ILE celebra logro de política pública con ley de Rivera Schatz

El Instituto de Libertad Económica (ILE) celebró la firma de la Ley Núm. 3-2025 por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón, calificándola como su “primer logro de política pública”. La nueva ley, originada en el Proyecto del Senado 31 presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, establece que tener antecedentes penales ya no será un impedimento automático para obtener licencias profesionales en Puerto Rico.

Según establece la ley, ninguna junta examinadora bajo el Departamento de Estado o de Salud “podrá rechazar de plano la solicitud de un aspirante a una profesión […] por el hecho de que tenga antecedentes penales”. En cambio, las juntas ahora tendrán “el deber de estudiar individualmente la solicitud de un aspirante que tiene antecedentes penales y determinar su elegibilidad”. Esta evaluación deberá tomar en cuenta cuatro factores clave: los requisitos legales de la profesión, “la naturaleza del delito”, si el aspirante está en probatoria o libertad bajo palabra, y si los antecedentes “están directa y específicamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la ocupación a la cual se aspira”.

Desde el ILE destacaron que esta eliminación de la prohibición general fue una de las recomendaciones principales de su informe de política pública titulado “Liberar el potencial, las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico”. El instituto celebró este hito, que describieron como “fruto de un año y medio de investigación en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, el Institute for Justice y el Knee Regulatory Research Center de West Virginia University”.

El comunicado del ILE argumenta que la Ley Núm. 3-2025 es crucial para la reinserción social. Al permitir a las personas con récord penal solicitar licencias ocupacionales, “les brinda la oportunidad de insertarse en la sociedad y trabajar para sostenerse a sí mismas y a sus familias”. La organización citó datos que indican que restringir el acceso laboral a exofensores puede aumentar la tasa de reincidencia delictiva “en más de un 9%; esta cifra es 3.5 veces el promedio de 2.6%”.

Finalmente, el ILE contextualizó esta ley como parte de un esfuerzo más amplio de reforma impulsado por el Senado, basado en sus recomendaciones. Indicaron que el P. del S. 31 forma parte de un paquete de cuatro medidas (junto al P. del S. 6, 274 y 275) presentadas por Rivera Schatz. Según el ILE, la reforma de las licencias ocupacionales “representa una oportunidad para facilitar la participación en la fuerza laboral y equilibrar la protección del público con la creación de vías de libertad económica más accesibles y equitativas para todos”.

Rivera Schatz detalla agenda contra la "sobrerregulación asfixiante" en foro del ILE

En un reciente foro organizado por el Instituto de Libertad Económica y el Capítulo de Puerto Rico de la Federalist Society, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, delineó la estrategia legislativa que impulsa contra lo que denominó la “sobrerregulación asfixiante”. Ante una audiencia de profesionales, abogados y empresarios, Rivera Schatz afirmó que esta lucha “no es una lucha ideológica”, sino “la batalla para quitarle el pie de encima al que quiere trabajar, al que quiere emprender, al que quiere echar pa' lante”.  

El Presidente del Senado detalló varias piezas legislativas presentadas para combatir estas barreras. Mencionó los proyectos del Senado 274 y 275, destinados a estandarizar procesos en juntas examinadoras, establecer la aprobación automática de licencias provisionales por inacción de agencias, y eliminar requisitos o desregular profesiones donde la licencia no aportaba a la seguridad pública. También se refirió al Proyecto del Senado 81, que busca agilizar los permisos estableciendo que la falta de respuesta de una agencia consultada implica que no tiene objeción.  

Rivera Schatz destacó específicamente el Proyecto del Senado 31, ahora Ley 3-2025 (discutido anteriormente en este reportaje), que prohíbe el rechazo automático por antecedentes penales y exige evaluación individualizada. Calificó esta medida como un “acto de justicia” y una forma de promover “de verdad las segundas oportunidades”, añadiendo: “¡Porque creemos firmemente que un error pasado, ya cumplido ante la sociedad, no debe ser una condena perpetua que impida a una persona ganarse la vida honradamente!”. Mencionó además el Proyecto del Senado 273 para modernizar estructuras gubernamentales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, buscando eliminar duplicidad y agilizar permisos.  

El líder senatorial hizo un llamado a los presentes, a quienes describió como “aliados indispensables” y “protagonistas de este proceso”, pidiéndoles su “peritaje” para identificar regulaciones obsoletas, “propuestas concretas y bien fundamentadas”, y su “voz en el debate público” para educar y “combatir activamente la desinformación”. Se comprometió a una colaboración basada en la franqueza, donde las respuestas, sean sí o no, serán claras y fundamentadas, porque, según dijo, cree en la “eficiencia de la verdad”.  

Finalmente, citando a Ronald Reagan – “el mejor programa social es un empleo” –, reafirmó que la meta de estas reformas es crear condiciones para que florezcan la iniciativa privada y el trabajo digno. Aseguró que esta agenda “no es una estampa estática; es una producción en pleno desarrollo” que requiere vigilancia y acción continua. Agradeció al ILE y a la Federalist Society por la plataforma y su compromiso.  

Trasfondo: el impulso legislativo para la reforma de licencias

La reciente aprobación de la Ley Núm. 3-2025 y las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el foro del Instituto de Libertad Económica (ILE), se enmarcan dentro de un esfuerzo legislativo más amplio iniciado en marzo pasado para reformar el sistema de licencias ocupacionales en Puerto Rico, según fuera reportado previamente por INDIARIO.

En aquel momento, Rivera Schatz presentó un paquete de medidas destinadas a eliminar la burocracia y facilitar el acceso al mercado laboral. Entre ellas destacaba el Proyecto del Senado 6, coauspiciado por las senadoras Migdalia Padilla Alvelo (PNP) y Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), que proponía el reconocimiento automático en Puerto Rico de licencias profesionales y ocupacionales emitidas en los 50 estados de EE.UU., buscando atraer talento, especialmente en el sector salud.

También se radicó el Proyecto del Senado 274, que buscaba modernizar y agilizar los procesos de las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado, estableciendo plazos máximos de 30 días para resolver solicitudes y la aprobación automática de licencias provisionales en caso de incumplimiento. La justificación apuntaba a que los procesos actuales eran "inconsistentes, onerosos y burocráticos, afectando gravemente nuestro desarrollo económico".

Quizás la medida más ambiciosa del paquete original fue el Proyecto del Senado 275, titulado “Ley para la Reforma de Licencias Ocupacionales de Puerto Rico”. Este proyecto proponía la eliminación de varias licencias ocupacionales (como las de relacionistas públicos, actores, diseñadores de interiores, barberos y especialistas en belleza, entre otras) argumentando que "Puerto Rico cuenta con al menos quince (15) licencias ocupacionales que no son requeridas en ningún otro estado o que solo son exigidas en menos de cinco (5) estados", lo que limitaba la competencia.

Este esfuerzo legislativo se sustentaba en hallazgos de estudios previos. Un informe de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de septiembre de 2022 reveló la existencia de 129 ocupaciones con licencia obligatoria en la isla, muchas de ellas no requeridas o con requisitos más laxos en EE.UU. Asimismo, un estudio del Instituto de Libertad Económica (ILE) de febrero de 2023 ya destacaba el impacto negativo de esta sobrerregulación en la creación de empleo y la movilidad laboral.