El traslado histórico de sobre 70,000 venezolanos de estatus migratorio no definido que viven en Nueva York hacia Puerto Rico ya no verá la luz del día, lo que colocó un punto final a meses de comunicaciones secretas entre la rama ejecutiva y el sector privado para intentar agilizar los trabajos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017 que no han iniciado a pesar de estar financiados con fondos federales.
La inusual movida que, de acuerdo con varias fuentes que se comunicaron con InDiario, se gestó desde La Fortaleza y expandió sus tentáculos al sector privado. Involucró a altos funcionarios del gobierno local. Al tope de la lista se encontraba el secretario auxiliar de la gobernación en asuntos prioritarios, Roberto “Robert” Méndez, quien, en conjunto con personas con intereses económicos en la industria de la construcción, intentaron a toda prisa preparar el andamiaje legal y de recurso humano para que esta movilización masiva ocurriera a la brevedad posible. De paso, buscaban resolver un serio problema, sin calcular los riesgos y las consecuencias de sus acciones.
A medida que la ciudad de Nueva York continúa recibiendo un número creciente de inmigrantes venezolanos, los desafíos relacionados con su estatus migratorio y bienestar aumentan con el pasar del tiempo. Los venezolanos, quienes ahora pueden beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) tras su expansión en 2023 por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentan obstáculos significativos debido al cierre de la sede consular de su país en la ciudad, lo que complica los esfuerzos de regularizar su situación migratoria y obtener documentos válidos.
Según un informe de El Diario NY en 2020, muchos inmigrantes se sienten abandonados por las autoridades consulares, lo que agrega una capa de dificultad en sus intentos por establecer una vida estable en Estados Unidos. Esta situación ha sido particularmente dolorosa durante la pandemia, donde la necesidad de documentos oficiales se ha vuelto aún más crítica.
La administración local, liderada por el alcalde de la ciudad Eric Adams y la gobernadora Hochul, aboga por la aceleración de permisos de trabajo para ayudar a los inmigrantes a integrarse en la economía local, mientras enfrentan un reto presupuestario significativo. El sitio web www.Factchequeado.com reportó en septiembre de 2023 que más de 60,000 migrantes de diversas nacionalidades están actualmente alojados en albergues por la ciudad, con un costo que supera los 1,700 millones de dólares.
Luego de múltiples gestiones realizadas por este medio para conocer la versión oficial de los pormenores de la propuesta movilización histórica de recurso humano extranjero, la noticia fue confirmada de forma somera por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mientras se esperaba por la respuesta de una solicitud de información cursada a la secretaria de prensa Sheila Angleró Mojica al amparo de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Inicialmente, la movida se realizaría a través de un acuerdo entre la administración local y la neoyorkina que gobierna la demócrata Kathy Hochul. Posteriormente, la Asociación de Contratistas Generales (AGC, en inglés) de ambos territorios fue insertada en la discusión. Este trato incluía la posibilidad de que los obreros recibiesen viviendas arrendadas bajo un modelo de subsidio.
Sin embargo, dichos esfuerzos se hicieron sal y agua recientemente, luego de que se levantaran serios planteamientos en torno a cuán seguro sería albergar a miles de personas sin conocer su historial y expedientes delictivos en su país de origen. Además, serias preocupaciones sobre la posibilidad de que personas asociadas a grupos terroristas pudiesen obtener fácil acceso a la Isla también fueron determinantes a la hora de desistir de una idea de la que a cuentagotas se pudo conocer una pequeña parte de esta.
