Trump firma orden ejecutiva para revitalizar la industria del carbón limpio en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó este lunes, 8 de abril de 2025, una orden ejecutiva titulada "Reinvigorating America’s Beautiful Clean Coal Industry and Amending Executive Order 14241". La medida busca fortalecer la producción nacional de carbón, garantizar la seguridad energética del país y atender la creciente demanda eléctrica impulsada por la manufactura y el desarrollo de inteligencia artificial.

"Nuestro país cuenta con vastos recursos de carbón, con un valor estimado en billones de dólares, y son más que capaces de contribuir sustancialmente a la independencia energética de Estados Unidos", afirma el documento. Trump también subrayó que "nuestra hermosa industria del carbón limpio será crítica para atender el alza en la demanda eléctrica debido al resurgir de la manufactura doméstica y la construcción de centros de datos de inteligencia artificial".

Reconocimiento estratégico del carbón

La orden establece que el carbón debe considerarse esencial para la seguridad nacional y económica de la nación. Por eso, ordena a las agencias federales eliminar regulaciones que obstaculicen su producción, fomentar su uso interno, impulsar su exportación y evitar que cualquier política federal lo discrimine.

Como parte de esta estrategia, el Consejo Nacional de Dominio Energético (NEDC) deberá designar al carbón como "mineral" bajo la Orden Ejecutiva 14241, lo que lo hace elegible para una serie de beneficios regulatorios y logísticos.

Los Departamentos del Interior, Agricultura y Energía tienen 60 días para presentar un informe conjunto que identifique las reservas de carbón en terrenos públicos, analice los obstáculos que impiden su minería y proponga soluciones. El estudio también deberá evaluar cómo estas reservas podrían impactar los costos de energía y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El Departamento del Interior deberá publicar en el Federal Register la finalización del análisis ambiental que mantenía en pausa nuevos contratos de arrendamiento para minería de carbón, conocido como "Jewell Moratorium". Esto permitirá priorizar el uso del carbón en esos terrenos y acelerar el proceso de concesión de permisos. Asimismo, se ordena atender con urgencia las solicitudes de reducción de tasas de regalías para operadores que extraen carbón en terrenos federales.

Por otro lado, la orden exige que, en un plazo de 30 a 60 días, todas las agencias revisen y, de ser necesario, rescindan regulaciones, programas o directrices que busquen alejar al país del uso del carbón. "Cualquier preferencia identificada contra el uso del carbón deberá ser eliminada de inmediato, excepto que esté explícitamente prevista por ley", dice el texto.

Este mandato incluye la revisión de acuerdos internacionales, modelos analíticos y reglas que dificulten inversiones en minería o generación eléctrica a base de carbón.

El Departamento de Comercio, en colaboración con otras agencias, deberá promover oportunidades para exportar carbón y facilitar acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, se ordena a las agencias identificar excepciones bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) que puedan acelerar la producción y exportación del mineral.

La administración Trump también busca que el carbón utilizado en la fabricación de acero sea considerado "material crítico" según la Ley de Energía de 2020. De ser así, será incluido en las listas oficiales del Departamento de Energía y del Departamento del Interior.

Energía para centros de datos de inteligencia artificial

La orden instruye al gobierno a evaluar si la infraestructura eléctrica alimentada por carbón podría utilizarse para alimentar centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y el cómputo de alto rendimiento. En 60 días, los departamentos correspondientes deberán entregar un informe con sus hallazgos.

El Departamento de Energía deberá actuar con urgencia para acelerar la innovación en tecnologías basadas en carbón. Esto incluye avances en materiales derivados como baterías, grafito sintético, fibra de carbono, materiales de construcción y tinta de impresión. Un plan detallado sobre estas acciones debe ser entregado al Presidente en un plazo de 90 días.

La orden concluye recordando que su implementación estará sujeta a las leyes vigentes y a la disponibilidad presupuestaria. Además, aclara que el documento no crea derechos legales exigibles por terceros contra el gobierno federal.

El caso de Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, sigue vigente una ley considerada "populista" y contradictoria por algunos sectores que dificulta la operación de plantas que queman carbón para la producción de energía. Se trata de la Ley 40-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en Puerto Rico”. "Puerto Rico es el único lugar donde se prohíbe el depósito, disposición y uso de residuos de carbón que se producen aquí, mientras tenemos concreteras que importan residuos similares de otros países, para uso comercial y residencial. Así es Puerto Rico." Sentenció un empresario con conocimiento directo del asunto, bajo condición de anonimato.

Por su parte, la Ley 1-2025, enmendó la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico” para atemperar los objetivos de política pública energética a la urgente y precaria realidad de la emergencia energética de Puerto Rico extendiendo la permanencia de la planta de carbón que opera AES en Puerto Rico.