Nuevos inversionistas bajo Ley 60 generarían $200 millones al fisco, según DDEC

Una nueva estimación interna del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico proyecta que la imposición de un impuesto del 4% a las ganancias de capital, intereses y dividendos generados por nuevos beneficiarios de la Ley 60-2019 podría representar ingresos adicionales de aproximadamente $200 millones anuales al fisco a partir de 2026.

Así lo pudo confirmar InDiario tras realizar preguntas puntuales a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, así como a su grupo fiscal durante la rueda de prensa del pasado viernes desde La Fortaleza, en la que se anunciaron 13 iniciativas radicadas como anticipo a la nueva Reforma Contributiva, la cual se sometería a la Legislatura en la próxima sesión.

El cálculo, validado por el director ejecutivo del DDEC, Sebastián Negró Reichard, quien junto con la primera ejecutiva aseguraron que existen modelajes entregados a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para sustentar los estimados a base de una llegada de 5,000 nuevos beneficiarios, refuerza el argumento fiscal del Ejecutivo de que es posible alcanzar un balance entre competitividad internacional y justicia contributiva local al exigir una aportación mínima a los nuevos Individuos Residentes Inversionistas.

En el encuentro con los medios se explicó que esta movida es una medida estratégica que busca reconocer el valor de la inversión extranjera, pero que también acentúa el deber de contribuir al bienestar común.

Hasta ahora, los beneficiarios de la Ley 60 disfrutan de una exención total sobre esas partidas de ingreso pasivo, lo que ha generado críticas por parte de economistas, contribuyentes locales y legisladores de oposición, quienes en diferentes instancias han denunciado un esquema de incentivos altamente desigual.

Reacción legislativa y próximos pasos

A preguntas de InDiario, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que el cuerpo legislativo evaluará con urgencia el paquete de medidas propuesto y buscará su aprobación en o antes de este viernes, por entender que cuenta con la voluntad política y los votos para respaldar lo que es una transformación necesaria del sistema contributivo. Para ver el video, oprima aquí.

La gobernadora, por su parte, reiteró que los decretos existentes bajo Ley 60 no se verán afectados, lo que según sus asesores asegura “estabilidad jurídica y confianza” entre los inversionistas ya establecidos. La medida también busca atraer inversionistas comprometidos con una residencia real en la isla, al exigir un año de presencia previa antes de presentar la solicitud.

El estimado de $200 millones ya está siendo utilizado como parte del análisis de impacto presupuestario que acompaña el borrador legislativo de la reforma que fue radicado en la Legislatura el viernes.