La Fortaleza ni confirma ni niega
InDiario cursó el 12 de febrero la solicitud de acceso a información pública a Angleró Mojica. Su respuesta parcial fue enviada 14 días después de requerir los datos mientras el gobernador y jefes de su gabinete constitucional divulgaban ciertos detalles de lo que nombraron como plan piloto a otros medios de comunicación. Reproducimos la respuesta recibida desde La Fortaleza de forma íntegra:
“En cuanto a las preguntas relacionadas con el Lcdo. Robert Méndez, es importante aclarar que ni el secretario auxiliar, ni ninguna autoridad del gobierno tiene la capacidad de comprometerse a traer inmigrantes para trabajar, ya que esta prerrogativa es exclusiva del gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) y su secretario, Alejandro Mayorkas. No obstante, Méndez, como secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Prioritarios desde el 2021, cuenta con la confianza y la autorización del gobernador para explorar todas las opciones viables y necesarias conforme a las leyes y reglamentos estatales y federales para sobrepasar y atender los retos de la industria de la construcción y lograr completar la reconstrucción de Puerto Rico. Es importante destacar que, al ser una prerrogativa exclusiva del DHS, por parte del ejecutivo estatal no puede existir un compromiso más allá de auscultar la posibilidad de traer mano de obra extranjera y presentar peticiones a las agencias federales concernidas sobre este asunto.
El gobernador Pierluisi ha indicado que ya, en petición al secretario Mayorkas, ha quedado claro que no hay espacio para los visados de trabajo, sin embargo, sí se está hablando con el gobierno de New York, mediante el secretario de Estado, Lcdo. Omar Marrero, para auscultar la posibilidad de hacer acuerdos para inmigrantes que cuenten con permisos de trabajo. Esto es algo que como ha dicho el gobernador, se está hablando, pero todavía no hay una decisión final.
Por tanto, dado que Puerto Rico no cuenta con la aprobación del DHS para traer mano de obra extranjera para trabajar en la industria de la construcción, no existe información sobre dónde residirían y quién sería el responsable de los inmigrantes disponibles para trabajar. Por la misma razón, tampoco se han desarrollado medidas para mitigar la inflación en viviendas de alquiler que podría generar el recibir trabajadores extranjeros en la isla.
La industria de la construcción en general ha planteado a nuestra administración su preocupación sobre la falta de mano de obra para trabajar con la cantidad sin precedentes de proyectos de construcción que experimenta y experimentará la isla en los próximos años. El Lcdo. Méndez, el 29 de abril del 2022, se reunió con la Lcda. Maria del Rosario García Miranda, de la American Immigration Lawyer Association, quien ha sido muy vocal en este asunto. Sin embargo, no existe, ni hemos recibido de algún ente externo, ningún estudio preliminar o final que pueda plasmar que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla”.
No hubo respuestas concretas para los siguientes 11 cuestionamientos:
1. ¿Cómo se garantizará que estos contratistas no sustituirán a empleados actuales por resultarles más costo-efectivos a las partes contratantes?
2. ¿Existe un plan para regular los márgenes de ganancia de los contratistas privados y que a su vez limite prácticas discriminatorias entre contratación de empresas y/o mano de obra local versus la foránea?
3. ¿Cómo el traer personas de estatus migratorio no definido a la Isla para trabajos de construcción garantiza que se agilicen los proyectos pendientes y/o se inicien nuevos cuando sabemos que muchos proyectos se declaran desiertos porque contratistas no tienen mayor “bonding capacity”?
4. ¿Qué rol juega la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés) en las negociaciones para traer estos miles de trabajadores a Puerto Rico?
5. ¿Cuál ha sido el resultado de las consultas con agencias federales pertinentes sobre dicha intención?
a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas del gobierno federal.
6. ¿Dónde residirían estos trabajadores y quién sería responsable de subvencionar sus gastos de alojamiento?
7. ¿Cuál es la fecha proyectada para comenzar este programa de traslado y alojamiento de personas con estatus migratorio no definido?
8. ¿Qué número exacto de personas con estatus migratorio no definido se proyecta traer a Puerto Rico? ¿De qué países o estados serían trasladados?
9. Además del AGC, ¿la administración ha consultado esta iniciativa con otros grupos representantes del sector privado?
a. Provea copia de estas comunicaciones y las respuestas de los grupos o personas del sector privado consultados.
10. Provea copia de cualquier estudio preliminar o final que demuestre que esta iniciativa aceleraría la reconstrucción de la Isla.
11. Produzca un listado de los proyectos que se encuentran retrasados por consecuencia directa de la falta de mano de obra.
