Junta Fiscal exige a NFE abrir su terminal a terceros
El organismo advierte que la cláusula contractual debe activarse cuando falte gas, tras una interrupción que costó unos $32 millones.
Por Redacción InDiario|Energía|
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió a New Fortress Energy (NFE) cumplir con las disposiciones contractuales que permiten utilizar sus instalaciones portuarias para recibir gas natural licuado de proveedores alternos cuando la empresa no pueda garantizar el suministro necesario para la generación eléctrica en Puerto Rico.
El pronunciamiento del organismo federal surge tras una controversia que provocó varias semanas de interrupciones en las entregas de gas y obligó a utilizar diésel, un combustible considerablemente más costoso para producir electricidad.
Según estimados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), citados por la Junta Fiscal, la situación representó aproximadamente $32 millones en costos adicionales entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2026.
La Junta dejó establecido que el contrato vigente desde diciembre de 2025 contiene disposiciones que obligan a NFE a permitir el acceso de suplidores externos mediante un acuerdo conocido como LNG Tolling Term Sheet.
Este mecanismo permite que un tercero suministre gas natural utilizando la infraestructura portuaria de New Fortress, evitando que la generación eléctrica dependa exclusivamente de la capacidad de entrega de la compañía.
Una condición indispensable para aprobar el contrato
La JSF subrayó que la disposición que permite recurrir a terceros constituyó una condición fundamental para aprobar el contrato entre la AEE y NFE.
Según el organismo, el propósito de esa cláusula es garantizar que Puerto Rico mantenga acceso al combustible independientemente de cuál de las partes sea responsable de una interrupción.
La Junta sostiene que, cuando NFE no pueda cumplir con las entregas, debe formalizar el correspondiente acuerdo con un proveedor alterno conforme a los términos establecidos contractualmente.
El organismo también respaldó las gestiones de la AEE y de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
La posición de la Junta resulta particularmente significativa porque fue precisamente ese organismo el que autorizó el acuerdo de suministro de gas natural entre las partes.
Controversia llegó al Tribunal Federal
La disputa entre el Gobierno y New Fortress Energy escaló al Tribunal Federal luego de que la administración de Jenniffer González Colón ordenara, el pasado 28 de septiembre, presentar una demanda para activar el mecanismo de suministro alterno.
La acción judicial busca que NFE permita utilizar su terminal para recibir gas de otros proveedores, facilite los protocolos técnicos necesarios y negocie el acuerdo correspondiente.
Por su parte, New Fortress ha sostenido que la activación de ese mecanismo no ocurre automáticamente y requiere cumplir determinadas condiciones contractuales y operacionales.
La compañía también ha planteado que la interrupción del suministro estuvo relacionada con dificultades para descargar el gas transportado por el buque Amur River, y no con la inexistencia de combustible disponible.
La controversia ha incluido diferencias sobre los procedimientos de entrada a la bahía de San Juan, los pagos por combustible y las responsabilidades de las entidades vinculadas a la generación eléctrica.
El costo de depender de un solo suplidor
El episodio volvió a poner bajo escrutinio la dependencia del sistema eléctrico puertorriqueño de determinadas instalaciones y proveedores para recibir gas natural.
La falta de entregas obligó a utilizar combustibles alternos para mantener las operaciones de unidades generatrices, aumentando los gastos de producción de electricidad.
Aunque la AEE estimó en $32 millones el impacto durante el periodo señalado, esa cifra no significa necesariamente que la totalidad del gasto se haya trasladado o vaya a trasladarse directamente a la factura de los consumidores.
El Negociado de Energía ha examinado los costos asociados a las interrupciones y las posibles responsabilidades contractuales antes de determinar qué cantidades pueden reconocerse mediante los ajustes tarifarios.
La Junta Fiscal anunció que trabajará con el Gobierno de Puerto Rico para reunir a las entidades relacionadas con el suministro de gas y coordinar medidas dirigidas a prevenir nuevas interrupciones.
El organismo aclaró que esas conversaciones no limitarán el derecho de la AEE a reclamar el cumplimiento del contrato.
