionadas con el uso presuntamente no autorizado del nombre y la firma de Enchanted Rock en el acuerdo multimillonario.
La revelación ocurre apenas días después de que la Junta de Supervisión Fiscal anunciara que evalúa revocar su aprobación del contrato y realizar referidos a las autoridades, tras recibir directamente de Enchanted Rock el señalamiento de que su identidad corporativa y firma fueron utilizadas sin autorización.
El zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz, confirmó que las alegaciones llegaron al Gobierno a mediados de junio y permanecen bajo investigación.
Colón evitó validar o descartar la denuncia de Enchanted Rock y sostuvo que todavía no existe una conclusión definitiva sobre si ocurrió una falsa representación. También adelantó que el Gobierno responderá a la carta enviada el pasado 7 de agosto por la Junta Fiscal.
3PPO defiende al firmante cuestionado
Mientras Colón mantiene abierta la investigación, el presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones, Osvaldo Carlo Linares, presentó por primera vez una defensa más detallada del proceso que permitió la firma del contrato.
Según Carlo, antes de formalizarse el acuerdo existía un Memorando de Entendimiento (MOU) mediante el cual Power Expectations tendría facultad para representar a Enchanted Rock en Puerto Rico. Además, aseguró que había una resolución corporativa identificando a la persona que podía firmar los contratos.
Cuando se le preguntó si esa persona fue precisamente quien estampó su firma en el acuerdo, Carlo respondió afirmativamente.
La explicación introduce un elemento nuevo en la controversia alrededor del nombre de Jhoby Weaks, identificado en los documentos como firmante relacionado con Enchanted Rock y sobre cuya identidad habían surgido interrogantes.
Carlo sostuvo ahora que la persona cuestionada sí existe, reside en Colorado y mantenía una relación contractual con el consorcio en Puerto Rico. El funcionario reconoció, sin embargo, que esa persona no era parte de la estructura corporativa de Enchanted Rock ni de su actual matriz, ERock.
La pregunta cambia: ¿quién autorizó a Jhoby Weaks?
La explicación del 3PPO no cierra necesariamente la controversia. Por el contrario, coloca en el centro otra pregunta: si Enchanted Rock sostiene que no autorizó el uso de su nombre o firma, ¿qué alcance tenían realmente el MOU y las resoluciones corporativas que el Gobierno asegura haber revisado?
Hasta el momento, esos documentos no han sido divulgados públicamente para poder corroborar de manera independiente qué facultades fueron delegadas, a quién se delegaron y si incluían expresamente la capacidad de obligar contractualmente a Enchanted Rock en un negocio de esta magnitud. Metro Puerto Rico indicó que tampoco tuvo acceso al MOU ni a las resoluciones mencionadas por Carlo.
Ese punto resulta particularmente relevante porque la Junta Fiscal había destacado que Enchanted Rock aportaba experiencia técnica, operacional y financiera que Power Expectations y Reyes Contractor no habían demostrado individualmente para un proyecto de esta escala. La eventual validez de su participación, por tanto, toca directamente uno de los elementos utilizados para evaluar la capacidad del consorcio.
Contrato sigue acumulando interrogantes
La controversia de la firma se suma a una lista de problemas que ya rodeaban el acuerdo.
La Junta informó que, 57 días después de comenzar el término contractual, no se había entregado la garantía de cumplimiento para la etapa de construcción, estimada en aproximadamente $1,180 millones, y tampoco se habían alcanzado los hitos establecidos. La AEE rechazó además una solicitud para extender el calendario del proyecto.
Enchanted Rock salió posteriormente del consorcio y fue sustituida por otra compañía. La Junta también ha cuestionado ese cambio al advertir que las modificaciones a las partes de un contrato previamente aprobado requieren su autorización.
El contrato tiene un valor máximo teórico de aproximadamente $5,800 millones, calculado bajo un escenario de utilización máxima de los 400 MW durante su vigencia. Esa cifra no constituye un pago garantizado. Colón aseguró además que hasta ahora el Gobierno no ha desembolsado dinero bajo el acuerdo y que el contratista solo cobraría por la energía que efectivamente produzca y sea requerida por el sistema.
“No ponemos las manos en el fuego por nadie”
Aunque el 3PPO defendió la documentación utilizada para validar al firmante, Colón fue considerablemente más cauteloso.
El zar energético dejó abierta la posibilidad de que la investigación determine que hubo una representación falsa por parte de Power Expectations. De llegar a esa conclusión, indicó que el Gobierno podría recurrir a las garantías contractuales o incluso terminar la relación con la empresa.
“Nosotros no ponemos las manos en el fuego por nadie”, sostuvo Colón.
La controversia, por tanto, continúa lejos de quedar resuelta. Ahora existen dos versiones que deberán reconciliarse documentalmente: el 3PPO asegura que tenía papeles que facultaban al firmante; Enchanted Rock asegura que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización.
Y mientras esa contradicción permanece abierta, la Junta Fiscal mantiene sobre la mesa la posibilidad de revocar su aprobación y realizar referidos a las autoridades correspondientes.
