Cuba y Venezuela empujan resolución en el Comité de la ONU

El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas aprobó nuevamente una resolución sobre Puerto Rico, esta vez impulsada por Cuba y coauspiciada por Venezuela, dos gobiernos históricamente enfrentados a Estados Unidos y protagonistas recurrentes de este debate en el foro internacional.

La resolución, aprobada por consenso, reconoce el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia y exhorta a que el caso político de la Isla regrese a la Asamblea General de la ONU. El texto también denuncia la imposición de la ley Promesa, alude al cierre del campo de tiro de Vieques y reclama atención internacional al estatus político puertorriqueño.

Aunque el lenguaje de la resolución invoca la autodeterminación, su origen político volvió a levantar cuestionamientos entre sectores proamericanos. La medida no fue liderada por democracias aliadas de Estados Unidos ni por países con vínculos institucionales estrechos con Puerto Rico, sino por gobiernos que suelen utilizar los foros de Naciones Unidas para confrontar la política exterior estadounidense.

Cuba presentó la resolución por medio de su embajador ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, quien aprovechó su intervención para acusar a Estados Unidos de falta de voluntad política y de mantener una postura “imperialista” frente a Puerto Rico. Venezuela se unió como coauspiciador antes de la votación, reforzando el patrón de apoyo de gobiernos que han hecho del antiamericanismo una pieza central de su discurso internacional.

El respaldo no se limitó a La Habana y Caracas. La resolución también recibió apoyo de bloques o delegaciones vinculadas a países tradicionalmente críticos de Washington, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Rusia, Irán y Nicaragua.

Esa alineación geopolítica es parte central de la controversia. Para sectores proamericanos, el problema no es que Puerto Rico discuta su futuro político ni que reclame igualdad democrática. El problema es que el reclamo se utilice desde gobiernos autoritarios o adversarios estratégicos de Estados Unidos para convertir a Puerto Rico en ficha de propaganda internacional.

El debate también ocurre en momentos en que el apoyo electoral a la independencia sigue siendo minoritario en Puerto Rico frente a otras alternativas de estatus. En el plebiscito de 2024, la estadidad obtuvo la mayoría de los votos válidos, mientras la independencia quedó por debajo de la estadidad y la libre asociación. Aun así, la resolución del Comité de Descolonización mantiene un lenguaje que privilegia la independencia como fórmula de solución.

Durante la sesión también comparecieron voces proestadidad. Ángel Javier Serrano, de Intellectual Operative Advisors, defendió que Puerto Rico se convierta en el estado 51 y sostuvo que el debate no se trata de aspiraciones abstractas, sino del ejercicio de autodeterminación de ciudadanos estadounidenses que han contribuido a la defensa, la economía y los valores de Estados Unidos.

Esa postura contrasta con la narrativa dominante en el Comité, donde la mayoría de los ponentes defendió la independencia, la soberanía o una Asamblea Constitucional de Estatus. También hubo intervenciones a favor de la reunificación con España, una propuesta marginal que ha ganado presencia en años recientes dentro de estas vistas.

El Comité de Descolonización vuelve así a intentar colocar a Puerto Rico en el tablero internacional, pero bajo una paradoja evidente: quienes más insisten en hablar de "libertad" para la Isla son, con frecuencia, gobiernos que enfrentan serios cuestionamientos sobre libertades políticas, derechos humanos, elecciones libres y represión interna en sus propios países.