Sigilosas conversaciones
Según los informantes, este plan piloto tuvo su génesis entre los capítulos de Nueva York y Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés). La idea principal detrás de la iniciativa era allegar mano de obra extranjera dispuesta a aceptar una remuneración menor a lo que devenga en promedio un obrero de la construcción local, indicaron las fuentes consultadas.
“En la práctica siempre es el mismo patrón con esto de los fondos federales. Ya hay unas guías de salarios que se estimaron para llegar a las obligaciones de fondos. El asunto es más allá que estos contratistas saben que hay dinero y quieren más margen de ganancia. Ahora mismo, un buen número de proyectos de María se obligaron bajo la sección 428 y prácticamente no permite que los subrecipientes pidan más dinero si se quedan cortos o no le da para la obra. En los proyectos bajo la sección 406, que ha sido lo común en los desastres, puedes regresar más si al final te sale más cara la obra”, explicó una de las fuentes ligadas al proceso de otorgación de fondos de FEMA.
Actualmente y según cifras del más reciente informe sobre empleos ocupacionales y de salarios que prepara el US Labor Statistics con información que provee el DTRH, 35,440 personas poseen un puesto de trabajo en la industria de la construcción y devengan un salario promedio de $11.26 la hora y $27,380 al año. Estas cifras están muy por debajo de lo que pagan en estados con una alta concentración de puertorriqueños como Florida, Texas y Nueva York, en donde los trabajadores reciben sueldos que rondan entre $52,000 a $61,000 anuales.
A preguntas de InDiario, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), licenciado Gabriel Maldonado González, confirmó que participó de conversaciones para suplir la necesidad de mano de obra para proyectos de reconstrucción, pero aseguró que existen otras opciones sobre la mesa para aligerar el proceso utilizando mano de obra local.
“Sí, sí, definitivo, lo hemos conversado a nivel de la rama ejecutiva como con contratistas privados, personas de la industria que están interesadas en este tema. Realmente, lo que estamos buscando el gobierno y el sector privado es del menú de las diferentes alternativas que pudiera haber y que se pudieran utilizar para mejorar la situación porque la reconstrucción se tiene que hacer, se tiene que hacer bien en cumplimiento con todas las regulaciones de FEMA, del gobierno federal o de las agencias que estén otorgando los fondos, y se tiene que dar dentro de los parámetros de tiempo que ellos están otorgando. La idea es que esto avance y que no estemos para siempre en este tipo de proyecto, haciendo la aclaración de que es usual que tome su tiempo”, señaló el directivo en una entrevista vía Zoom.
Aunque no soltó prenda sobre si son 70,000 los extranjeros que pudieron haber llegado a Puerto Rico, el secretario del DTRH estimó en 40,000 la cantidad de posiciones que deben llenarse para lograr completar los proyectos pendientes.
“Esto es un número que varía dependiendo de a quién le preguntes, pero yo usualmente el estimado que trato de dar es que si nosotros tenemos hoy 37,700 empleos formales en la construcción, que son los datos a diciembre, y para la época en donde la construcción de Puerto Rico estaba en sus mejores momentos hace 20 años, ese número era 70,000 a 90,000 personas, un estimado razonable es de 40,000 personas. Mas allá de suplir trabajadores adicionales, también hay cambios a nivel de industria de cómo se hacen las cosas que pueden impactar cuánto personal tú necesitas para un proyecto de construcción particular”, apuntaló el directivo, quien no quiso comparar a Puerto Rico con otras jurisdicciones para medir tanto los salarios que devengan los trabajadores de la construcción ni la velocidad que lleva la reconstrucción de la Isla tras los ciclones más devastadores en la historia moderna.
