Administración de Terrenos con $2 millones en renta vencida
Contralora señala gestiones de cobro insuficientes y deudas eliminadas sin agotar alternativas de recuperación
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó deficiencias significativas en los procesos de cobro de arrendamientos de la Administración de Terrenos de Puerto Rico, incluyendo cuentas morosas por más de $2 millones, gestiones de cobro insuficientes y la eliminación de deudas cercanas al millón de dólares sin que se agotaran todas las alternativas de recuperación.
Los hallazgos surgen de una auditoría de cumplimiento que cubrió el período entre el 1 de julio de 2018 y el 15 de marzo de 2024, la cual emitió una opinión cualificada al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, excepto por las deficiencias relacionadas con las cuentas por cobrar y la remisión tardía de informes requeridos.
Según el informe, al 30 de junio de 2023 la Administración mantenía 144 cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos que ascendían a $2.3 millones. De ese total, 109 cuentas, equivalentes a $2 millones, acumulaban atrasos superiores a 90 días, lo que representaba el 87% de la deuda pendiente.
La auditoría determinó que la Oficina de Presupuesto y Finanzas no realizaba análisis trimestrales de morosidad ni mantenía los informes requeridos para clasificar las cuentas por cobrar y evaluar aquellas consideradas incobrables. Tampoco se documentaban adecuadamente las decisiones sobre las cuentas sujetas a procesos de cobro.
Como parte de la evaluación, los auditores examinaron 16 cuentas que totalizaban $1.4 millones. En 15 de ellas, con balances vencidos por más de 90 días, las gestiones de cobro se limitaron principalmente al envío de algunas cartas, sin evidencia de seguimiento o de otras acciones para recuperar los fondos adeudados.
Uno de los señalamientos más relevantes del informe está relacionado con la eliminación de ocho cuentas de arrendamiento por un total de $1.05 millones entre junio y noviembre de 2023 mediante el mecanismo de “write-off”, utilizado para retirar de los registros contables deudas consideradas incobrables.
La Contraloría concluyó que en varios casos no se habían agotado las gestiones de cobro requeridas antes de autorizar la eliminación de las deudas. En cuatro cuentas que sumaban $495,235, las gestiones fueron mínimas o inexistentes. Incluso, algunos de los arrendatarios continuaban ocupando las propiedades al momento de la auditoría pese a que las deudas habían sido eliminadas de los libros contables.
El informe también señala que dos cuentas por un total de $261,117 fueron eliminadas pese a que existían sentencias judiciales favorables a la Administración para recuperar más de $237,000 y $23,000, respectivamente, sin que se evidenciaran esfuerzos efectivos para ejecutar dichos fallos.
Asimismo, se identificó una cuenta de $221,836 que fue dada de baja mientras permanecía activo un caso judicial relacionado con el cobro de esa deuda.
En otro caso, una deuda de $64,341 permaneció sin gestiones de cobro durante siete años, a pesar de que el arrendatario había incumplido acuerdos de pago y obligaciones contractuales posteriores.
La Contralora Carmen Vega Fournier sostuvo que las situaciones detectadas reflejan debilidades en los procesos de seguimiento y recuperación de ingresos.
“La administración adecuada de las cuentas por cobrar constituye uno de los elementos esenciales para la estabilidad financiera de cualquier entidad pública”, indicó la funcionaria en declaraciones escritas.
