Cartel de licencia de realtors busca proteger su finca limitando la competencia en Puerto Rico

Mientras una medida histórica para la liberalización económica de Puerto Rico espera por la firma de la gobernadora, los intereses creados que se han beneficiado por décadas de un mercado cerrado han intensificado su campaña para proteger su "finca". El llamado, a manera de hipérbole retórica, "cartel" de las licencias de corredores de bienes raíces ha escalado su ofensiva, utilizando ahora argumentos engañosos y desinformación para movilizar a sus miembros y torpedear una ley que abriría la competencia en más de 130 profesiones.

La campaña de presión es multifacética. Por un lado, la corredora Grace Marie Herger ha hecho un llamado a sus colegas para inundar los correos electrónicos de La Fortaleza con un "mensaje claro, firme y unísono: Que se vete el proyecto de Ley Universal". Por otro lado, la corredora Michelle Maloy ha convocado a reuniones de oposición en lugares como la Bolera de Ponce y promueve una petición digital para "firmar la oposición" al proyecto, conocido como el PS 0006.

Los argumentos de esta campaña van desde lo proteccionista hasta la falsedad. El presidente de la Junta de Corredores, Miguel Mercado Ruiz, ha declarado que Puerto Rico ya tiene un "exceso de licencias" y que el mercado "no puede soportar más profesionales". Sin embargo, el mensaje de Maloy va un paso más allá, afirmando falsamente que la ley “no concede a los puertorriqueños reciprocidad para hacer lo mismo en cualquier parte de Estados Unidos”. Esta afirmación es la más flagrante, pues contradice la naturaleza misma de una ley de reciprocidad y reconocimiento universal.

El texto de la ley, aprobado unánimemente en la Legislatura, establece claramente un marco de convalidación, no una entrada sin filtros. Exige que el profesional tenga una licencia vigente en su estado, un mínimo de tres años de experiencia, y que haya cumplido con requisitos de exámenes y educación comparables a los de Puerto Rico, además de no tener historial disciplinario.

Para el Instituto de Libertad Económica (ILE), la verdadera razón detrás de esta campaña no es la defensa del consumidor, sino el miedo a la competencia. En un análisis reciente, el ILE traduce la postura del gremio de esta manera: “O, dicho de otro modo: Realmente no queremos tener que competir con los recién llegados a la Isla... y queremos que el Gobierno siga protegiendo nuestro cartel”.

La postura del gremio es calificada por el instituto como "contraproducente". Un veto a esta ley no solo protegería a un sector, sino que le cerraría la puerta a cientos de otras ocupaciones que la isla necesita con urgencia, como médicos, enfermeros e ingenieros. En un Puerto Rico que lucha por revertir una pérdida poblacional del 12% en la última década, esta medida representa, en palabras del ILE, “un paso pequeño pero importante hacia el futuro crecimiento económico y de la población”. La pregunta ahora es si la desinformación y la presión del cartel podrán más que la necesidad de un mercado verdaderamente libre y competitivo para el futuro de Puerto Rico.