“Realmente el huracán María no tienen comparables, pero en términos de huracanes grandes que han pasado en Estados Unidos podemos tomar como referencia el huracán Katrina y el huracán Sandy, cuyos procesos también demoraron 10, 15 años. En términos de mano de obra, pues sí, realmente lo que estamos buscando es de las diferentes alternativas o herramientas que tenemos para suplir esa necesidad, realmente es una combinación de todas. Para el Departamento del Trabajo la prioridad es la mano de obra local. Para mí lo principal, la clave es que tenemos que fomentar la participación laboral”, añadió Maldonado González, al tiempo que reconoció que, aunque la tasa de participación laboral se ha elevado considerablemente, aún no alcanza la cifra de otras jurisdicciones.
“Para mí, si bien no estoy descartando esas otras alternativas como la de Nueva York ni la H2B ni otras herramientas que pudieran haber, lo principal es aumentar la participación laboral de las personas que tenemos aquí. Definitivamente estar hablando de 1.2 millones de personas en la fuerza laboral versus 1.5 millones que no lo están es un problema que tenemos que atender”, enfatizó el secretario.
¿Existen adiestramientos en el sector público para trabajadores locales que no tengan una profesión formal como contratistas para que puedan participar de la industria de la construcción?, le preguntamos al secretario.
“A nivel de las herramientas que tenemos como gobierno para ayudar al sector privado en el adiestramiento de personas que no tengan las destrezas actualmente para desempeñarse en la industria de la construcción, pues si, a través de programas como el titulo 1 de WIOA, (Workplace Innovation and Opportunity Act, por sus siglas en inglés) el programa de aprendizaje registrado y el Departamento de la Vivienda que tiene otros programas bajo los fondos CDBG, para mencionar algunas”, enumeró Maldonado González sin detallar qué cursos o adiestramientos dirigidos a aprender sobre la industria de la construcción se gestan desde el gobierno central.
Mutis de Don Graves
El informe más reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, en inglés) sobre la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María, destaca tanto progresos como desafíos continuos. A junio de 2023, FEMA había asignado aproximadamente $23.4 mil millones para trabajos permanentes de recuperación en Puerto Rico relacionados con los huracanes de 2017 y los terremotos de 2019 y 2020. De esta cantidad, solo se habían gastado alrededor de $1.8 mil millones, por lo que de acuerdo con el análisis queda mucho trabajo permanente por realizar. Además, cerca de $11.3 mil millones de los fondos asignados requieren la autorización de FEMA antes de que Puerto Rico pueda utilizarlos.
Durante una entrevista con El Vocero y en respuesta al informe del GAO, el secretario adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, (DOC, en inglés) Don Graves, enfatizó que la mano de obra para completar la recuperación de Puerto Rico debe provenir principalmente de trabajadores locales, lo cual contradice el plan piloto que el gobierno local deseaba implementar para atraer contratistas extranjeros.
A pesar de múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas a la oficina de prensa del DOC para obtener declaraciones de Graves, quien también funge como coordinador de la División de Desarrollo Económico de Puerto Rico para el presidente Joe Biden, el funcionario prefirió el silencio y no contestó las siguientes preguntas:
1- ¿Cómo está participando el Departamento de Comercio y/o la División de Crecimiento Económico de Puerto Rico en las negociaciones entre el Estado de NY y el gobierno de PR para que estos migrantes puedan venir a la isla?
2- ¿Existe algún estudio (preliminar o final) para sostener o rechazar esta iniciativa? Si es así, proporciónenos el informe para que podamos incluir sus hallazgos en la pieza de investigación.
3- En términos de crecimiento económico, ¿cómo se beneficiará o se verá afectado Puerto Rico al permitir que los migrantes trabajen en los proyectos de reconstrucción pendientes en lugar de seleccionar trabajadores locales?
4- Como menciona el informe de la GAO, uno de los factores que están provocando retrasos en la finalización de los proyectos de recuperación en PR es la falta de mano de obra con conocimientos en construcción. Las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestran que el ingreso anual en PR para estos trabajadores es el más bajo entre los 50 estados. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puede hacer Puerto Rico para atraer empleados/contratistas locales/extranjeros?
Al cierre de este escrito, InDiario aguarda declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, a través de su directora de comunicaciones, quien aseguró que su equipo trabaja con la respuesta desde la tarde de ayer, lunes.