Senado busca reducir la sobreregulación de licencias ocupacionales en Puerto Rico

En un esfuerzo por eliminar la burocracia que obstaculiza el acceso al mercado laboral y frena el desarrollo económico, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz presentó un paquete legislativo para reformar el sistema de licencias ocupacionales en Puerto Rico.

Estas iniciativas, a la que a una de ellas se unieron como coautoras la senadora PNP, Migdalia Padilla Alvelo, y la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Veve, buscan agilizar los procesos de obtención de licencias, eliminar regulaciones obsoletas y facilitar la movilidad laboral en la isla.

El Proyecto del Senado 6, presentado por Rivera Schatz, Padilla Alvelo y Rodríguez Veve, propone la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico”, la cual permitiría que las licencias profesionales y ocupacionales emitidas en los 50 estados de Estados Unidos sean reconocidas automáticamente en Puerto Rico, sin necesidad de repetir exámenes o trámites adicionales.

La medida justifica que "las leyes de concesión de licencias no sólo crean barreras de innovación, competencia de mercado, entre otras, sino que también disuaden a la gente de trasladarse de un estado a otro por temor a tener que pasar nuevamente por todo el proceso para obtener una nueva licencia ocupacional".

Con esta reforma, los legisladores buscan incentivar el regreso de profesionales puertorriqueños que han emigrado y atraer trabajadores esenciales, particularmente en sectores como el de la salud, donde la isla enfrenta una crisis de médicos y especialistas.

Por su parte, Rivera Schatz presentó de manera independiente el Proyecto del Senado 274, una medida que busca modernizar la relación entre las Juntas Examinadoras y el Departamento de Estado. La propuesta establece un procedimiento uniforme de licenciamiento ocupacional, imponiendo un plazo máximo de 30 días para que las Juntas Examinadoras evalúen y resuelvan solicitudes. Si no se emite una determinación dentro de ese periodo, se aprobará automáticamente una licencia provisional.

Según el proyecto, "los procesos de evaluación para otorgar o renovar las licencias en Puerto Rico son inconsistentes, onerosos y burocráticos, afectando gravemente nuestro desarrollo económico, la oportunidad de hacer negocios y la competitividad en la Isla".

La reforma busca eliminar estos retrasos y facilitar la integración de profesionales a la fuerza laboral.

En una propuesta aún más ambiciosa, Rivera Schatz radicó el Proyecto del Senado 275, titulado “Ley para la Reforma de Licencias Ocupacionales de Puerto Rico”, que eliminaría varias licencias ocupacionales que actualmente no son requeridas en otros estados y que, según el legislador, representan una carga innecesaria para quienes buscan empleo.

Entre las licencias que se eliminarían están las de relacionistas públicos, actores, técnicos en electrónica, delineantes, diseñadores de interiores, barberos y especialistas en belleza.

La medida reconoce que "Puerto Rico cuenta con al menos quince (15) licencias ocupacionales que no son requeridas en ningún otro estado o que solo son exigidas en menos de cinco (5) estados", lo que limita la competencia y encarece la actividad laboral.

Además, transfiere la regulación de ciertas certificaciones ocupacionales al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y al Departamento de Salud, con el fin de centralizar y simplificar estos procesos.

Se sabe del problema hace tiempo

En septiembre de 2022, un estudio sobre licencias ocupacionales en Puerto Rico fue publicado por la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sus hallazgos son cónsonos con las propuestas legislativas que se gestan desde el Senado.

El informe reveló que Puerto Rico regula 129 ocupaciones con licencias obligatorias, de las cuales 53 no requieren licencia en más de la mitad de las jurisdicciones de Estados Unidos. Asimismo, identificó que 28 de estas licencias solo existen en Puerto Rico o en menos de cuatro estados, lo que sugiere una regulación excesiva que limita la movilidad laboral y el acceso al empleo.

También se encontró que los requisitos en la isla, como educación, experiencia, costos de licencias y renovaciones, son más estrictos que en la mayoría de los estados.

Para evaluar la necesidad de estas regulaciones, el estudio contrastó las licencias de Puerto Rico con las de 23 estados que han implementado reformas para reducir barreras ocupacionales. También se incluyó un análisis de estados con alta población puertorriqueña, como Florida, Nueva York y Texas, para medir el impacto de la regulación local en la movilidad de los trabajadores.

El estudio encomendado al doctor Alex J. Ruiz Torres, junto con los doctores Elsa B. Nieves Rodríguez, Karen Agosto Valentín y la colaboración de un equipo de asistentes de investigación, fue desarrollado como parte de un acuerdo entre la UPR y el Departamento de Estado de Puerto Rico, en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal, dentro de su iniciativa Ease of Doing Business. Este concluye que la sobreregulación en Puerto Rico no solo afecta el crecimiento económico y encarece los servicios profesionales, sino que también desincentiva la inversión y dificulta la inserción laboral de los ciudadanos.

Las reformas propuestas también cuentan con el respaldo del Instituto de Libertad Económica desde hace más de un año. Un estudio de febrero de 2023 destaca el impacto negativo de la sobreregulación en Puerto Rico y ofrece soluciones prácticas para atajar esta problemática.

Según el análisis, "la concesión de licencias en Puerto Rico es de mayor amplitud en comparación con la concesión de licencias en los Estados Unidos continentales", lo que ha limitado la creación de empleo y la movilidad laboral, además de aumentar los costos para los consumidores.

La investigación concluye que en "estados donde se han reducido los requisitos de licencias, la participación laboral ha aumentado y los costos para los consumidores han disminuido".

Rivera Schatz ha defendido estas medidas como un paso necesario para modernizar el marco regulatorio de Puerto Rico y alinearlo con las tendencias nacionales.

"El Gobierno de Puerto Rico debe racionalizar, eliminar o armonizar los requisitos de concesión de licencias profesionales con los de Estados Unidos", destaca el legislador en la exposición de motivos del PS6 al que se unieron Rodríguez Veve y Padilla Alvelo. De acuerdo a la opinión de estos contenida en la pieza legislativa, el sistema de licencias actual impone barreras innecesarias que entorpecen el emprendimiento, la inversión y la recuperación económica.

Las reformas pasan ahora a la Asamblea Legislativa, donde se espera un debate entre quienes consideran que las regulaciones actuales protegen los estándares profesionales y quienes, como Rivera Schatz y otros legisladores de mayoría, ven en ellas un obstáculo irrazonable para el crecimiento económico de la isla.