Junta Fiscal amenaza con revocar contrato energético
Enchanted Rock asegura su nombre y firma fueron usados sin autorización; faltan $1.2 billones en garantias y el proyecto de 400 MW sigue estancado.
Por Redacción InDiario|Energía|
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) abrió la puerta a revocar su aprobación al controvertible contrato de generación temporera en Aguirre y referir el asunto a las autoridades, luego de que Enchanted Rock asegurara que su nombre y su firma fueron utilizados sin autorización durante el proceso de contratación.
En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a Osvaldo Carlo Linares, presidente de la Third-Party Procurement Office (3PPO), el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., reveló que un portavoz de Enchanted Rock confirmó directamente a ese organismo que la compañía advino en conocimiento de que “our company name and signature were used without our authorization” en relación con la contratación. La Junta calificó el señalamiento como “extremadamente preocupante” y sostuvo que la alegada representación indebida debe ser investigada.
El contrato contempla la instalación, operación y mantenimiento de 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, con un periodo de despliegue de entre 90 y 150 días. Sin embargo, al momento de la carta habían transcurrido 57 días desde su firma, el 10 de junio, sin que se hubiese reportado progreso significativo.
Sin fianza de $1,180 millones y sin cumplir hitos
La situación se complica por otros incumplimientos que la propia Junta documenta. El 5 de agosto, la 3PPO informó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) confirmó que Flotek Industries, Inc. había sustituido a Enchanted Rock, pero que todavía no se había entregado la garantía de cumplimiento para la etapa de construcción, calculada en aproximadamente $1,180 millones.
Además, la AEE confirmó que no se habían cumplido los hitos contractuales y que no había ocurrido progreso alguno. La corporación pública rechazó una solicitud del vendedor para extender el calendario, aunque mantiene como fecha estimada para comenzar operaciones comerciales el 4 de noviembre de 2026.
La Junta señala que cuando aprobó finalmente el contrato entendía que este había sido firmado por Power Expectations LLC, Reyes Contractor LLC y Enchanted Rock LLC. No obstante, posteriormente recibió una comunicación de los abogados de Power Expectations alegando que Enchanted Rock notificó apenas dos días después de la firma que no deseaba continuar participando del proyecto y que sus intereses fueron asignados a Flotek, con sede en Houston.
El elemento ahora explosivo es que Enchanted Rock sostiene que ni siquiera autorizó el uso de su nombre y firma en conexión con el proceso de adquisición, un señalamiento que pone bajo cuestionamiento la composición del consorcio que sirvió de base para evaluar y aprobar el contrato.
Junta había advertido serias dudas sobre Power Expectations
La carta revela, además, que las dudas sobre el proyecto venían acumulándose desde mucho antes de su aprobación.
Un análisis financiero de la propia 3PPO, fechado el 28 de agosto de 2025, había concluido que la propuesta no presentaba evidencia adecuada de capacidad organizacional o financiera para cumplir durante los diez años contemplados en el contrato. También advertía que la magnitud de la adjudicación era desproporcionada frente a los ingresos reportados por Power Expectations.
Según la Junta, ni Power Expectations ni Reyes Contractor habían demostrado experiencia previa ejecutando proyectos de escala y complejidad comparables, por lo que la participación de Enchanted Rock resultaba fundamental para aportar la capacidad técnica, operacional y financiera necesaria para cualificar al grupo proponente.
Es precisamente esa dependencia de Enchanted Rock lo que ahora adquiere mayor relevancia ante el señalamiento de que la empresa no autorizó el uso de su identidad y firma.
Una fianza de $300,000 para un contrato multimillonario
La Junta también levantó bandera sobre las garantías financieras originales. Uno de los documentos sometidos incluyó una fianza de licitación respaldada por una aseguradora de apenas $300,000, aun cuando el valor máximo teórico del contrato podía alcanzar aproximadamente $5,800 millones.
La JSF señala que esa fianza era sustancialmente menor a las presentadas por otros proponentes.
También cuestionó una estructura que requeriría una inversión inicial cercana a $1,200 millones antes de alcanzar operación comercial, pese a que el contrato no garantizaba horas mínimas de funcionamiento ni ingresos comprometidos.
La 3PPO explicó entonces que el valor multimillonario representaba un máximo teórico calculado suponiendo una operación continua de los 400 MW durante el término contractual, y que el financiamiento dependería de las cuentas por cobrar generadas por la energía efectivamente producida. Para la Junta, esas explicaciones ofrecieron confianza limitada sobre la diligencia realizada antes de recomendar la contratación.
De emergencia energética a posible referido
Pese a esas reservas, la Junta concedió una aprobación condicionada el 8 de mayo de 2026, argumentando la urgencia de añadir generación al sistema eléctrico. Exigió hitos específicos, informes semanales, penalidades por retrasos, garantías de cumplimiento y mecanismos para terminar el contrato si no se alcanzaba la operación comercial dentro del calendario establecido.
El 2 de junio determinó que esas condiciones habían sido atendidas y autorizó la firma.
Ahora, poco más de dos meses después, el panorama es diametralmente distinto: no se han alcanzado los hitos, falta una garantía de aproximadamente $1,180 millones, Enchanted Rock fue sustituida y la compañía sostiene que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización.
Ante ese escenario, Mujica dejó por escrito que la Junta está evaluando “todas sus opciones”, incluyendo revocar la aprobación concedida al contrato y realizar un referido a las autoridades correspondientes.
La comunicación fue copiada, entre otros, a Jenniffer González Colón, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Méndez Núñez, Josué A. Colón Ortiz, Mary C. Zapata Acosta y Edison Avilés Deliz, colocando formalmente el nuevo cuestionamiento sobre el contrato ante las principales figuras vinculadas a la política pública energética y al gobierno de Puerto Rico.
