CUD pide medidas extraordinarias ante alza en la gasolina

El presidente del Centro Unido de Detallistas propone suspender la crudita, activar leyes de emergencia y solicitar pausa en las leyes de cabotaje

Por Redacción InDiarioNegocios|

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El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que activen poderes extraordinarios bajo ley para mitigar el impacto del alza en los combustibles y contener sus efectos inflacionarios sobre la economía de Puerto Rico.

"Estamos ante una dislocación global extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias, pero plenamente sustentadas en el estado de derecho. Puerto Rico cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para actuar de inmediato. Lo que se requiere ahora es voluntad, coordinación y ejecución", expresó Barquín.

El líder empresarial identificó como eje central la Ley Insular de Suministros (Ley 228 de 1942), que confiere al gobierno poderes para fijar precios, controlar márgenes de beneficio, importar artículos de primera necesidad e incluso incautar bienes y negocios para asegurar el abasto. Barquín recordó que esta ley fue validada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Department of Consumer Affairs v. Isla Petroleum, 485 U.S. 495 (1988), en el cual se sostuvieron órdenes de DACO que requerían a las compañías petroleras absorber el costo de la crudita sin trasladarlo al consumidor.

"El precedente es claro: el Estado puede intervenir en la estructura de costos del combustible en momentos extraordinarios, y hacerlo dentro de parámetros constitucionales. Esa autoridad existe y ha sido validada", indicó.

Barquín también señaló la Ley 272-2000, que amplía los poderes de DACO en emergencias y dispone que, una vez declarada una emergencia, todos los bienes y servicios pueden ser considerados de primera necesidad. Añadió que el Reglamento de Precios de Combustibles Núm. 45 (Reglamento 7721) debe ser evaluado en cuanto a su vigencia y activación.

El presidente del CUD propuso un conjunto de medidas de carácter temporero: suspensión de la crudita por 30, 60 o 90 días; implementación de un "gas tax holiday" estatal con coordinación federal para considerar la suspensión del impuesto federal a la gasolina; mecanismos regulatorios para la absorción parcial de costos en la cadena de distribución; activación de poderes bajo las leyes 228 y 272-2000; revisión del Reglamento 45; solicitud al gobierno federal para una pausa en las leyes de cabotaje; y utilización de herramientas federales relacionadas con reservas estratégicas y flexibilización regulatoria.

"Estas acciones pueden estructurarse de forma fiscalmente neutral y temporera, lo cual las hace viables ante la Junta de Supervisión Fiscal. No estamos proponiendo cambios estructurales permanentes, sino intervenciones puntuales para manejar una crisis específica", señaló.

Barquín explicó que la crisis responde a factores geopolíticos externos, particularmente la interrupción del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un 20% del petróleo mundial. "Estamos ante un choque sistémico que impacta no solo el petróleo, sino fertilizantes, petroquímicos, gas natural, aluminio y otros insumos esenciales. Ese impacto se traduce en inflación, aumento de costos energéticos y presiones sobre toda la cadena de abastecimiento", explicó.

Subrayó que Puerto Rico enfrenta esta crisis desde una posición particularmente vulnerable. "Puerto Rico importa prácticamente todo. Cuando suben los costos globales de energía y transporte, el impacto aquí es inmediato y profundo. No tenemos amortiguadores estructurales, por lo que la respuesta de política pública debe ser más ágil y decisiva", indicó.

El líder empresarial recordó que la activación de varios de estos mecanismos requiere una declaración formal de emergencia solicitada por la gobernadora al presidente de Estados Unidos, y exhortó al sector empresarial a actuar con prudencia, proteger su liquidez y operar con disciplina.

"Las MiPYMES representan cerca del 95% de nuestro tejido empresarial y no tienen la capacidad de absorber indefinidamente estos costos. Si no actuamos a tiempo, el impacto recaerá inevitablemente sobre el consumidor", advirtió Barquín.