Margaret Ramírez celebra la reforma de permisos del Senado

La expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, celebró la aprobación del proyecto sustitutivo de la reforma de permisos en el Senado y pidió a la Cámara de Representantes que lo apruebe para que la gobernadora lo convierta en ley. "Reconozco y felicito al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a todo el cuerpo legislativo por el gran trabajo al aprobar el proyecto sustitutivo de la reforma de permisos", escribió en sus redes sociales horas después de la votación del martes.

"Puerto Rico necesita un sistema de permisos que funcione y sea eficiente. Un sistema que, mientras proteja responsablemente nuestros recursos, permita el desarrollo, acelere los procesos y elimine trabas innecesarias que hoy impiden el desarrollo económico, la actividad comercial y los proyectos de tantas familias", sostuvo Ramírez Báez, quien presidió la Cámara de Comercio en el término 2025-2026. "Este es un paso indiscutible hacia la libertad de empresa y hacia la verdadera facilidad de hacer negocios en Puerto Rico".

La expresidente describió la medida como un paso que "nos encamina rumbo a brindar claridad y certeza jurídica a los procesos, simplificando nuestro sistema para permitir un desarrollo económico adecuado y sostenible", y añadió que ahora espera que la Cámara "imparta su aprobación al mismo, de modo que la gobernadora pueda estampar su firma y se convierta en ley".

El Senado aprobó el sustitutivo el martes con 17 votos a favor y 8 en contra, tras casi cuatro horas de debate en sala y después de derrotar 16 a 6 una moción de la delegación del Partido Popular Democrático para devolver el proyecto a comisión. La medida, de 868 páginas, sustituye los Proyectos del Senado 1173, de Rivera Schatz, y 1183, de la gobernadora Jenniffer González Colón, y según el informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos deroga once leyes y enmienda treinta para consolidar en un solo código la planificación, la reglamentación, los permisos, la revisión y la fiscalización.

Entre sus disposiciones, el código elimina el permiso único para solicitudes futuras y crea un sistema de declaraciones de uso para actividades permitidas, fija términos específicos para evaluar solicitudes, dispone la expedición automática de permisos cuando el Gobierno incumpla ciertos plazos y establece multas de hasta $100,000 por información falsa. Conserva la Junta de Planificación y le devuelve facultades reglamentarias, incorpora disposiciones de autonomía municipal, excluye de los trámites automáticos las zonas ecológicamente sensibles y fija en ley una franja de 20 metros para vigilancia del litoral y una vía de seis metros de paso público en la zona marítimo terrestre.

Rivera Schatz había adelantado el alcance de la reforma una semana antes ante la convención de la Asociación de Constructores, donde la describió como un trabajo titánico con dos proyectos, meses de vistas y un sustitutivo trabajado con la industria, y la ató a su propuesta de promover vivienda para la clase media dentro de las Opportunity Zones. En el debate del martes dejó la suerte de la medida en manos de la gobernadora. "Lo puede enmendar, lo puede derrotar. Si decide vetarlo, que lo vete", dijo. "Pero hay una cosa que no está sujeta al voto ni al veto, y es la autoridad moral". Sobre la oposición, afirmó que "Puerto Rico no va a ser rehén de los vagos, de los incompetentes o de los que oponen a todo".

LAS OBJECIONES

La aprobación llegó con reparos de las minorías. El senador José A. Santiago Rivera, del PPD, calificó de "aplanadora azul" la aprobación de una medida de ese peso sin vistas públicas adicionales, y la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago, cuestionó la nueva definición del límite interior de tierra adentro y los términos que, a su juicio, podrían permitir reclasificar terrenos de valor ecológico y agrícola. El senador independiente Eliezer Molina Pérez votó a favor porque se acogieron varias de sus enmiendas, entre ellas la que exige que ingenieros y arquitectos estén licenciados y las que elevan a rango de ley el acceso a la zona marítimo terrestre, pero advirtió que la fianza para impugnar trámites de proyectos de $500,000 o más subió de 1% a 10% en las enmiendas en sala y anticipó que la gobernadora no firmará. El senador del PNP Ángel Toledo respondió que las minorías no presentaron informes en oposición. "Ninguno se toma el tiempo de traer la sugerencia con la crítica", dijo.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se celebrarán vistas públicas. Para Ramírez Báez, ese es el último tramo antes de la firma. "Este es un paso muy importante para Puerto Rico", escribió.